La economía de la isla de San Andrés y Providencia, uno de los principales destinos turísticos del país, se ha visto fuertemente golpeada en los últimos meses debido a la baja en la cifra de visitantes que se ha registrado desde octubre del año pasado (2022) y que se acrecentó en enero de este año (2023).
A la fecha, ese dato no se repone ni repunta. Se esperaba, como tradicionalmente se ha registrado en Semana Santa una masiva asistencia de turistas; por el contrario, el descenso de las cifras es mayor y alcanza poco menos de la mitad de los registros anteriores de visitantes.
Por lo anterior, la Procuraduría instó al Gobierno a llevar soluciones a la isla de San Andrés y Providencia que ha visto reducir la llegada de turistas en más de un 68 porciento, esto como consecuencia de la crisis de aerolíneas y el alto costo de los combustibles.
SEMANA conoció los detalles de una nueva reunión, convocada por el Ministerio Público y el Gobernador, Everth Hawkins, en la que quedó claro que el departamento padece una grave situación económica y social, generada por la salida de las empresas de Viva Air y Ultra Air que los impactó negativamente.
La Isla pasó de tener 34 vuelos diarios a ocho lo que ha ocasionado el incremento en el precio de los pasajes afectando la oferta hotelera y el comercio con pérdidas aproximadas a los 75 mil millones de pesos.
La isla recibía mensualmente 131 mil turistas, pero ahora por la problemática que se vive la cifra se reduce a poco más de la mitad. Justo en esta temporada de Semana Santa la ocupación hotelera, según Cotelco, no alcanza ni al 25 porciento de la oferta.
Ante la situación, el ente de control le pidió al Ministerio de Minas revisar la regulación de los precios de los combustibles y la Ley de Fronteras, además de crear mesas técnicas que logren soluciones para revivir el turismo en San Andrés.
A la vez, solicitó a la Aeronáutica Civil generar incentivos para que las aerolíneas aumenten o generen frecuencias a San Andrés y a la Gobernación, en conjunto con el Viceministerio de Turismo y Fontur, invertir en la infraestructura turística de la isla.
La criminalidad, el otro fenómeno a combatir
A través de un comunicado remitido al gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Hawkins Soogren, la Procuraduría General de la Nación le solicitó efectuar el mantenimiento, y poner en funcionamiento las cámaras públicas de seguridad monitoreadas desde el Centro de Diagnóstico Automotor (CDA).
El ministerio público señala que el comando de Policía de San Andrés ha hecho estos mismos requerimientos en reiteradas oportunidades a la administración departamental, e informó que tras verificar el estado actual en que se encuentran las 121 cámaras instaladas, advirtió que 17 de ellas están fuera de servicio, y el 100 % necesita mantenimiento.
La situación es realmente alarmante. Por un lado, señala la Procuraduría, se requiere con urgencia, la implementación de mecanismos para prevenir la criminalidad, o en su defecto, contar con elementos tecnológicos que sirvan como prueba para la judicialización de las conductas criminales que se presentan en la isla.
La propuesta al Gobierno Nacional
Como las alternativas ya planteadas no han dado los resultados esperados por las autoridades, la preocupación ha aumentado y ahora el SOS es para el Gobierno Nacional. El gobernador Hawkins ha planteado el decreto 1073 de 2015, que podría dar un respiro al costo del combustible.
“Nosotros, increíblemente, compartiendo frontera con siete países, somos el único departamento de fronteras que no está excluido del impuesto global al combustible, del pago del IVA. Inclusive tenemos una normatividad especial, que es la Ley 47 del 93, hay un Conpes 3805 que también tiene políticas claras, y la ley de fronteras que, aunque falta reglamentarla, necesitamos que nos tengan en cuenta”, explicó el gobernador de la isla.