La concejal de Bogotá Lucía Bastidas hizo públicas nuevas denuncias de los vecinos del campamento instalado por miembros de la Primera Línea en Kennedy en agosto pasado y que hoy, seis meses después, ocupan 30 personas, aproximadamente, realizando trabajos de instalación de nuevos cambuches en el lugar a pesar del acuerdo que habían hecho con la constructora para salir del predio a mediados de este mes.

De acuerdo con los residentes de la zona, la expansión del campamento ha sido gradual, de un cambuche a cinco que ya hay en el lote Las Galias. “Nos cuentan los vecinos del lugar que desde ayer estas personas están haciendo marcaciones intentando lotear y trayendo materiales para instalar más cambuches para recibir más gente, mientras que la Administración le sigue dando largas al tema”, explicó la cabildante.

Preocupados por la inseguridad y otras problemáticas que se han recrudecido en el sector, los habitantes de los conjuntos Shalom 1, Villas de Santa Ana y Samaria, le escribieron derechos de petición y cartas a la constructora y al Distrito para que le pongan fecha definitiva y punto final a la ocupación ilegal.

“Se han incrementado los atracos e intentos de hurto a los niños de colegios aledaños que deben pasar por el paso peatonal entre lotes, junto al campamento, hay amenazas contra algunos vecinos; el consumo de drogas es constante y no solo por parte de las personas que están allí, sino por decenas que a diario llegan e ingresan al lote para comprar y consumir”, indicó la concejal de la Alianza Verde.

Sumado a esto, las peticiones de los ciudadanos afectados relacionan: “infestación de roedores que ingresan a los conjuntos, dado que colindan directamente con el lote y los parques, moscas y zancudos que resultan por las basuras y el abandono de escombros; filtraciones de agua por el desnivel del terreno hacia los conjuntos, que ahora en época de lluvias intensas les perjudica aún más”, dijo Bastidas.

Además, la concejal puntualizó que “la falta de garantías en la movilidad de los habitantes del sector que, por lo angosto de los pasos peatonales o andenes que conectan con sus viviendas y el descuido de los mismos, ya no pueden pasar bicicletas o sillas de ruedas y mucho menos a pie por la inseguridad y la suciedad”.

La concejal Lucía Bastidas hizo el llamado a las entidades competentes de atender el tema como la Secretaría de Seguridad, la Uaesp, el Dadep, la Secretaría de Integración Social, la Secretaría de Gobierno y la alcaldía local de Kennedy, para que visiten y evalúen integralmente la zona, en un diálogo con los afectados y recogiendo las solicitudes para dar solución inmediata a una situación que sobrepasa los seis meses y que con el paso de los días empeora; así como a la Personería Distrital para que acompañe y de garantías a los derechos de los ciudadanos.

Funcionaria del Distrito habría ayudado a la Primera Línea

La Fiscalía General de la Nación, en labor investigativa articulada con la Policía Nacional, puso en evidencia a cinco de los supuestos articuladores del grupo primera línea Usme, quienes estarían involucrados en actos de vandalismo, ataques contra la fuerza pública y retención de vehículos del Sistema Integrando de Transporte Público (Sitp), en el sur de Bogotá.

De acuerdo con el material de prueba, estas personas se habrían concertado entre mayo y diciembre de 2021 y cumplieron diferentes roles para promover actos de violencia en el sector de la ‘Y’ y en el denominado Puente de la Dignidad, en la localidad de Usme. En ese sentido, hay evidencia técnica de que, por lo menos, cuatro de ellas estarían vinculadas en varios eventos.

Entre los detenidos se encontraba Natalia Paola Sánchez Cabrera, una gestora de convivencia, contratista de la Alcaldía de Usme, a quien se le atribuyó el suministro de información a los integrantes de la llamada primera línea sobre los movimientos y las acciones que programaba la fuerza pública para evitar bloqueos o recuperar el orden.

Los otros capturados son: Álvaro Javier Silva Cuellar, alias Jalisco; Carlos Andrés Torres Montoya, alias Flaco o Carlos; Faber Alejandro Rincón Salcedo, alias Faber, y Raúl Fernando Mendieta Herrera, alias Raúl o Shrek.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a estas cinco personas los delitos de concierto para delinquir, perturbación al sistema de transporte público y violencia contra servidor público.