Adicional a la crisis social y de orden público que azota a la población de Tumaco, la Defensoría del Pueblo constató la presencia de perforaciones artesanales en los oleoductos que contaminan los afluentes y la vegetación del municipio nariñense. Como si no fueran suficientes las por lo menos seis acciones violentas de los últimos días, la delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente encontró, en un recorrido por las riberas de los ríos Mira, Rosario y Caunapí, perforaciones en la tubería que ocasionan un grave impacto sobre el ecosistema. Las observaciones del equipo de la entidad constataron la presencia de crudo en las fuentes hídricas y la vegetación, justo en zonas donde hay varias viviendas y algunas instituciones educativas. De hecho, una aproximación previa elaborada por la Gobernación de Nariño y la Dirección Administrativa para la Gestión del Riesgo de Desastres estimó una afectación para 2.700 familias de los sectores circundantes como consecuencia de este fenómeno. Cabe señalar como antecedente que, según un estudio del Instituto Nacional de Salud, para el año 2013 se encontraron 56 puntos con alto riesgo para el consumo de agua, 12 sanitariamente inviables y cuatro con nivel de riesgo medio. La Defensoría del Pueblo constató cómo las extracciones ilegales artesanales de crudo se realizan mediante la instalación de llaves improvisadas con brocas de tungsteno, desde las cuales salen mangueras que conducen el combustible. Luego se lleva a cabo un proceso básico de refinación, a través de la unión de 14 o 15 canecas de 55 galones, donde "manos inescrupulosas", indica la Defensoría, calientan el crudo. Allí, las sustancias volátiles se evaporan y los residuos más pesados son depositados en piscinas abiertas sin ningún tipo de manejo. Según la Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño), de cada diez derrames de petróleo, nueve obedecen a las llaves artesanales y uno a los atentados de los grupos armados ilegales. La Defensoría ha advertido sobre el recrudecimiento de los ataques contra la Fuerza Pública y la infraestructura energética y petrolera, al igual que sobre la siembra indiscriminada de minas antipersona que, hasta junio de este año, ya había ocasionado diez accidentes. En dichos informes, la entidad indica que estos riesgos se deben a la injerencia de las FARC, a través del frente 29 y la columna móvil 'Daniel Aldana', así como de la bacrim 'Los Rastrojos', ahora en menor proporción debido a los golpes de las autoridades y el predominio de la guerrilla.