El gobierno colombiano no llamaba a consultas a su embajador en Venezuela desde el 22 de julio del 2010, precisamente cuando Colombia rompió sus relaciones con el vecino país. Eran épocas de la confrontación entre los presidentes Álvaro Uribe y Hugo Chávez, por la presencia guerrillera en Venezuela. Desde cuando el presidente Juan Manuel Santos recompuso las relaciones con Venezuela, la deportación a la fuerza de miles de colombianos que vivían al otro lado de la frontera, por orden del presidente Nicolás Maduro, desencadenó la mayor tensión en las relaciones bilaterales: el llamado a consultas del embajador en Caracas, Ricardo Lozano. Horas después de la medida colombiana, Venezuela hizo lo propio por instrucción del presidente Maduro, según anunció la canciller del vecino país, Delcy Rodríguez. Dentro de la diplomacia, el llamado a consultas es entendido como un mensaje diplomático que se utiliza en momentos de crisis, pero no significa el rompimiento de las relaciones diplomáticas. Se utiliza cuando no hay comunicación entre presidentes, como está sucediendo en la actual situación, y para que el embajador informe la verdadera situación en ese país, así como para darle instrucciones. También es un canal para manifestar al otro país lo que en términos diplomáticos se conoce como una preocupación. No se sabe si el llamado a consultas tendrá como propósito transmitirle a Venezuela ciertos interrogantes, y también se advierte contradictorio que se haya producido después de una reunión de cancilleres. Pero quizá se interpreta en el país como una decisión de autoridad frente al gobierno venezolano, algo que han venido reclamando sectores políticos como el uribismo, desde cuando comenzó la crisis, y a la que se han sumado conservadores y hasta varios miembros de la coalición de gobierno. Santos que había privilegiado el diálogo, se vio obligado por el gobierno de Maduro a mostrar mayor firmeza. Santos también ordenó a la ministra de Relaciones, María Ángela Holguín, convocar a una reunión extraordinaria de cancilleres de la Unasur, para “contarle al mundo, comenzando por Unasur, lo que está sucediendo (en la frontera, porque eso es totalmente inaceptable”. La decisión no deja de ser sorpresiva. Primero, hubo un consenso político muy extraño en el país. Los liberales -empezando por el expresidente César Gaviria-, los conservadores -con su presidente David Barguil-, Cambio Radical -en voz de Carlos Galán-, los uribistas y La U, pidieron al presidente Santos el retiro de Colombia de Unasur. Más aún con las declaraciones de su secretario general, el expresidente Ernesto Samper, en las que pareció ponerse de parte de Venezuela. La canciller fue la primera en rechazar estas peticiones. Pero la decisión de convocar a la Unasur es una apuesta política de Santos. Al adelantarse a Maduro, que está más cómodo con este organismo bilateral, pretende presionar a los presidentes que no se han pronunciado con respecto a la violación de derechos humanos que se está denunciando desde la frontera. Puede ser una manera de impedir que Maduro siga cooptando la Unasur, y que esta se pronuncie sobre el gobierno venezolano. Al presidente Santos le han pedido dejar la “diplomacia contemplativa”, como la calificó la oposición, con Venezuela. La crisis humanitaria en la frontera lo obligó y la presión política interna lo condujo a tomar las decisiones diplomáticas más drásticas de su administración. Sin embargo, que se rompan relaciones es un escenario improbable y perjudicial. Para la economía de ambas naciones y, por qué no, para el proceso de paz, en el que Venezuela ha sido garante y ha jugado un papel trascendente.