El subteniente John Javier Blanco Barrios lo sabía todo. El día en que el ministro de Defensa, Guillermo Botero, dijo a los medios de comunicación que Dimar Torres había muerto en medio de una refriega, el joven oficial se debatía entre contar la verdad o quedarse callado. Al final optó por lo primero, y lo echaron del Ejército. El 24 de abril pasado, dos días después de la muerte del desmovilizado de las Farc, Botero sostuvo que Dimar le había intentado arrebatar el fusil a Daniel Eduardo Gómez Robledo, cabo segundo del Ejército. Por esos días, sin embargo, el general Diego Luis Villegas, el oficial de más alto rango en el Catatumbo, le pidió perdón a la comunidad de Campo Alegre por los mismos hechos. La Fiscalía desvirtuó esa primera versión del ministro Botero tras sus investigaciones. A Gómez Robledo le imputó el delito de homicidio en persona protegida; los detectives recaudaron pruebas que señalan que entre él y la víctima no hubo refriega alguna. Se trató de un asesinato a sangre fría y en estado de indefensión.
La Fiscalía desvirtuó totalmente la primera versión del ministro de Defensa, Guillermo Botero, según la cual Dimar Torres había muerto en un forcejeo. De hecho, Gómez Robledo, como autor material del crimen, firmó un preacuerdo con la Fiscalía para acceder a una rebaja del 50 por ciento de la pena. Abogados cercanos al caso creen que puede llegar a recibir 20 años de condena, tiempo que podrá descontar con buena conducta y trabajo. El testimonio de Gómez Robledo también podría ser clave a la hora de esclarecer los hechos. Pero aún se desconoce qué tanta voluntad tiene él para contar lo que sabe y, sobre todo, para señalar con nombres propios a quienes conocían del delito o participaron de él en la cadena de mando.
¿Y los autores intelectuales? La Fiscalía tiene en sus manos chats, testimonios y documentos que indicarían que detrás de la ejecución extrajudicial hubo un plan macabro. Lo habría liderado, presuntamente, el teniente coronel Jorge Armando Pérez Amézquita, hoy en libertad, tal como reveló SEMANA en su edición anterior. Botero sostuvo que Dimar le había intentado arrebatar el fusil a Daniel Eduardo Gómez Robledo, cabo segundo del Ejército. La Fiscalía desvirtuó esa primera versión del ministro Botero. “A ese ‘man’ no hay que capturarlo, hay es que matarlo porque no aguanta que se vaya de engorde a la cárcel”, escribió el oficial en un grupo de WhatsApp, que Gómez Robledo creó con el nombre de ‘Dimar Torres’ para reportar los seguimientos. No tenían una orden judicial para ello. ¿En qué parte de esta historia entra el teniente Blanco? La base Sinaí del Ejército estaba ubicada en la vereda Carrizal, municipio de Convención, Norte de Santander. De allí a Campo Alegre, donde vivía Dimar con su familia, hay diez minutos en moto, montaña abajo. De ese pequeño comando hacían parte 30 soldados, divididos en dos secciones: Alabarda 1 y Alabarda 2. El teniente Blanco lideraba la primera. Y la segunda, el cabo Gómez, quien confesó haber matado a Dimar el 22 de abril a las 5:30 de la tarde, tras seguirlo durante un mes y abordarlo al frente de la base. Horas antes, el cabo Gómez le advirtió a Blanco que había llegado la hora de asesinar a Dimar, teniendo en cuenta las órdenes del coronel que se dieron en las conversaciones del chat. Blanco asegura, bajo la gravedad del juramento, que le dijo a Gómez que no lo hiciera. Tras la conversación, el oficial se fue con otros soldados a un patrullaje a los alrededores del oleoducto Caño Limón-Coveñas.
Fue entonces cuando el cabo Gómez, sin la vigilancia del teniente Blanco, cometió el crimen. A través de interrogatorios a más militares que estaban allí ese día, fueron apareciendo más nombres de soldados involucrados en el asesinato. Se trata de William Andrés Alarcón Castrillón, conocido como Bam Bam, Yorman Alexánder Buriticá Duarte y Cristian David Casilimas Pulido. Estos dos últimos levantaron la moto de Dimar y la arrastraron hasta un matorral para ocultarla. Unos 15 metros más adentro de la base comenzaron a cavar una fosa en la que pretendían desaparecer el cuerpo. Alarcón tuvo otro rol. Se encargó de deslizar el cadáver de Dimar por la carretera enlodada hasta dejarlo escondido entre la maraña. “A ese ‘man’ no hay que capturarlo, hay es que matarlo porque no aguanta que se vaya de engorde a la cárcel”. Todos estos hechos salieron a la luz por varias vías. Después de entregar versiones contradictorias –las que reprodujo el ministro Botero–, el cabo Gómez comenzó a confesar, con cuentagotas, ciertos detalles desconocidos. Por ejemplo, a comienzos de mayo aseguró que había empezado a seguir a Dimar por órdenes de sus superiores.
Luego de que se filtró esa declaración, el comandante del Ejército, el general Nicacio Martínez, dijo en una rueda de prensa: “No conozco que haya existido alguna orden, será la Fiscalía quien en la investigación determinará qué se ha hecho, qué se ha producido”. Y aquí entra el subteniente Blanco. El joven oficial y varios soldados más entregaron a la Fiscalía pantallazos de chats y contaron lo que sabían del plan para asesinar a Dimar. De ese modo, el coronel Pérez y los soldados Alarcón, Buriticá y Casilimas quedaron en el radar como posibles coautores del asesinato. A Blanco, quien estaba colaborando con eficacia, según la Fiscalía, sorpresivamente lo retiraron del Ejército mediante Resolución 3128 del 20 de mayo de 2019. Eso lo dejó como un civil más en un proceso que representa alto riesgo. Al no estar por ahora involucrado ni relacionado con los hechos criminales, decidió demandar al Estado. Su carrera en el Ejército como oficial apenas comenzaba y no tenía observación alguna en su hoja de vida.
Con las pruebas que tiene la Fiscalía muchos se preguntan por qué el coronel Pérez y los tres soldados están libres. Y, en realidad, las dilaciones han atravesado el caso. En la audiencia de imputación de los militares, la abogada del coronel solicitó trasladar el proceso a la justicia penal militar, aun cuando en esa instancia hay una valoración preliminar que indica que los estrados ordinarios son competentes. Los jueces castrenses existen solo para hechos relacionados con el servicio y “matar ciudadanos civiles no es una conducta propia de los servidores del Estado”, argumentó el fiscal del caso. A Blanco, quien estaba colaborando con eficacia, según la Fiscalía, sorpresivamente lo retiraron del Ejército mediante Resolución 3128 del 20 de mayo de 2019. Eso lo dejó como un civil más en un proceso que representa alto riesgo. Esa estrategia de la defensa del coronel evitó que la Fiscalía les imputara cargos formalmente a los militares. La audiencia se encuentra suspendida desde el 9 de septiembre. Esta semana, el Consejo Superior de la Judicatura revisó el asunto de la competencia y devolvió la carpeta. Ahora, un Juzgado Penal del Circuito definirá la petición de la abogada del coronel. Y solo después fijará fecha para continuar con la imputación de cargos.
La defensa del coronel logró, con su estrategia, que la Fiscalía no pudiera imputar formalmente cargos a los militares vinculados. La audiencia se encuentra suspendida desde el 9 de septiembre. ¿Qué pasará con los acusados? ¿Sin una orden de captura acudirán a la audiencia? ¿Dónde están en este momento? Diego Martínez, abogado de la familia de Dimar Torres, teme que esto sea el inicio de una cadena de trabas que arriesguen un desenlace con justicia efectiva. El mes pasado, Martínez intentó viajar a Washington para asistir a una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que hablaría de la reincorporación de los excombatientes de las Farc. Pero al llegar al aeropuerto no le permitieron subir al avión. “Me dijeron que por indicación de la Embajada de Estados Unidos”, dice. Para el abogado esto busca silenciar sus denuncias. Al coronel Pérez Amézquita, con arraigo en Sogamoso, Boyacá, lo llamaron a calificar servicios el 20 de mayo. Hay gran expectativa por su comparecencia en los estrados. Aún quedan en el aire dudas sobre si hay más uniformados en la línea de mando involucrados en uno de los crímenes más escabrosos de los años del posconflicto.