Desde las 9 de la mañana del pasado 20 de enero estuvieron los magistrados de la Corte Constitucional debatiendo sobre dos demandas y una ponencia que piden despenalizar el aborto en Colombia. Al final de esa tarde, la votación era, como lo había anticipado SEMANA, de cuatro a favor contra cuatro en contra.
Cada magistrado tuvo un tiempo de intervención aproximado de media hora inicialmente, pero después, por la densidad del expediente, se extendió a una hora. Los conjueces que definirán todo son Juan Carlos Henao en la ponencia de Rojas, y Julio Andrés Ossa Santamaría en la ponencia de Lizarazo.
En la Sala, que suele ser de nueve magistrados, solo participaron ocho. La razón es porque el magistrado Alejandro Linares presentó un impedimento que le fue aceptado.
La razón por la cual se habla de un posible impedimento de Linares es porque justamente en entrevista con SEMANA, como ponente de otro tema, terminó diciendo que este año la Corte tenía “otro chicharrón” en la lista de temas a abordar. Las palabras, y el calificativo, no cayeron bien entre sus compañeros.
Esto quiere decir que el debate en el país por el tema del aborto continuará y en medio de ese escenario hay organizaciones que piden un espacio para ser escuchados. Varios movimientos cristianos enviaron una carta a la Corte Constitucional solicitando una audiencia para plasmar su postura frente a la demanda que pide tumbar el artículo 122 del Código Penal que establece penas de cárcel a quien practique el aborto por fuera de las tres cáusales permitidas desde 2006 (abuso sexual, malformación del feto y peligro para la vida de la madre).
David Cote, abogado de los movimientos cristianos, insistió en la necesidad de que en una audiencia se escuchen las razones de fondo jurídico para que sean incorporadas a las decisiones finales que se tomarán más adelante.
“Los magistrados terminaron decidiendo por todos los colombianos en temas muy sensibles de sociedad, afectando el contrato social y político, vulnerando el principio democrático, el Estado de derecho e imponiendo por la fuerza una nueva agenda social, desconociendo el mandato constitucional”, expresó.
Así mismo, indicó que la postura de los movimientos cristianos, la de frenar la despenalización del aborto, debe ser tenida en cuenta con base en los argumentos que serán presentados en dicha audiencia.
“Como ciudadano, y siendo la voz de los que no se pueden defender en el vientre, los que no tienen voz, los únicos que no tienen la culpa del egoísmo, la indiferencia y la crueldad de un sistema indolente, a su vez de millones de colombianos cansados del abuso constante que ustedes y sus predecesores han causado, los exhorto a que paren ya de extralimitar el poder que les ha conferido la Constitución”, precisó.
El tema es polémico sin importar desde qué escenario se mire. A nivel internacional, el 50 % de las mujeres, según una encuesta reciente, aseguran que la legalización del aborto debe darse cuando la mujer lo decida; el 23 % apoya la interrupción voluntaria del embarazo solo bajo ciertas circunstancias, y el 5 % no está de acuerdo con la legalización en general.
Desde la perspectiva de la edad, el 44 % de los menores de 35 años manifiesta apoyar el aborto en cualquier contexto; el 25 % está de acuerdo, pero solo en condiciones determinadas; el 13 % cree que solo debería practicarse legalmente cuando haya riesgos para la vida de la mamá, y el 5 % rechaza la legalización en todos los casos.
La tendencia es similar para las personas entre 35 y 49 años, aunque cambia para los adultos entre 50 y 74, pues el 51 % apoya la legalización total, si la mamá lo desea; el 24 % cree que debe permitirse en circunstancias específicas; el 10 % rechaza esa opción, a menos que exista el riesgo para la vida de la gestante, y el 4 % da un no rotundo.
Cabe recordar, en este caso, que la ponencia más importante que debe debatir la Corte es la del magistrado Alberto Rojas Ríos, quien terminará muy pronto su período como togado. Esa ponencia plantea la inconstitucionalidad del artículo 122 del Código Penal, que condena a las mujeres que aborten entre 16 y 54 meses de prisión; además, se le da un plazo de dos años al Congreso para que legisle con libertad sobre la interrupción voluntaria del embarazo.