SEMANA conoció que en los próximos días, la Corte Suprema de Justicia prepara un proyecto para decidir el futuro sobre el impedimento que presentó el magistrado Francisco Farfán, en la indagación preliminar que se abrió contra el congresista Wadith Manzur, del Partido Conservador, después de que el exdirector de la UNGRD Olmedo López lo salpicara en el escándalo de corrupción.
El magistrado Héctor Javier Alarcón, quien tiene el caso de Manzur, debe encargarse de redactar dicho proyecto, que será llevado ante la Sala de Plena del alto tribunal para que se defina si Farfán finalmente queda por fuera de la investigación que hoy se adelanta contra el presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, encargada de investigar al presidente de la República.
Apenas se abrió la indagación contra el representante a la Cámara, el magistrado Farfán se declaró impedido, teniendo en cuenta que la Comisión de Acusación que el congresista preside, investiga al togado por la supuesta información que se habría filtrado desde su despacho sobre el proceso que se adelantaba contra el clan Gnecco, por presunta compra de votos en el año 2018.
La investigación de la Corte Suprema de Justicia contra el congresista Manzur arrancó después de que el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Olmedo López, reveló en SEMANA que se habría “vendido” al gobierno de Gustavo Petro en medio del escándalo de corrupción en esa entidad.
“Se vendió. Creo que para cometer estos hechos se necesitan dos partes, no una: el que entrega, el que ofrece, el que da las órdenes y el que recibe. Cuando hablo de que nos equivocamos, va más allá de la compra de unos carrotanques, del valor de unos camiones o la discusión de si los camiones sirven o no. Tenemos que arrepentirnos de unos hechos lamentables que en Colombia, Dios quiera, no se vuelvan a repetir”, dijo López a esta revista.
Según la versión de Olmedo López, él no acordó nada con el representante a la Cámara, sino que recibió una orden y se transmitió, supuestamente, para que en el Congreso se empezaran a tramitar las reformas del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
El exdirector de la UNGRD señaló que “el país está amañado con un proceso donde los votos en el Congreso de la República se consiguen a cambio de dádivas... es muy costoso para el país y es tan costoso que hoy el clamor es para que se den los espacios en democracia, para que se conozca la verdad y por eso el clamor de garantías, de protección. Que este proceso no termine en una orden de captura por el capítulo de los carrotanques o por otro adicional. Lo que hoy el país merece conocer va más allá de los carrotanques o de un capítulo adicional. Es una verdad conjunta”.
El proceso contra el congresista Manzur es distinto al que se adelanta contra los presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, el cual está a cargo del magistrado Francisco Farfán y que se abrió después de las declaraciones que entregó a SEMANA el exsubdirector de la UNGRD Sneyder Pinilla.
Hay que recordar que, según la versión de Pinilla, a los congresistas Name y Calle se les habría pagado la suma de 4 mil millones de pesos para que presuntamente apoyaran las reformas sociales del Gobierno en el Congreso. En las declaraciones de Pinilla también salieron salpicados altos funcionarios, como el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien ya se presentó en la Sala de Instrucción de la Corte para dar explicaciones sobre los señalamientos.