Los desplazamientos en el municipio de Roberto Payan, en Nariño, son constantes desde hace más de un año, según manifestó el gobernador Jhon Rojas, quien señaló que solo en 2020 se registraron 11 desplazamientos masivos y en lo corrido de este año van nueve, lo que ha generado una ola de múltiples problemas socioeconómicos que afecta a más de 2.700 familias.

Con los hechos de violencia los hogares le apuestan a no desintegrarse, porque saben que la única manera de salvar su vida y la de sus seres queridos es huyendo todos al tiempo de su territorio. En total, 7.000 personas hoy no tienen dónde vivir y sobreviven de la solidaridad del gobierno departamental, pero los recursos son insuficientes, y a eso se suma la complejidad para llegar al terreno con las ayudas humanitarias.

Uno de los puntos que más le preocupa a Rojas es que entre los afectados, más de 2.600 son niños y adolescentes. Además, 3.186 son mujeres. Muchos de los desplazamientos también se han dado hacia los municipios de Barbacoas, Tumaco y Olaya Herrera. “Estas cifras reflejan la realidad del Pacífico nariñense, donde el conflicto no ha cesado, donde se necesita con urgencia una atención integral del Estado y de todas las instituciones para reconstruir el tejido social y generar oportunidades para las comunidades”, recalcó el Rojas.

De la misma forma, les hizo un llamado a los organismos internacionales y a las entidades no gubernamentales para que sean garantes de derechos humanos, debido a que la crisis está desbordando la capacidad de atención local y regional.

Los desplazamientos de miles de familias se están dando por intereses particulares de grupos al margen de la ley que se disputan el control territorial y la economía ilícita que hay alrededor de él. Solo en Nariño existen más de 15 actores criminales.

El gobernador hizo un llamado al Ministerio de Defensa para que se presenten resultados efectivos en la lucha contra el crimen organizado, para así mitigar los hechos violentos que están generando los masivos desplazamientos. Para el mandatario, no solo con fuerza se logra recuperar los territorios que han arrebatado las disidencias de las FARC y otras organizaciones. “Es necesaria la inversión social e integral para lograr una presencia efectiva del Estado, y un desarrollo que llegue a estas regiones a brindar condiciones mínimas de garantías de derechos y empecemos a quitarle terreno al conflicto”, dijo Rojas.

Finalmente, les recordó al Ministerio de Defensa y al Gobierno nacional que es tarea de ellos brindarles garantías de seguridad a las familias para que regresen a sus hogares. Cabe recordar que el pasado 12 de julio en la vereda La Mesa, municipio nariñense, se registraron enfrentamientos entre soldados del Ejército Nacional y la estructura criminal Franco Benavides. Tres militares murieron en los enfrentamientos, otros resultaron heridos y de igual manera se reportaron varios guerrilleros abatidos.

La violencia en la región cada vez se agudiza más. El secretario de Gobierno de Nariño, Francisco Cerón, manifestó: “Rechazamos de manera contundente cualquier hecho de violencia que atente contra la vida, honra e integridad de nuestro pueblo nariñense”.

En un informe de la Defensoría del Pueblo, la mayoría de los eventos de desplazamiento se han presentado en Nariño, con 28 eventos y 5.707 familias afectadas, que representan a 14.708 personas. Le sigue el departamento del Valle del Cauca, en donde han ocurrido 25 eventos, con 2.968 familias afectadas, equivalentes a 9.189 personas. En el Cauca sucedieron 14 eventos, que afectaron a 1.846 familias, conformadas por 4.700 personas.