La investigación por el intento de alteración de los resultados de las elecciones extraordinarias del Valle del Cauca crece como espuma y a medida que avanza el proceso judicial se conocen detalles inéditos de la existencia de un presunto cartel en la Registraduría. Con la captura el pasado lunes en Bogotá de Ana Lucía Beltrán Ortiz, la octava implicada en el escándalo y la cuarta funcionaria de la Registraduría salpicada en la investigación, la Fiscalía y la Dijín están acomodando una a una las piezas de un rompecabezas de corrupción electoral. De hecho, el propio director de la Policía, el general José Roberto León Riaño, advirtió que habrá más detenciones por ese caso: "posteriormente vendrán otras capturas, en la medida en que avanza la investigación y se profundice en la misma. Vendrá una tercera fase", declaró a varios medios. La señora Beltrán Ortiz tiene 48 años de edad y es una curtida funcionaria con 22 años en la Registraduría. Se desempeña como secretaria ejecutiva de la dirección de identificación, es soltera y estudiaba segundo semestre de Derecho. A la funcionaria, la Fiscalía le imputó los delitos de cohecho propio y tentativa de alteración de resultados electorales. Según el ente investigador, la señora Beltrán es coautora del fraude, y la importancia de su participación radica en que ella era la persona encargada de reclutar a los jurados electorales y además tenía bajo su mando el manejo del sistema biométrico de identificación que se instrumentó en varios puestos de votación en el Valle y acceso al sistema de preconteo, tal como lo relatan los propios implicados en las llamadas interceptadas. Esa condición privilegiada en las elecciones agravó su situación jurídica y motivó que el juez de legalización de captura y control de garantías acogiera la solicitud de la Fiscalía en el sentido de imponerle medida de aseguramiento en una cárcel de Cali. Con su captura y su reclusión, son seis los implicados que se encuentran privados de la libertad desde el primero de julio cuando las autoridades realizaron la operación conjunta en varias ciudades del Valle que permitió la desarticulación de la supuesta banda que pretendía alterar las elecciones que se desarrollaban ese mismo día para elegir nuevo gobernador en el Valle. El propósito del fraude era ayudar a Francined Cano, aspirante por el Movimiento de Inclusión y Oportunidades (MIO), estructura política del polémico exsenador Juan Carlos Martínez Sinisterra. En esa redada cayeron Alina Martínez, registradora ad hoc de Jamundí; Jairo Candelo, exmagistrado del Tribunal de Garantías Electorales del Valle; José Francisco Angulo Jaimes, funcionario de la Registraduría Distrital de Bogotá; Luis Enrique Forero, exconductor que durante varios años estuvo asignado al despacho de la Registraduría, y María Del Pilar Yangana Cubides, secretaria ejecutiva del MIO. La señora Yangana fue beneficiada con la medida de prisión domiciliaria. Entretanto, Adriana Lucía Castro Guzmán, secretaria privada del Consejo Nacional Electoral, que también fue capturada en la operación que se hizo el primero de julio, se acogió al principio de oportunidad y hoy es persona protegida de la Fiscalía. Otro de los salpicados en el caso es el propio exsenador Martínez Sinisterra, a quien la Fiscalía ya imputó los mismos delitos de los demás sindicados. El 5 de octubre se realizará la audiencia en la que se sabrá si el juez del caso acoge la solicitud de medida de aseguramiento. Cabe recordar que el exsenador actualmente se encuentra recluido en la cárcel La Picota, por otra investigación que le abrieron por presunto narcotráfico. A medida que avanza el proceso, la Registraduría y la Dijín entraron en un choque mediático por cuenta de las pesquisas que este último realiza en la entidad. El último roce corrió por cuenta de la incautación de dos discos duros donde reposaba, entre otros, información del censo electoral y datos biográficos y dactiloscópicos reservados de los ciudadanos. Frente a esa situación, en su momento el director del Censo electoral, Jin Anthony Cotrino, denunció penalmente a los agentes de la Dijín que adelantaron la inspección, porque, según él, copiaron información reservada de todos los colombianos; a su vez, abogados de la Registraduría catalogaron de ilegal el procedimiento. Finalmente, la discusión fue dirimida por una juez de control de garantías de Cali que falló que el procedimiento estuvo ajustado a la ley, pero pidió a la Fiscalía que la información que no se requiera dentro de la investigación, "se destruya". Así mismo, pidió que se investigue al funcionario de la Registraduría que tenía a su cargo el computador incautado, ya que "esa información tan reservada no debía estar en un equipo de cómputo".SEMANA revela algunos audios de las llamadas telefónicas interceptadas a los implicados y que involucran a la señora Ana Lucía Beltrán Ortiz en el intento de fraude de las elecciones atípicas en el Valle.