En los próximos días se fijará la fecha de la audiencia en la cual un juez de Conocimiento de Bogotá definirá si avala o no el preacuerdo firmado entre la Fiscalía General y Jonathan Torres en el marco del proceso que se adelanta por los hechos que rodearon la desaparición forzada y posterior asesinato de la psicóloga Adriana Pinzón.
El pasado martes 5 de julio, Torres –quien hasta el momento es el único procesado por este caso– reconoció su plena responsabilidad de los hechos, situación por la cual se comprometió a colaborar con las autoridades, entregar información sobre otros vinculados y detallar los móviles que lo llevaron a planear y ejecutar el crimen de su cuñada.
En la negociación se fijó una condena de 28 años de prisión. Igualmente, se estableció que pagará una multa de 600 salarios mínimos mensuales vigentes, es decir, 600 millones de pesos.
El cuerpo de Adriana fue encontrado en la madrugada del pasado sábado 25 de junio en la vereda Río Frío, zona rural del municipio de Zipaquirá (Cundinamarca). El cadáver estaba oculto en cuatro bolsas plásticas industriales.
Así murió
El dictamen del Instituto de Medicina Legal concluyó que la mujer de 42 años falleció por dos heridas propinadas con arma cortopunzante. Igualmente, fue asfixiada hasta causarle la muerte. Los peritos forenses concluyeron que el cuerpo ya se encontraba en estado de descomposición.
La Fiscalía determinó que los móviles del crimen serían económicos y estarían relacionados con el afán que tendría Jonathan Torres Campos por cubrir varias deudas que tenía por el negocio que había montado en Zipaquirá y unas malas inversiones.
Torres, quien se encuentra privado de su libertad en los calabozos del antiguo DAS, en el centro de Bogotá, pidió garantías y protección para él y su esposa, todo esto a cambio de colaborar con el caso.
La Fiscalía General sostiene que Torres fue la última persona que tuvo contacto con Adriana en la tarde el 7 de junio. Las imágenes de las cámaras de seguridad del conjunto residencial donde vivía la psicóloga en el municipio de Chía (Cundinamarca) lo registran entrar dos veces al apartamento.
En esa oportunidad, Torres llegó a las 12 del día al conjunto y estuvo casi cinco horas dentro del apartamento. Las cámaras registraron cómo sale con un maletín de su propiedad y lo que parece ser un palo de escoba. Todos estos elementos los lleva al parqueadero donde estaba el vehículo de Adriana y sale del conjunto.
Una hora después, llega nuevamente al conjunto manejando el carro. Camina hasta el apartamento de Adriana y unos minutos después sale cargando una pesada bolsa negra, la cual ubica en el baúl del carro y sale nuevamente.
Las pruebas documentales certificaron que Torres se dirigió a un concesionario ubicado en Chía para vender por 33 millones de pesos el vehículo Mazda2 que estaba a nombre de Adriana. Los documentos conocidos por SEMANA revelaron que una mujer firmó todos los documentos.
La negociación tuvo un traspié puesto que no se había hecho el levantamiento de prenda, un trámite que garantiza que el carro no tenga ningún tipo de compromisos financieros. Este documento es indispensable a la hora de realizar cualquier traspaso.
En ese momento, Torres aseguró que iba a comunicarse con Adriana para que firmara el documento y enviara por medio de un Uber todo lo que se necesitaba para vender el vehículo.
Los investigadores encontraron que en el automóvil propiedad de Adriana había manchas de sangre. Los mismos rastros se encontraron en el apartamento de la psicóloga. En uno de los informes se encontró que se intentó limpiar, con múltiples elementos de aseo, cualquier rastro.
El contrato de compra y venta refleja que la mujer que acompañaba a Torres firmó el documento con la Comercializadora Automotriz Like S. A. S. en el que se acordó la compra de otro vehículo Mazda2 modelo 2011.