El pasado 5 de abril se adelantó una reunión clave entre delegados de los Gobiernos de Haití y Colombia para evaluar la situación de los 18 militares colombianos detenidos por su presunta participación en el crimen del presidente haitiano Jovenel Moïse registrado el 21 de julio de 2021 en su residencia.

En el encuentro participó el viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco Echeverri y el primer ministro de Haití, Ariel Henry; el ministro de Relaciones Exteriores, Jean Victor Geneus; y el ministro de Justicia Bertho Dorcé. Durante la conversación se acordó que los militares colombianos podrán acceder a abogados de oficio debido a que nueve meses después de su detención no han recibido ningún tipo de asesoría jurídica para enfrentar el juicio.

El proceso judicial se ha extendido puesto que el inicio del proceso penal ha tenido varios tropiezos, esto debido a que los tres jueces que han sido designados han renunciado por amenazas de muerte en contra de vida e integridad personal. Debido a esto, y pese a que está totalmente prohibido por el derecho internacional, los militares siguen privados de su libertad en una cárcel en Puerto Príncipe en condiciones inhumanas.

Igualmente, según reveló La FM, en el encuentro se acordó brindarle seguridad y atención médica a los 18 militares quienes han manifestado que sufren de graves enfermedades producidas por la humedad, la mala alimentación, el estrés y el hacinamiento. Incluso, algunos de ellos han manifestado que por las torturas que han sufrido en estos meses han tenido problemas estomacales (por los golpes recibidos en el abdomen), perdida de dentadura y afectaciones en varias de sus extremidades, las cuales han sido totalmente ignoradas por las autoridades.

El representante del Ministerio del Interior pidió que todos los militares sean vacunados contra la covid-19, esto debido al riesgo que viven en la cárcel. Además, que se tomen otras medidas para garantizar la comunicación con sus familiares en Colombia de manera constante.

Los tres colombianos muertos

Pese a que el magnicidio de Jovenel Moïse se presentó en julio pasado, hasta hace poco se confirmó la identidad de los cuerpos de los militares Duberney Capador Giraldo, Javier Mauricio Romero y Miguel Garzón, quienes fallecieron en medio del cruce de disparos con las autoridades haitianas. Esta situación, según advierten los familiares de los connacionales, representa una gravedad absoluta puesto que jamás se estableció la forma en cómo murieron.

Todo este caso, según ha registrado en diferentes oportunidades SEMANA, ha estado lleno de irregularidades. Los militares colombianos han sido sometidos a torturas para que acepten cargos y acusen a sus compañeros de participar activamente en la planeación y ejecución del crimen de Moïse.

Los connacionales no han tenido una comida ni trato digno por parte de las autoridades haitianas, quienes habrían falseado pruebas para acusar a los militares colombianos de ser los únicos responsables de este magnicidio.

Expulsado de la JEP

El pasado viernes, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó la expulsión del soldado Francisco Eladio Uribe Ochoa y ordenó pasar su expediente por ‘falsos positivos’ a la justicia ordinaria. La decisión se tomó al considerar que salió del país rumbo a República Dominicana sin permiso o autorización alguna -pese a lo que exige la ley-. En dicho país se habría planeado el magnicidio.

En su momento, el presidente de presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, confirmó que al hacer una revisión del caso se determinó que Uribe Ochoa nunca recibió un permiso para salir de parte de un juez de control de garantías o de Migración Colombia. “Todos los comparecientes ante la JEP están sujetos a obligaciones y deberes [...], no hay ningún beneficio que no esté sujeto a un régimen de condicionalidad, que es objeto de supervisión por parte de las salas de justicias competentes”.

El militar fue vinculado a una investigación por el homicidio de Luis Carlos Cárdenas en 2008. El campesino fue retenido, torturado, asesinado y presentado como guerrillero abatido en combate en la vereda Chorros Blancos del municipio de Yarumal (Antioquia). Los hechos se presentaron en la operación Ferrari.

Según la investigación, Cárdenas fue reclutado con una oferta de trabajo en una hacienda bananera. Por estos hechos, la Fiscalía General acusó en 2018 a Uribe Ochoa, sin embargo, nunca fue presentado ante un juez puesto que se sometió a la JEP, indicando que los hechos por los que era procesado tenían relación con el conflicto armado.