“Este despacho quiere dejar una constancia dentro de las actuaciones y es que uno de los procesados se han hecho manifestaciones amenazantes en contra de los funcionarios que celebran esta actuación, precisamente indicando esa posibilidad de hallar en cualquier lugar de la República de Colombia con el fin de dar muerte” (sic).

De esta manera, el juez 12 de control de garantías de Cartagena presentó la grave situación que se dio durante la legalización de la captura de las cinco personas acusadas por participar en el crimen del fiscal paraguayo, Marcelo Pecci, registrado el 11 de mayo en la isla de Barú, muy cerca de Cartagena.

Frente a esta grave situación, el juez de control de garantías les pidió a los agentes de policía judicial tomar todas las medidas, con el objetivo de garantizar la seguridad de todos los sujetos procesales. Como primera medida, se determinó que durante las audiencias virtuales que serán públicas no se mostrarán los rostros del juez, el fiscal, el delegado del Ministerio Público ni de los abogados.

En la madrugada del pasado sábado, 4 de junio, se legalizó la captura de los cinco implicados, entre los que se encuentran una mujer y un ciudadano venezolano. Para este lunes 6 de junio quedó programada la reanudación de la audiencia en la que se le imputarán los cargos de homicidio agravado y tráfico, fabricación y porte de armas.

Mientras tanto, los implicados en el crimen del fiscal Pecci continuarán privados de su libertad, bajo extremas medidas de seguridad, en el búnker de la Fiscalía en el centro de Cartagena.

En su más reciente edición, SEMANA reveló detalles inéditos sobre la forma en que se adelantó la investigación, para identificar, ubicar y capturar a los sicarios del fiscal antimafia. Pese a que lo tenían todo calculado para evitar llamar la atención de las autoridades, los asesinos a sueldo cayeron por sus excesos.

Con el dinero que recibieron por el crimen, unos 2.000 millones de pesos colombianos, los sicarios se dedicaron a la compra de joyas, ropas de marca y otros artículos de valor que no pasaron desapercibidos.

La banda estaba compuesta por cinco personas, entre ellas un venezolano de 31 años, que fue quien disparó a quemarropa los tres tiros con pistola 9 milímetros. Una mamá y su hijo fueron los campaneros encargados de seguir al fiscal Pecci y su esposa, Claudia Aguilera. Otro manejaba la moto acuática. El último era el jefe y el encargado de conducir el carro que los esperaba a pocos metros de la playa, en el cual emprendieron la huida.

Pocos días después del homicidio, el equipo de investigación de la Policía y la Fiscalía, con el apoyo de las autoridades de Paraguay y de la DEA, los fueron identificando uno a uno y estableciendo el rol que cumplían en el plan criminal que segó la vida del fiscal antimafia.

Eso permitió que los hombres de inteligencia, en los últimos días, les respiraran en la nuca, llegaran hasta sus escondites en Medellín e incluso los siguieran por los barrios de la capital antioqueña.

Así lo hicieron durante los últimos días por los sectores de Robledo, Estadio, Laureles y Lomas del Bernal, donde se movían libremente porque creían que habían engañado a las autoridades y que seguían buscándolos en Cartagena y sus alrededores.

SEMANA conoció que uno de ellos, al verse descubierto, y en medio de la angustia, atinó a decir, en voz baja, que los había buscado una gente de Paraguay. Sus cómplices, más tranquilos, o tal vez con más experiencia en el mundo criminal, solo dijeron que era una equivocación y que hablarían cuando llegaran sus abogados.