La Defensoría del Pueblo prendió las alarmas ante la preocupante situación de desnutrición que ha cobrado la vida de 55 niñas y niños menores de 5 años en el departamento de La Guajira entre enero y el 21 de septiembre de este año, según datos del Instituto Nacional de Salud (INS). Estas devastadoras cifras ponen de manifiesto una crisis humanitaria que requiere una respuesta urgente y efectiva.
De acuerdo con las cifras, el 93 % de estas muertes afectó a la población indígena en la región, resaltando la necesidad de políticas públicas integrales y una respuesta gubernamental sólida que aborde las necesidades y los contextos específicos de las comunidades indígenas del departamento, según la Defensoría.
Las comunidades indígenas más afectadas fueron la Wayúu, con 46 fallecimientos, seguidas por Wiwa (3), Kogui (2) y Arhuaco (1). Además, se reveló que el 83.9 % de las muertes ocurrieron en zonas rurales, y el 7.1% de los casos correspondió a hijos e hijas de madres cuyas edades oscilan entre los 12 y 17 años.
Además de las lamentables muertes, se notificaron 1,993 casos de desnutrición aguda moderada y severa en niñas y niños menores de 5 años en La Guajira durante el mismo período, lo que representa un aumento del 47 % en comparación con el año anterior.
El 96 % de los casos de desnutrición correspondió a niñas y niños en el estrato socioeconómico 1, y el 16.5 % se identificó como casos reincidentes, lo que subraya la falta de garantías necesarias para mantener un estado óptimo de nutrición en estas poblaciones vulnerables.
La Defensoría del Pueblo ha hecho un llamado a todas las autoridades pertinentes para que tomen medidas integrales en casos de desnutrición, cumpliendo con las responsabilidades establecidas en la Resolución 2350 de 2020.
En vista de esta crítica situación, también se instó al Gobierno nacional a cumplir con la Ley 2294, sancionada como el Plan Nacional de Desarrollo (PND), y a adoptar acciones integrales y rutas claras para garantizar el derecho humano a la alimentación, un eje fundamental en la agenda gubernamental.
“Pedimos al Gobierno nacional que, en cumplimiento de la Ley 2294, por medio de la cual se sancionó el Plan Nacional de Desarrollo, sean adoptadas acciones integrales y rutas que permitan lograr el eje transformador del derecho humano a la alimentación, el cual se estableció como uno de los ejes del actual gobierno, y en el que se expuso la importancia de lograr disponibilidad, acceso y medidas de adecuación para garantizar ese derecho”, solicitó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Además, la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional y la mesa de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) de La Guajira han sido convocadas a coordinar esfuerzos y establecer rutas claras para la atención de la primera infancia en el departamento, con un enfoque étnico, dado que esta población sigue siendo la más afectada por la desnutrición.
La situación en La Guajira es crítica y requiere una respuesta urgente y coordinada de todas las autoridades competentes para poner fin a esta trágica crisis de desnutrición que está cobrando la vida de niñas y niños en la región.