En la noche de este viernes 21 de octubre, la alcaldesa de Bogotá publicó un documento en el que confirmó que la licitación para la construcción del cable aéreo en la localidad de San Cristóbal había sido declarada desierta por falta de oferentes.

Culminado el plazo, ninguno de los dos oferentes europeos con capacidad técnica y experiencia para el desarrollo de esta modalidad de infraestructura y que inicialmente mostraron su interés. Por esta razón, la licitación fue declarada desierta.

Sin embargo, esto parece la crónica de una deserción anunciada, ya que hace poco más de un mes, la Personería de Bogotá había advertido al Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, que suspendiera la licitación debido a las situaciones socioeconómicas que estaba trayendo el aumento de la inflación y los precios de las divisas internacionales.

A través de varios documentos, que conoció SEMANA, la Personería había recomendado pausar el proyecto hasta que la situación mejorara, pues, se corría el riesgo de aumentar los costos de los productos necesarios para culminar la obra.

Inicialmente, la Personería advirtió que: “como la tasa de cambio Euro (EUR) / Peso Colombiano (COP) no presentó mayor volatilidad en su comportamiento, es posible afirmar que no existe una perturbación coyuntural que afecte los costos del proyecto, y, por ende, el proceso de licitación, por lo que este riesgo cambiario debe ser responsabilidad exclusivamente del contratista”.

Esto significaba que si bien se pensaba que los cambios no iban a darse tan abrupta ni tan rápidamente, era el contratista el que debía asumir los costos extra, lo que evidentemente alejaría a los oferentes para licitar.

“Sin embargo, dentro de la estructuración del presupuesto oficial, la Entidad tiene en cuenta una bolsa de $10.602.378.058 por este concepto. Así mismo, para el riesgo número 7 definido en la Matriz de riesgos, se establece esta condición como una situación que es muy probable que ocurra, afecta la ejecución del contrato y es asumida por la Entidad, tal como se establece en el presupuesto oficial. En este orden de ideas, no existe coherencia y consistencia en los documentos de planeación del proceso precontractual”, explicó la Personería.

Frente a esta observación, el IDU había respondido a la Personería mediante otro documento en el que aseguraba que el riesgo asociado a la tasa de cambio EURO/COP (entre el Euro y el Peso) se ajustaría en los documentos definitivos, incluyendo la matriz de riesgos.

Dicho esto, el IDU continuó con el proceso licitatorio.

Por otra parte, en el mismo documento de recomendaciones, la Personería llamó la atención sobre el presupuesto oficial para la obra, asegurando que no aparecían desglosados los valores fijos y variables que serían de gran importancia para los procesos licitatorios.

Estos valores, aseguraba la entidad, les permitían a “los futuros oferentes pronunciarse o presentar observaciones sobre estos puntos que tienen incidencia directa en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, máxime cuando los riesgos de los pagos a precios globales, serán asumidos por el futuro contratista del proyecto”.

Sobre este punto, el lDU aseguró que se publicó el presupuesto con los valores unitarios de cada uno de los componentes y se encuentran disponibles “en la plataforma de contratación estatal SECOP II, con ello la entidad está dando cumplimiento a las disposiciones normativas en cuanto a publicación de los valores que componen el presupuesto.

En este sentido, explicaba la entidad, los interesados podían revisar los valores peei que era obligación de cada interesado, incluir costos indirectos como el AIU, PMA-SST, DCyCE, PMT, ajustes por cambio de vigencia y demás, dando a entender que los cambios inflacionarios o de divisas internacionales debían incluirse allí.

A pesar de las advertencias, el IDU continuó con el proceso licitatorio que, finalmente, ayer fue declarado desierto. Con una consecuencia real y es que los habitantes de San Cristóbal se quedaron sin un medio de transporte efectivo.