Los ojos de los bogotanos están puestos en el Consejo de Estado. El alto tribunal tiene en sus manos la decisión de aprobar o desaprobar la sanción de la Procuraduría que define la permanencia en el cargo del alcalde Gustavo Petro y que además lo inhabilita para ejercer cargos públicos por 15 años.Sin embargo, mientras se conoce la decisión, la Corte Suprema de Justicia entregó un fallo frente a la desatención de un derecho de petición, que derivó en tutela, que presentó un ciudadano ante la Procuraduría para defender el mandato del alcalde de Bogotá.Al cúmulo de tutelas que presentaron los seguidores del alcalde para que se le respetara su voto se sumó esta acción con la que se buscaba que la Procuraduría no dictara la sanción hasta que no se realizara la revocatoria, por ello solicitaba el ciudadano a al Ministerio Publico “abstenerse de proferir esa medida exagerada y de exabrupto jurídico”.Con ponencia del magistrado Eugenio Fernández Carlier, la alta corte señaló que las apreciaciones por parte de ciudadanos respecto a la sanción del procurador Alejandro Ordóñez contra el alcalde Gustavo Petro, no pueden tener decisión alguna de un alto tribunal puesto que son “relativas”, es decir, que en este caso y tras la argumentación del demandante, no se violó un derecho fundamental. “Las tutelas contenidas respecto al fallo del alcalde Petro no hacen parte del derecho fundamental de petición. Además no existe una causa activa para acudir a la vía extraordinaria para acudir a la vía de tutela a favor del burgomaestre de la ciudad, ya que son elucubraciones genéricas”, se lee en el texto de la sentencia.Igualmente se pone de presente en el fallo que no se puede decidir “cuando la información sea temeraria o se refiera a hechos disciplinariamente irrelevantes o de imposible ocurrencia, presentados de manera difusa”, como ocurrió en este caso. Para algunos, este fallo es el primero de muchos reclamos que se podrían proferir contra los promotores de la ‘tutelatón’, quienes congestionaron el sistema judicial buscando tumbar el fallo del procurador con argumentos que no se pueden sustentar con apago a la ley. Esta es otra batalla que pierde el alcalde aunque la decisión clave la estudian 24 magistrados del Consejo de Estado quienes tendrán que decidir si el mandatario capitalino se queda o se va.