La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme el llamado a juicio en contra del exsenador Ciro Ramírez por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.
Con ponencia del magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, el alto tribunal rechazó la petición de nulidad elevada por la defensa del excongresista del Centro Democrático que advertía vulneraciones al debido proceso.
Tras presentar recurso de reposición, la defensa de Ramírez manifestó la necesidad de ordenar una serie de pruebas de miras al juicio que se fijará en los próximos días, y entre las que se encuentra llamar como testigos a todos aquellos que lo mencionaron por exigir comisiones a cambio de la entrega de contratos de obra pública e infraestructura que eran financiados por el Departamento de Prosperidad Social (DPS) en los departamentos de Tolima, Santander y Quindío y Valle del Cauca.
El exsenador sostuvo la necesidad de practicar estas pruebas puesto que, en su estrategia de defensa, se busca demostrar que existen varias contradicciones y falsedades en las acusaciones que han hecho en los estrados judiciales.
En este sentido aseguró que los testigos han hecho todo tipo de señalamientos para buscar beneficios judiciales en los procesos penales que se le abren por direccionamiento de contratos y exigencia de sobornos.
“No existen ni llamadas, ni chats, ni nada, absolutamente nada (...) Nunca me concerté con nadie porque nunca hubo reuniones ni nada”, precisó Ramírez quien se encuentra privado de su libertad en la cárcel La Picota, de Bogotá, desde diciembre pasado.
El exsenador oriundo de Boyacá aseguró que en las reuniones que sostuvo con Pierre García, director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), jamás le hizo ningún tipo de exigencia de contratos o desviar las licitaciones.
“A mí me ha privado de mi libertad con el proceso apenas comenzando por lo que no se pudieron practicar las suficientes pruebas en la (Sala) de Instrucción porque había un afán de acusarme y en ese afán existió una investigación muy pobre”, aseguró que calificó la acusación hecha en su contra “como ligera”.
Finalmente aseguró que se han manipulado varias pruebas en su contra, principalmente los chats que sostuvo con el contratista Alejandro Noreña, quien fue parte fundamental de la organización conocida como Las Marionetas y que fue liderada por el exsenador liberal Mario Castaño.
En el escrito de acusación, que fue revelado en exclusiva por SEMANA, la Corte llegó a la conclusión que el entonces senador Ciro Ramírez “ideó, urdió, organizó y dirigió un entramado criminal que tuvo por finalidad la comisión de delitos indeterminados, pero determinables, contra la administración pública”.
Dándole credibilidad a una decena de testigos y pruebas documentales, la Sala de Instrucción concluyó que Ciro Ramírez dio instrucciones precisas frente a la entrega de los contratos. “Ejecutó actos contrarios a sus deberes funcionales por los cuales, en contraprestación, había accedido, tanto a promesas remuneratorias, como a utilidades consistentes en apoyos políticos que hacían más viable su reelección”.
“Desplegó, en forma directa o mediante instrucciones impartidas o convenidas con terceros, las acciones necesarias, según resultó del caso, para la consecución de ese cometido ilícito y protervo con el cual resultaron afectados los intereses jurídicos de la seguridad y la administración pública”, añade la decisión.