En una providencia que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió en mayo de 2018, frente a los casos de las masacres en San Roque, Ituango y El Aro, el Alto Tribunal se aproximó a una definición del concepto de masacre que, pese al largo historial de violencia en el país, no se encuentra tipificado en el Código Penal. De hecho, ni en la legislación interna ni en la foránea hay una definición de masacre para tipificar sobre esa base un delito autónomo, explica la Corte en el documento, remitiéndose a fuentes como diccionarios y el trabajo de expertos en la materia, como Ricardo Badillo Grajales.
“En general, se trata a la manera de un concurso de homicidios y de lesiones personales, agravados por diferentes causales, a menudo la indefensión de las víctimas. Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE), masacre significa matanza de personas por lo general indefensas”, señala el texto. Esta ambigüedad en la legislación colombiana ha generado un debate luego de que el pasado sábado, en Nariño, el presidente Iván Duque dijera que el nombre preciso de las masacres ocurridas en los últimos días en el país es "homicidios colectivos". En entrevista con SEMANA, el director de la ONG Indepaz, Camilo González Posso, indicó que en el Código Penal, si bien no hay una categoría para designar estos homicidios, se habla de homicidios colectivos, “pero desde el punto de vista del lenguaje político y el lenguaje académico, en Colombia se habla de masacres desde la masacre de las bananeras (1928) porque eso ha sido una práctica de destrucción de comunidades y de organizaciones”. En ese sentido, el exministro explica que una masacre “no es simplemente que en algún lugar matan por casualidad a algunas personas, sino que hay un patrón, sistematicidad y un objetivo planificado de destrucción; no es un asunto azaroso”. Por eso, en su opinión, no hay que “banalizar y comenzar a disminuir el lenguaje, o a decir que las masacres sucedían en el pasado”. Hablar de homicidios colectivos en lugar de masacres en un país como Colombia “banaliza este tipo de crímenes, le disminuye la importancia y desconoce que se trata de un fenómeno criminal induciendo la idea de que es un asunto secundario, un asunto azaroso”.
Según González, usar otra terminología frente a estos crímenes “conduce no solamente al eufemismo del lenguaje, sino a malas políticas, a desorientar al Estado y a la equivocación por omisión de políticas. Eso es una forma del Gobierno y el Estado de eludir responsabilidades”. Sin embargo, existe documentación oficial que se refiere a la definición de masacres. Por ejemplo, el Centro de Memoria Histórica se refiere a esto como “el homicidio intencional de cuatro o más personas en estado de indefensión y en iguales circunstancias de modo, tiempo y lugar, y que se distingue por la exposición pública de la violencia”. De acuerdo con este organismo, una masacre “es perpetrada en presencia de otros o se visibiliza ante otros como espectáculo de horror. Es producto del encuentro brutal entre el poder absoluto del actor armado y la impotencia absoluta de las víctimas”. Por otro lado, en el Centro Democrático surgen defensores del lenguaje usado por el presidente y reiterado por altos funcionarios como el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, Diego Molano. Gabriel Vallejo, representante a la Cámara por el Centro Democrático, le dijo a SEMANA que, en realidad, “decir masacre o decir homicidios colectivos es exactamente lo mismo”. El parlamentario explicó que, más allá de la palabra utilizada, “la realidad es que aquí están matando colombianos y que esto es producto del peor cáncer que ha tenido Colombia en los últimos 40 años: el narcotráfico”.
Entre tanto, en su providencia de mayo de 2018, la Corte Suprema cita el trabajo de Ricardo Badillo Grajales respecto al concepto de masacre que, si bien concuerda con el Centro de Memoria Histórica en varios aspectos, dice que la principal característica de este tipo de asesinato “es la desigualdad de condiciones que existe entre atacante y víctima, estando, como indicábamos, esta última en inferiores condiciones siempre. Y el otro rasgo distintivo es que normalmente presentan una enorme carga de alevosía, crueldad y violencia”. “En aquel contexto, una masacre podría adecuarse típicamente en un concurso de homicidios agravados, homicidios en persona protegida o, en el delito de genocidio, cuando ello fuere procedente”, concluye el Alto Tribunal. Vale recordar que, según cifras de Indepaz, en lo que va corrido del año se han registrado ya 46 masacres. Al respecto, Camilo González Posso indicó a este medio que “antes de la firma de los Acuerdos de Paz los niveles de masacres eran muy superiores porque aquí la violencia, la guerra, todo el paramilitarismo fue con la metodología de las masacres y, por supuesto, que en el pasado el número de víctimas se contaban por miles, y ahora estamos contando por cientos, que es gravísimo también”.