“No es justo que el Estado sea el que esté respondiendo con sus recursos por los graves delitos cometidos por parte de los exjefes de las Farc acusados de crímenes de lesa humanidad”. De esta forma, Juan Camilo Sanclemente Zamora, de la Fundación Defensa de Inocentes, cuestionó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) las sanciones que recibirían los excomandantes de la guerrilla de las Farc en el caso 01, conocido como “retenciones ilegales”.
En su intervención este martes, ante la Sala de Reconocimiento, el abogado Sanclemente advirtió que hasta la fecha, pese a reconocer su participación en este caso, los exintegrantes del Secretariado de las Farc lo único que han hecho es dar verdades a medias, desconociendo así por completo la línea de mando de ese grupo subversivo al indicar que no tenían conocimiento de las atrocidades que se cometieron con los secuestrados.
“No resulta reparador que criminales de lesa humanidad a través de cartas, de escribir libros, de efectuar trabajos sociales y cursos dados por estos mismos sean la manera de reparar por esos crímenes atroces“, advirtió. En su caso, que representa a los familiares de los diputados del Valle del Cauca, recordó la forma en que fueron asesinados vilmente en medio del secuestro cuando supuestamente se presentó un operativo militar en la zona, el cual las evidencias arrojan que nunca existió.
Por esto, pidió penas ejemplares y drásticas en contra de Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar, quienes hicieron parte del último Secretariado de las antiguas Farc y se siguen acogiendo al Acuerdo de Paz firmado en el año 2016. Igualmente, y teniendo en cuenta varios casos, pidió que tengan una reclusión en los campos veredales y que no puedan ocupar cargos públicos.
Por su parte, el abogado Johan Sebastián González dice que el ex máximo comandante de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverry, más conocido como Timochenko, nunca ha reconocido su plena responsabilidad en atrocidades tales como los campos de concentración que se crearon para los secuestrados de las fuerzas públicas y dirigentes políticos. “Es claro que los altos mandos sabían al interior de las filas y sobre todo con las personas secuestradas”.
Mientras que Antonio José Ochoa Peralta, quien representa a un grupo de mujeres cuyos esposos, hijos y padres fueron víctimas del secuestro en la década de los noventa, le pidió a la JEP que no siga permitiendo que los comandantes de las Farc cuenten parte de la historia y omitan cualquier tipo de reconocimiento a su conocimiento y participación. “Se espera de la JEP que no permita que los comparecientes sigan saltándose la verdad. Es importante que vengan acá los comparecientes y que nos cuenten toda la verdad de lo que hicieron”.
Por esto, pidió que se tomen medidas de fondo para garantizar los principios de verdad, justicia y reparación. “Es importante que nos entreguen a todos los desparecidos y los esperamos vivos, porque vivos se los llevaron. Las mujeres que yo represento me dicen: yo espero que mi esposo, que lo secuestraron en 1990, me lo entreguen vivo; debe estar más gordito, él sufre como de alopecia, entonces debe estar ya calvo por completo”.
“Los niños que dejaron cuando tenían cuatro años se imaginan cómo es hoy su papá, ellos se los imaginan y los esperan vivos (...). Que la JEP se los exija, como magistrados y magistradas, ustedes tiene un peso de acabar con el conflicto, pero ese conflicto se debe acabar obligando al compareciente a que nos cuente qué pasó, a que nos diga la verdad y obligando a que nos entregue a los desaparecidos”, señaló el abogado Ochoa Peralta.
Con estas intervenciones, la JEP tomará una decisión de fondo frente a las sanciones que se emitirán en contra de los excomandantes de las Farc que, en audiencia pública en junio de 2022, reconocieron su responsabilidad en este caso.