Camilo Ibarguen, de 23 años, y Johan Carriazo, de 27, pasarán el resto de su vida en una prisión de Estados Unidos. A diferencia de la mayoría de las noticias de este tipo, que involucran a colombianos extraditados, el caso de estos dos hombres no está relacionado con narcotráfico. El lunes 11 de febrero se convirtieron en los primeros ciudadanos de Colombia en recibir la más dura condena por el delito de tráfico de migrantes. No se trata de cualquier tipo de pena. Fueron sentenciados a 45 y 50 años de prisión, mucho más tiempo que el recibido por grandes capos de la droga. “Los acusados se embarcaron un viaje mortal de contrabando de personas en el cual dos víctimas pagaron el precio final”, dijo la fiscal del Distrito Sur de Florida, Ariana Fajardo Orshan. “Las sentencias federales significativas de prisión impuestas contra los contrabandistas no pueden devolver la vida, pero esperamos que sirvan para frustrar el peligroso negocio del contrabando de extranjeros”, añadió la funcionaria. Le sugerimos: El exagente en Colombia considerado la "mancha negra" de la DEA El caso por el que fueron condenados estos dos colombianos ocurrió el ocho de septiembre de 2017 en el golfo de Urabá. Hasta allí llegó una pareja de cubanos, quienes junto a un amigo, arribaron desde Venezuela con el fin de cruzar a Panamá y seguir rumbo a Estados Unidos. En Capurganá contactaron a Ibarguen y Carrizo, jefes de una red local de tráfico de migrantes. Les cobraron 1.500 dólares por atravesar en lancha el golfo hasta territorio panameño. Una vez en alta mar los colombianos sacaron armas blancas y exigieron más dinero a los cubanos. Cuando estos les dijeron que no tenían más, los lancheros los apuñalearon con cuchillos y ocultaron los cuerpos atados a un tronco en el fondo de la Ciénaga de Matuntugo. Uno de los migrantes, gravemente herido simuló estar muerto y vio como degollaron a su novia después de violarla. Fue el único sobreviviente y fue rescatado por la armada horas después del crimen. Puede leer: Turbo, el hueco inhumano Tras el asesinato la Dirección de Policía Judicial e Interpol (Dijín) , junto con agencias estadounidenses comenzaron la investigación. Unos meses después lograron capturar a los dos colombianos, quienes estaban solicitados en extradición por una corte de Estados Unidos señalados de “conspiración para instigar e inducir a los extranjeros a llegar y residir en los EE. UU. e instigar e inducir a los extranjeros a llegar y residir en EE. UU. (…) sabiendo que dicha entrada es o será en contravención de la ley”, afirmaba el indictmen. A finales de 2017 fueron extraditados. Se trató del primer caso en que colombianos traficantes de personas fueron enviados para responder ante las cortes americanas. Las pesquisas de las autoridades continuaron varios meses más tarde, en febrero de 2018, el resto de la red que conformaban estos dos hombres fue desarticulada dejando en evidencia el drama y la dimensión que existe tras ese perverso negocio ilegal de tráfico de personas en Colombia. Así funciona Todos dejaron sus países hace meses y viajaron miles de kilómetros hasta llegar a Capurganá, en el Urabá chocoano, en límites con Panamá. Estaban escondidos en un discreto hotel confiados en cruzar la frontera y llegar hasta Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, todo terminó en la mañana el 20 de febrero de 2018. Le recomendamos: Los audios del nepalí que mandaba en el tráfico de migrantes en Urabá Un nutrido grupo de investigadores de la oficina de Interpol, que hace parte de la Dijín, llegó hasta el lugar. Junto con la Fiscalía y la agencia estadounidense ICE llevaban  meses tras la pista de esa red de traficantes que lideraba Ibarguen y Carriazo. Lo que encontraron fue impactante. Encerrados y hacinados en dos pequeñas habitaciones estaban 46 migrantes, 29 de ellos era de Nepal, 9 de India, 5 de Camerún y 3 habían viajado desde Yemen. En el sitio fueron detenidos 5 hombres encargados de custodiar al grupo de extranjeros. Simultáneamente otros 14 integrantes de esa red de traficantes de personas fueron arrestados en Cúcuta, Medellín y Turbo. No se trataba de cualquier organización. Las pesquisas determinaron que los colombianos detenidos tenían alianzas con bandas en otros 17 países, la mayoría de Centroamérica. Esto con el fin de conformar una cadena que permita ir pasando a los migrantes entre las diferentes naciones. Puede interesarle: Morir anónimamente en medio del mar: así fue la tragedia de un grupo de migrantes en Capurganá, Chocó “En dos años de investigación se estima que cruzaron a 2.000 o 2.500 migrantes que pretendían llegar a Estados Unidos y Canadá. El jefe de la red fue capturado en Medellín”, dijo en ese entonces a SEMANA el general Jorge Luis Vargas, quien para la época era el director de la Dijín-Interpol. Esta era una de las redes más activas y complejas, y en los últimos dos años algunos de sus “cargamentos” habían caído en poder de las autoridades. De acuerdo con Migración Colombia, entre 2016 y 2017, 8.242 migrantes ilegales fueron interceptados: 2.254 eran hindúes, 547 de Nepal, 510 de Bangladesh, 554 de Eritrea y 336 de Camerún, entre otros. El negocio es macabro y muy lucrativo. “Funcionaban bajo dos modalidades; la tipo A, que eran migrantes con algún tipo de recursos económicos los cuales cancelaban a la red entre 45 y 50.000 dólares por persona. Esto incluía el transporte vía aéreo a través de vuelos desde Brasil a Leticia, de allí a Bogotá para seguir a San Andrés y finalmente Centroamérica, utilizando documentos falsos”, explicó el general Vargas. “La segunda modalidad era para personas con menor capacidad económica a quienes les cobraban entre 1.500 y 2.500 dólares y el traslado era vía terrestre, ingresando en muchas ocasiones por Cúcuta o desde Ipiales para salir a través del Urabá antioqueño chocoano”, dijo el oficial. Como si la situación no fuera lo suficientemente dramática una vez están en el Darién muchos de estos migrantes son obligados a transportar entre 20 y 25 kilos de droga por las trochas que llevan a territorio panameño para poder continuar su viaje, una táctica que se conoce como ‘hormigueo’. Este es el “pago” que deben realizar a los integrantes de la bacrim del Clan del Golfo por permitirles utilizar las rutas que ellos controlan en esa zona. Le sugerimos: Las trochas por las que entran ilegalmente los venezolanos a Colombia: lo que nadie ve Una de las claves de la investigación que permitió acabar con esta red consistió en el rastreo de los pagos. Para evitar ser asesinados o que los roben, la mayoría de estos migrantes no llevan mucho dinero. Para pagar, deben cancelar la deuda en cada etapa del viaje, para lo cual se comunican con sus familias o amigos quienes desde diferentes lugares del mundo realizan consignaciones a través de empresas de giros internacionales. Ese dinero llega a la cuenta de los integrantes de la red en Colombia. Ese fue el caso de los cubanos asesinados, cuyos familiares consignaron ese dinero a Ibarguen y Carriazo. Entre 2016 y 2017 esa banda recibió 4.539 giros por un valor superior a los 5.000  millones de pesos. Lo cierto del caso es que la dura condena que acaban de recibir estos traficantes de personas, conocidos como coyotes, es una medida que puede servir combatir uno de los peores delitos como es el tráfico de personas.