Años después de haber sido blanco principal de las ‘chuzadas’ ilegales del DAS, la Corte Suprema de Justicia fue señalada de estar interviniendo ilegalmente las comunicaciones de sus investigados. El señalamiento se produjo dentro del proceso penal que adelanta esa corporación en contra de la exsenadora Piedad Zuccardi. La Corte aclaró las interceptaciones a algunas de las comunicaciones entre la exsenadora y su abogado no tuvieron ningún viso de ilegalidad. Así lo dijo el magistrado Leonidas Bustos, quien precisó que no existía un mecanismo menos invasivo de la privacidad de la investigada para obtener información necesaria para el expediente. Cuando la Sala Penal de ese alto tribunal decidió llamar a juicio a la exsenadora Piedad Zuccardi, lo hizo por considerar que la dirigente era una de las beneficiarias de los llamados pactos de ‘Caramelo’ (Tierralta, Córdoba) y Barranco de Loba (Bolívar). Para la Corte, existe un alto grado de certeza de que la exlegisladora hizo parte de un pacto firmado por paramilitares con políticos a quienes se comprometió a ayudar para que llegaran al Congreso. En su afán por obtener información sobre la probable participación de Zuccardi en este acuerdo ilegal, investigadores de ese tribunal ordenaron interceptar algunas de las comunicaciones de la acusada. Entre las conversaciones a las que tuvo acceso se cuentan algunos diálogos entre la procesada y su abogado, William Adán Rodríguez. Según el apoderado, la Corte incurrió en una ilegalidad al haber oído las llamadas que se intercambiaban la exparlamentaria y el defensor. Así se lo hizo saber a los magistrados, en el curso de la audiencia preparatoria del juicio. El magistrado Leonidas Bustos, quien preside la audiencia, negó que ese tipo de seguimiento fuera ajeno a la ley. Admitió que en el curso de la indagación se autorizó la orden de interceptación, pero con fundamento en objetivos claramente identificados en el proceso. Dijo que la intención no era otra que confirmar o descartar la presencia de Piedad Zuccardi en los eventos delictivos que se le endilgan. Aclaró que no existía un método menos invasivo de la intimidad de la procesada. De ahí que se ordenara interceptar sus comunicaciones telefónicas, incluidas las que sostenía con el abogado Rodríguez. Finalmente, le pidió a la defensa no incurrir en acciones que juzga como dilatorias. Zuccardi insiste en su libertad Por otra parte, la defensa les pidió a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo que intervengan en favor de su libertad. En su criterio, ya se vencieron los términos legales para permanecer detenida, pues lleva más de tres años privada de su libertad sin que se haya iniciado el juicio que enfrenta por parapolítica. Teniendo en cuenta la negativa de la Corte frente a este requerimiento, la procesada interpuso una acción de tutela ante esa misma corporación. Aseguró que frente a ese expediente también se vencieron los términos, por lo que es necesaria la intervención del Ministerio Público con el fin de evitar que se sigan “desconociendo sus derechos”. La exsenadora Piedad Zuccardi fue llamada a juicio por la Corte Suprema de Justicia luego de que ese mismo tribunal la acusó del delito de concierto para delinquir, derivado de su supuesta complicidad con el escándalo de la ‘parapolítica’.