El despacho de la vicefiscal general tiene en la mira la crisis que se ha presentado con la aerolínea Viva Air, la cual ha suspendido sus operaciones por la grave crisis económica que atraviesan desde hace varios meses. El fiscal general, Francisco Barbosa, anunció que se está evaluando la situación para establecer la apertura de investigaciones de tipo penal.
Sin embargo, Barbosa advirtió que la crisis que se presenta actualmente en esta aerolínea es de carácter administrativo y espera que se resuelva este problema que ha afectado a miles de personas que tenían sus pasajes ya comprados y a última hora les notificaron que no podían volar por la suspensión de las operaciones.
“La señora vicefiscal está al frente del asunto y muy seguramente investigará, pero lo repito, los hechos de carácter social que los resuelvan socialmente. El derecho penal no le va a resolver un problema al Gobierno, que probablemente se ha generado por acciones de tipo administrativo. Por eso yo invito a que resuelvan sus problemas y nosotros en paralelo vamos a ver si hay un hecho constitutivo de delito”, precisó.
Esta investigación se suma a la que ya abrió la Superintendencia de Transporte por la suspensión de las operaciones sin informar debidamente a las personas que se encontraban en las salas de espera o que ya tenían los pasajes comprados.
“Le reiteramos a la aerolínea Viva que es su deber mantener los canales de comunicación con los usuarios y hacemos un llamado para que en forma inmediata procure las soluciones que el contrato de transporte les demanda”, advirtió la Superintendencia.
Este miércoles se llevó a cabo una reunión entre el Gobierno, directivos de la Aeronáutica Civil, los representantes de Viva Air para buscar una solución a la grave crisis. Mientras tanto, miles de pasajeros se encuentran varados y exigiendo respuestas para poder viajar.
El martes de esta semana, el presidente de la República, Gustavo Petro, tomó las primeras medidas ante el caos que se desató por la cancelación de vuelos de Viva Air: ordenó que Satena atienda de manera inmediata a los usuarios que se han visto afectados por el caos que se ha desatado con el incumplimiento de los itinerarios de la aerolínea de bajo costo Viva Air.
“Todos ustedes amanecieron hoy con una noticia en la televisión, el tema de Viva, una empresa que se quiebra, deja la gente [en el] aeropuerto con tiquetes vendidos, entonces inmediatamente uno dice: bueno, aquí debería ya operar de inmediato por lo menos a los usuarios Satena, que es hoy por hoy la aerolínea que maneja la Fuerza Aérea colombiana”, sostuvo Gustavo Petro.
Añadió: “No solamente por este caso, sino por otros muchos, como la ruptura de la carretera a Pasto y otros, como la apertura de relaciones con Venezuela, la apertura de posibilidad de líneas de México, Ecuador, etc. Diría que hay un momento estelar donde la empresa podría crecer”.
Desde este martes 28 de febrero, la empresa no estará operando, es decir, los aviones con los que venía brindando el servicio estarán en tierra, sin claridad de hasta cuándo durará esta suspensión, debido a que no cuentan con las garantías para seguir operando. De hecho, SEMANA conoció que la compañía ya no venderá más tiquetes a sus usuarios, pues el reciente presidente nombrado, Francisco Lalinde, dijo: “Estoy suspendiendo operación, no me dio para más”.
El pasado martes, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para su estudio una acción popular presentada por un grupo de trabajadores sindicalizados de la aerolínea Viva Air. Por medio de esta piden medidas cautelares para que se protejan inmediatamente los derechos que consideran vulnerados con las más recientes decisiones de la compañía, puesto que 1.250 empleos están en vilo.
En la acción judicial, conocida por SEMANA, se fijan ocho puntos frente a la grave situación que se está presentando en Viva Air, entre los que se destacan el patrimonio negativo al cierre del 31 de diciembre de 2022 cercano a los 135,4 millones de dólares; pérdidas en 2022 por 34,9 millones de dólares; obligaciones presentadas al corto plazo dado incumplimiento con los arrendadores de las aeronaves al 31 de diciembre de 2022 por unos 105 millones de dólares; de los cuales unos 88,2 millones de dólares corresponden al financiamiento recibido por las rentas 2020 y 2021 como efectos de la pandemia.
La demanda advierte que en las obligaciones financieras del 31 de diciembre de 2022, por unos 25 millones de dólares, a cierre de 2022, se presentó una deuda con los acreedores comerciales por 38 millones de dólares; pasivos con los empleados por valor cercano a los seis millones de dólares; pasivos de impuesto por valor de 12,8 millones de dólares; y activos líquidos al 31 de diciembre de 2022 por unos 24,7 millones de dólares.