En menos de tres meses, la Comisión de la Verdad le revelará al país el informe final sobre el conflicto armado en Colombia, un compromiso adquirido en medio de los diálogos de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc en La Habana. Aunque no se conocen detalles de cuál será la narrativa de dicho documento, esta semana aumentó la desconfianza de un sector del país ante el posible sesgo de algunos comisionados. Todo surgió a raíz del encuentro entre el expresidente Álvaro Uribe, el padre Francisco de Roux, presidente de dicha Comisión, y los comisionados Lucía González y Leyner Palacios.
La reunión estuvo marcada por la tensión. Para algunos fue evidente el doble rasero en el tratamiento que tuvo Santos cuando compareció ante la Comisión, y el que recibió Uribe en su casa en Rionegro, Antioquia, a donde viajaron De Roux y los comisionados para escuchar su testimonio sobre la guerra en Colombia.
Mientras que lo de Santos fue todo un evento marcado por el protocolo y el respeto, en el que fue escuchado sin interrupciones, en el caso de Uribe hubo recriminaciones y, prácticamente, se vio un enjuiciamiento en vivo y en directo al expresidente. “Me conmovieron sus últimas palabras, tengo que expresárselo con toda sinceridad”, le dijo De Roux a Santos. Con Uribe, el asunto fue a otro precio. “A Santos lo trataron como un rey. Allá lloró y lo trataste como un rey”, le dijo Tomás Uribe a Lucía González.
Quizás lo que más desató la polémica fue el episodio que se registró entre Lucía González y Tomás Uribe, el hijo mayor del exmandatario, quien recordó trinos en los que ella mostraba simpatía por la incursión política de las Farc. De hecho, mientras transcurría el encuentro, en las redes sociales se divulgaron los mensajes de González, en 2017. “Yo hoy estoy de fiesta porque las Farc constituyeron su partido político. No solo respeto, comparto sus principios. Buen camino”, escribió ella el primero de septiembre de ese año. En otro mensaje, la misma comisionada se solidarizó con Jesús Santrich, el exjefe de las Farc que murió este año en un enfrentamiento con un comando enemigo en Venezuela. “Salud Jesús Santrich! Necesitamos tu sabiduría y tu alegría”, escribió la comisionada en julio de 2017.
“Yo nunca diría que comparto los principios de Pablo Escobar, ni de Castaño, ni de Mancuso, ni de las Farc. Ningún grupo terrorista, todos me saben a mierda”, dijo Tomás Uribe. Mientras que para algunos esto fue un comportamiento destemplado del hijo del expresidente, para otros fue una verdad cruda que tenía que decirse sin importar las circunstancias y los protocolos. A raíz de ello, Gustavo Petro criticó en sus redes sociales a Tomás Uribe. El expresidente le replicó: “Tiene otro parecido con Chávez: Petro insulta y es muy guapo pero a distancia”. La oposición fue muy crítica del episodio con Tomás; en cambio, en el uribismo lo aplaudieron por defender a su papá a toda costa. Por su parte, el padre De Roux calificó el acto como descortés. Sin embargo, en Rionegro, el sacerdote no dijo eso ante los protagonistas.
La versión para la historia
La diferencia en las formas en que fueron tratados Santos y Uribe abre, sin duda, un gran interrogante sobre lo que viene y el enfoque del informe de la Comisión de la Verdad. En juego está la versión para la historia, las nuevas generaciones y la comunidad internacional sobre la guerra que libró el Estado colombiano durante décadas contra las Farc, el ELN y los paramilitares.
Por ese motivo, la Comisión de la Verdad debe ser consciente de que su rol va más allá de compromisos políticos con Santos o Uribe. De por medio debe haber un relato que respete la memoria de las víctimas y que haga real justicia sobre lo que sufrió el país. Pretender desequilibrar la balanza o eximir de responsabilidades a ciertos expresidentes, bien sea por sesgos o por relaciones cercanas que vienen del pasado, sería muy lamentable. El informe tampoco se puede convertir en un cobro de cuentas del santismo contra el uribismo o viceversa con la anuencia de algunos comisionados. Eso no solo no contribuye a la verdad, sino que impide la necesaria reconciliación de los colombianos. Muchos tendrán que responder y nadie puede sentirse privilegiado o exonerado en el relato de la guerra en el país.
La tarea de la Comisión de la Verdad demanda una imparcialidad a toda prueba de sus integrantes. Cualquier sesgo, sea el que sea, le hace un daño enorme a la credibilidad de la Comisión y al trabajo que viene desempeñando. Pero lo ocurrido en los últimos días, lamentablemente, está alimentando las dudas de un sector sobre el trabajo de los comisionados. Además, se divulgaron de nuevo unas palabras que en su momento pronunció el padre Francisco de Roux en las que aseguraba que apreciaba a Pablo Beltrán, comandante del ELN.
El congresista Jaime Felipe Lozada, quien estuvo más de tres años secuestrado por la entonces columna móvil Teófilo Forero de las Farc, dijo que las víctimas deben “exigir el retiro de Lucía González como comisionada de la verdad. Su admiración por nuestros victimarios es una clara revictimización que duele y lacera”, expresó. Para el huilense, la Comisión de la Verdad fue creada para reescribir la historia a favor de los victimarios, “así como la JEP para lavar sus manos manchadas de sangre”.
¿Tiene razón Uribe y la derecha en preocuparse por un sesgo ideológico en la Comisión de la Verdad? ¿Será totalmente objetivo el informe que se divulgará en los próximos meses? La senadora María Fernanda Cabal cree que ya es tarde para cualquier tipo de queja. “Ya reescribieron ‘su verdad’. Esas comisiones solo lavan los crímenes de las guerrillas escudadas en el delito político. Y si nos vamos a los ‘magistrados’ de la JEP, el descaro es igual o superior en la mayoría de los casos”, afirmó. ¿Para qué la Comisión?
La Comisión de la Verdad nació en 2017, luego de la firma del acuerdo en el Teatro Colón en Bogotá entre el Gobierno Santos y las Farc. Desde entonces, ha enfrentado críticas por su sesgo. La designación del sacerdote De Roux, por parte del presidente Santos, no fue bien vista por sectores de la derecha que denunciaron falta de garantías y un desequilibrio entre las partes. Otro asunto es que de los 11 comisionados escogidos para redactar el documento final solo uno manifiesta una ideología distinta.
Se trata del mayor general (r) del Ejército Carlos Guillermo Ospina, quien se ha quejado públicamente de falta de imparcialidad con sus colegas. En julio de 2020 se creó una polémica porque el comisionado, que tiene las mismas funciones que los demás, convocó a un simposio con militares vinculados a investigaciones de falsos positivos, entre ellos el coronel (r) Hernán Mejía. “¿Vamos a reconstruir la verdad escuchando solo a algunos interlocutores? ¿Solo vamos a escuchar a quienes nos ‘melodean’ sus encantos para su beneficio?”, cuestionó el general cuando no le permitieron realizar el evento.
En la baraja de comisionados hay defensores de derechos humanos, médicos, periodistas, entre otros investigadores, que han dejado claro cuáles son sus posiciones frente al conflicto vivido por el país. Fuera de Lucía González, el general (r) Mejía y el padre De Roux, se encuentran Leyner Palacios, un líder chocoano que también conversó con Uribe; la periodista Marta Ruiz, abiertamente antiuribista como se veía en sus redes sociales; el cronista Alfredo Molano Bravo, quien falleció en 2019; y la líder social chocoana Ángela Salazar, que también murió por la covid-19. “El miedo a Uribe tiene jodido el proceso de paz. La paz será sin Uribe, y ¿qué?”, dijo en julio de 2016 Marta Ruiz, en su cuenta de Twitter.
A la lista de comisionados se suma Alejandra Miller, lideresa feminista que se desempeñó como secretaria del anterior gobernador del Cauca, Óscar Campo. También, Alejandro Valencia, que trabajó para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos internacionales; Alejandro Castillejo, doctor en Antropología; el investigador español Carlos Martín Beristain, que ha integrado otras comisiones de este tipo en Latinoamérica; la lideresa embera Patricia Tobón y el médico Saúl Franco.
Desde el Gobierno Duque se ha promovido una buena relación con la Comisión y el padre De Roux. “Lo que nosotros estamos esperando es que la verdad sea la realidad de lo que ocurrió y no tenga ninguna desviación ni ningún sesgo”, le dijo a SEMANA el consejero para la estabilización, Emilio Archila.
Por ahora, la Comisión tendrá dos meses largos para culminar el informe, a menos que prospere una demanda presentada por varias organizaciones ante la Corte Constitucional que busca extender ese plazo, argumentando dificultades para llevar a cabo los diálogos presenciales en medio de la pandemia.