Velar por los derechos de los pasajeros, por las condiciones laborales de 1.200 empleados y por el servicio aéreo, fueron argumentos válidos que motivaron a la Procuraduría para que requiriera a las directivas de Viva Air a dar explicaciones sobre la crisis que enfrentan actualmente.

Fue así como el presidente de la aerolínea, Francisco Lalinde, junto con sus abogados, argumentó las razones que llevaron a la suspensión de operaciones a la empresa la semana anterior y que perjudico a cientos de usuarios.

Entre las explicaciones dadas por el directivo a los procuradores delegados están, la pandemia, la guerra de Ucrania y el desproporcionado aumento de los precios de los combustibles que, según Lalinde, fueron variables que agudizaron la crisis de Viva Air.

Ante la suspensión temporal de vuelos de la aerolínea Viva Air , Avianca programó vuelos para los pasajeros dejados en tierra por Viva Air Bogota Aeropuerto El Dorado Marzo 2 del 2023 Foto Guillermo Torres Reina / Semana | Foto: Guillermo Torres Reina

Otro de los puntos analizados en la reunión fue el del proceso de integración entre Viva Air y Avianca del que aún persisten muchas dudas y al que Lalinde le apuesta como alternativa de salvación; sin embargo, la última palabra la tendrá la Aeronáutica Civil.

En otra mesa de trabajo y haciendo uso de sus acciones preventivas, el ente de control escuchó a la Superintendencia de Transportes, a la Aerocivil y a la Superintendencia de Industria y Comercio-SIC- sobre las tareas que han adelantado, hasta el momento, para mitigar la crisis causada por el cese de actividades de la aerolínea.

Allí se informó sobre la reubicación de más de 27.000 pasajeros y la debida orientación de los afectados para entablar sus reclamaciones y demandas ante la SIC, así como los trámites para obtener el reintegro del valor de los tiquetes.

Bogota, Colombia, El Dorado International Airport, Aeroporto Internacional El Dorado, terminal inside Viva Air Express Line sign. (Photo by: Jeffrey Greenberg/Universal Images Group via Getty Images) | Foto: ©JeffreyGreenberg@aol.com

“No obstante lo anterior, en razón de las medidas de control adoptadas por la Supertransporte, los tiempos de decisión de la Aeronáutica sobre la integración y la afectación a los trabajadores, además de las medidas adoptadas por la SIC en protección de los derechos de los usuarios y la libre competencia en el sector del transporte aéreo, la Procuraduría ha iniciado sendas averiguaciones con los respectivos procuradores judiciales y delegados para garantizar la legalidad, el debido proceso y la tranquilidad del sector”, manifestó Luis Ramiro Escandón, Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa.

La crisis

Crece la incertidumbre del rumbo de la compañía Viva Air. La Superintendencia de Transporte anunció este lunes 6 de marzo de 2023 que se tomará el control de Viva Air, luego de una lamentable afectación a los pasajeros y empleados de la compañía, pues la aerolínea tomó la decisión el pasado 27 de febrero de suspender la operación.

El Estado podrá intervenir cuando se presenten situaciones externas o ajenas a los productores nacionales que afecten o distorsionen las condiciones de competencia en los mercados de productos nacionales, según lo consignado en el Artículo 32 de la Ley 1340 de 2009.

Procuraduría citó a presidente de Viva Air a dar explicaciones por crisis de la empresa | Foto: Sebastian Barros/NurPhoto

“En el marco de sus competencias, la Superintendencia de Transporte, mediante la Resolución No 705 del 3 de marzo de 2023, tomó la decisión de imponer la medida de sometimiento a control a la aerolínea Fast Colombia S.A.S., en Proceso de Recuperación Empresarial, la cual se notifica hoy 6 de marzo de los corrientes”, informó en un comunicado de prensa el Ministerio de Transporte.

Con dicho proceso de sometimiento a control, Viva Air deberá cumplir medidas especiales. Los órganos de control explicaron que si Viva Air incumple las medidas expuestas anteriormente, se ordenará la remoción de los administradores y revisor fiscal. Dado el caso, la remoción ordenada implicará una inhabilidad para ejercer el comercio, hasta por 10 años.

Lo anterior, sin perjuicio de las demás acciones administrativas que se adelantan en aras de la protección de los usuarios, y las acciones penales que puedan derivarse por dichas conductas.