Por considerarla demasiado baja, los familiares de Adriana Pinzón, la psicóloga asesinada por su cuñado Jonathan Torres Campos, presentarán ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá el recurso de apelación con el que buscan se aumente el monto de la condena.
El pasado 30 de agosto un juez especializado de Cundinamarca condenó a 28 años de prisión a Torres Campos, luego de que este firmara un preacuerdo en el que se admitía su plena responsabilidad en el asesinato de Adriana, cuyo cuerpo apareció en una fosa común en la vereda Río Frío, zona rural del municipio de Zipaquirá (Cundinamarca).
En la apelación consideran que jamás se tuvo en cuenta el agravante de confianza, así como la sevicia con la que actuó Torres. Esto teniendo en cuenta el dictamen de Medicina Legal que confirmó que el hombre la atacó con arma blanca en repetidas oportunidades y la asfixió.
Los familiares de la psicóloga de profesión señalaron que nunca estuvieron de acuerdo con esta negociación que entabló la Fiscalía General con el abogado de Torres.
Igualmente, advierten que pese a que en la lectura del fallo se estableció, además de la multa de 800 millones de pesos, un acto de perdón público por los hechos cometidos, Jonathan no ha tenido ni la más mínima muestra de arrepentimiento.
Como si fuera poco, el hombre ha señalado que todo se trata de una estrategia de la familia para afectar contra su buen nombre e integridad. Por estos hechos, piden que sea revisada la sentencia y se tengan en cuenta los agravantes.
En la tarde el 7 de junio, Jonathan Torres ingresó al conjunto residencial donde vivía la psicóloga en el municipio de Chía (Cundinamarca). Tras casi cinco horas adentro, las cámaras registraron cómo sale con un maletín de su propiedad y lo que parece ser un palo de escoba. Todos estos elementos los lleva al parqueadero donde estaba el vehículo de Adriana y sale del conjunto.
Una hora después, llega nuevamente al conjunto manejando el carro. Camina hasta el apartamento de Adriana y unos minutos después sale cargando una pesada bolsa negra, la cual ubica en el baúl del carro y sale nuevamente.
Las pruebas documentales certificaron que Torres se dirigió a un concesionario ubicado en Chía para vender por 33 millones de pesos el vehículo Mazda 2 que estaba a nombre de Adriana. Los documentos conocidos por SEMANA revelaron que una mujer firmó todos los documentos.
La negociación tuvo un traspié, puesto que no se había hecho el levantamiento de prenda, un trámite que garantiza que el carro no tenga ningún tipo de compromisos financieros. Este documento es indispensable a la hora de realizar cualquier traspaso.
En ese momento, Torres aseguró que iba a comunicarse con Adriana para que firmara el documento y enviara por medio de un Uber todo lo que se necesitaba para vender el vehículo.
Los investigadores encontraron que en el automóvil propiedad de Adriana había manchas de sangre. Los mismos rastros se encontraron en el apartamento de la psicóloga. En uno de los informes se encontró que se intentó limpiar, con múltiples elementos de aseo, cualquier rastro.
El contrato de compra y venta refleja que la mujer que acompañaba a Torres firmó el documento con la Comercializadora Automotriz Like S. A. S. en el que se acordó la compra de otro vehículo Mazda 2 modelo 2011.
Con esta evidencia, Torres fue capturado el 14 de junio. Pese a que al principio se declaró inocente, poco tiempo después inició una negociación con la Fiscalía General para la firma de un preacuerdo en el que se comprometía a aceptar cargos y revelar los motivos que lo llevaron a cometer el asesinato.
En el documento presentado en una audiencia reservada el 11 de agosto, Jonathan Torres tomó la palabra y pidió excusas públicas por el asesinato. “Me arrepiento mucho, en su momento haré lo posible para poder ayudar a la Fiscalía a esclarecer los hechos”.
El procesado manifestó que tiene toda la intensión de entregar la información que sea requerida por parte de las autoridades. “En ese momento, no sé, me acaloré y perdí el control de mí mismo, señor juez, lo lamento mucho (...) No fue nada económico, sino pasional”..
En una etapa reservada les explicó a los familiares de Adriana Pinzón los móviles que lo llevaron a atentar contra la vida e integridad. Esta versión la entregó atendiendo la petición de la Procuraduría y los representantes de víctimas que señalaron que si no entregaba toda la información sobre los hechos que rodearon el crimen, no se podía avalar el preacuerdo.
En la negociación, que se finiquitó el pasado 5 de julio, Torres reconoció su plena responsabilidad en el homicidio agravado, hecho por el cual se fijó una pena de 28 años de prisión. Igualmente, se estableció una colaboración con las autoridades para conocer los móviles del crimen y los nombres de otras personas involucradas.
En la actualidad se encuentra en los calabozos del edificio del antiguo DAS en el centro de Bogotá.