Cada vez que un migrante aparece involucrado en un hecho delictivo, las redes sociales estallan en contra de su nacionalidad. La relación entre esta y la delincuencia parece volverse, irremediablemente, más estrecha. El fenómeno no es nuevo, ni ajeno a los procesos de éxodo en el mundo, pero la pregunta es si tal relación existe. Hasta el momento nadie ha podido probar una relación causal entre migración e incremento de criminalidad. “Más que una relación es una percepción”, dice Daniel Mejía, exsecretario de seguridad de la Alcaldía de Bogotá. “En las cifras objetivas de crimen no se ve un aumento significativo de indicadores de captura de personas procedentes de Venezuela”, agrega. En efecto, el número de venezolanos capturados en Colombia desde el inicio de la crisis migratoria, en 2015, solo llega al 2 por ciento de la totalidad de los detenidos en el territorio nacional desde ese año hasta 2019, según cifras de la Policía Nacional analizadas por el Observatorio del Proyecto Migración Venezuela. Además, de acuerdo con la información del Inpec a mayo de 2020, los venezolanos que están en las cárceles del país y en prisión domiciliaria solo representan el 1 por ciento del total de la población privada de la libertad en Colombia.
Migración Colombia expulsó al ciudadano venezolano Maikel Navarro luego de que pagó 13 meses de prisión por hurto. Foto: Migración Colombia. Pero una cosa es el mínimo porcentaje de detenidos y otra el aumento de migrantes que protagonizan conductas delictivas. De acuerdo con datos de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, entre 2018 y 2019 los venezolanos capturados casi se duplicaron, al pasar de 7.243 a 13.992. Con esto, la tasa de capturas por cada 10.000 habitantes también aumentó de 62 a 79. Sin embargo, el director de seguridad y política criminal de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), Jerónimo Castillo, desconfía de ese aumento considerable. “Los migrantes venezolanos son objeto particular del sistema penal y la Policía. Como no tienen documentos les es más difícil acceder al sistema de justicia y, por ende, son usados a menudo para dar resultados ante la opinión pública, lo cual hace que crezca esa percepción errónea en la sociedad”, sostuvo el experto. Además, resulta obvio que con el aumento de la población migrante aumente también su participación en actividades legales e ilegales.
Paradójicamente, a ese incremento de capturas se suma la impunidad. La dificultad para establecer la plena identidad de un sospechoso ha sido una talanquera sobrediagnosticada en el pasado. Los jueces deben dejar a los detenidos en libertad simplemente porque, además del acento venezolano, no pueden establecer ninguna otra información, lo cual imposibilita los procedimientos por asuntos formales. “Lo peor que le puede pasar a la población migrante es que no se judicialice a quienes sí están cometiendo delitos, pues obviamente se genera una sensación de impunidad y eso perjudica a los venezolanos de bien, que son la mayoría”, dice Mejía, también exdirector de políticas públicas de la Fiscalía y profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Las autoridades deportan o expulsan del territorio nacional a los delincuentes venezolanos que no han podido judicializar, pero con el país vecino esta práctica no siempre da resultados. Al no tener relaciones diplomáticas con Venezuela y compartir una frontera porosa de más de 2.217 kilómetros, resulta casi imposible evitar que regresen a Colombia y sigan delinquiendo. Christian Krüger, exdirector de Migración Colombia, reconoció que en varias ocasiones encontraron a ciudadanos reincidentes que ya habían expulsado. Esto, inevitablemente, causa que los pocos transgresores sigan engrosando las cifras de delitos y también la mala percepción sobre esta gente. De hecho, los estudios realizados por el Observatorio del Proyecto Migración Venezuela han encontrado que el imaginario de que los venezolanos empeoran la criminalidad viene en aumento. La última encuesta, realizada entre marzo y abril de 2020, en pleno aislamiento obligatorio, muestra que el 53 por ciento de los colombianos considera a los migrantes una amenaza para la seguridad ciudadana. Ese indicador presentó un incremento de 13 puntos porcentuales frente a 2019. Pruebas piloto El camino a la integración parecería pasar entonces por acercar las instituciones a la población venezolana y realizar programas para identificarlos y documentarlos plenamente. El año pasado, Migración Colombia lideró unas pruebas piloto de identificación biométrica que, según Krüger, tuvieron éxito. “Lograr una plena identificación y registro de quienes huyeron del régimen de Nicolás Maduro es, a todas luces, un gana-gana. No solo resulta beneficioso para el Estado colombiano, sino también para los propios migrantes, que pueden acceder a la oferta institucional y legal del país y, por ahí, ser sujetos de derechos y deberes”, explicó el exdirectivo. “Para este año se había dejado todo listo, el Gobierno había dispuesto recursos y la Unión Europea iba a cooperar, pero con este tema del coronavirus todo debe dificultarse bastante”, agregó.
Esta inclusión que haga el Estado puede combatir eficazmente la delincuencia que, como explica Felipe Muñoz, asesor de la Presidencia para la crisis migratoria, muchas veces responde a la sobrevivencia. “Si uno mira los delitos por los que caen los migrantes, el 20 por ciento es por hurto a entidad comercial. Eso valida la literatura internacional, que dice que, de existir aumento en la criminalidad, estaría más asociado a delitos contra el patrimonio que contra la vida. Si uno mira homicidios, los migrantes solo participan en 2,85 por ciento”, aseveró Muñoz. A esto hay que adicionarle que cerca del 20 por ciento de las infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana atribuidas a migrantes tuvieron que ver con invasión al espacio público. Esta conducta demuestra la necesidad de la inclusión laboral y también puede dar luces del aumento en la mala percepción; en la medida en que más venezolanos ocupan las calles, más crece esa sensación de inseguridad. Pero ciertamente hay territorios en los que los venezolanos responden por un mayor porcentaje de las conductas delictivas. Esto sucede especialmente en zonas fronterizas como Maicao, Villa del Rosario y Arauca. De esto tienen consciencia las autoridades nacionales, que trabajan con los mandatarios locales en buscar soluciones. Entre 2015 y 2019 Migración Colombia expulsó o deportó a un poco más de 7.000 ciudadanos venezolanos. En ese sentido, Juan Francisco Espinosa, director de la entidad, fue radical: “No vamos a permitir que unos cuantos dañen la imagen de todo un pueblo y afecten el orden y la tranquilidad de nuestro país”. Más migrantes víctimas
Por cada 10 mil venezolanos, 13 han sido víctimas de lesiones personales. Foto: Guillermo Torres SEMANA La otra cara de la moneda, de la cual no se habla mucho, es que los migrantes también son víctimas. Las cifras son elocuentes. Según el Observatorio del Proyecto Migración Venezuela, el 3,9 por ciento de los asesinatos ocurridos durante 2019 en Colombia se cometieron contra un migrante venezolano; esto es 23,2 homicidios por cada 100.000 habitantes en Colombia. Esa tasa es inferior a la nacional (25), pero no ha parado de crecer desde 2016. Otro delito que enciende las alarmas es el de lesiones personales. Ahí, la tasa nacional fue de 23 casos por cada 10.000 habitantes, mientras que la de venezolanos llegó a 13. Las cifras van en aumento, pero el panorama puede ser aún más crítico si se tiene en cuenta el subregistro: cientos de ciudadanos venezolanos con estatus migratorio irregular temen denunciar por miedo a ser deportados.