No han sido días fáciles para Empresas Públicas de Medellín (EPM). El impacto del fallo de primera instancia de la Contraloría General contra más de una veintena de personas –naturales y jurídicas– por el descalabro del proyecto hidroeléctrico de Ituango (Hidroituango), por más de 4,3 billones de pesos, comenzó a tener efecto.

Dos de las tres firmas que pertenecen al consorcio constructor de Hidroituango –Conconcreto y Coninsa Ramón H– se acogieron a sendos procesos de reorganización empresarial ante la Superintendencia de Sociedades, hecho que impulsaría el cambio de contratistas para terminar el proyecto. Esto retrasaría la entrada en operación de la central y generaría traumatismos para EPM y el sistema energético nacional.

Pero por si fuera poco, mientras se decantaban los efectos de la decisión de estas dos empresas y una reunión de alto nivel se desarrollaba en el Palacio de Nariño para analizar la situación de Hidroituango, el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró, en primera instancia, la nulidad en el nombramiento de Jorge Andrés Carrillo como gerente de EPM. La empresa advirtió que el gerente continúa en funciones y que impugnará la decisión ante el Consejo de Estado.

En medio de todo este remolino, EPM, en los próximos días, llevará al Concejo de Medellín uno de sus proyectos bandera: la venta de la participación que tiene en UNE, que le permitiría acceder a recursos por al menos 2 billones de pesos para sacar adelante, precisamente, a Hidroituango. Será un debate complejo y muy tenso, dada la polarización y el enfrentamiento del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, con parte del establecimiento paisa y los partidos de oposición. Todo un coctel de situaciones desafiantes.

Jaque a Hidroituango

Pero, sin duda, hoy la prioridad es Hidroituango. El alcalde Quintero ha denunciado errores y malas decisiones que llevaron a la crisis que se generó en el proyecto y decidió demandar a contratistas, diseñadores e interventores. El tiempo parece darle la razón: la Contraloría inició la investigación y anunció el fallo de responsabilidad fiscal contra algunos de los que han participado en el proyecto.

“El futuro energético del país se construye con honestidad, sin corrupción, con planificación y cumplimiento de la ley. Aquí hay detrimento de 12 billones de pesos de los colombianos que deben ser devueltos por las empresas y políticos responsables”, trinó el alcalde Quintero.

En entrevistas radiales, el burgomaestre advirtió que los contratistas habían bajado la calidad de hierros, pernos y cambiado los diseños. El consorcio rechazó las acusaciones y el abogado Fabio Humar, en un derecho de petición, le pidió pruebas al alcalde y si había denunciado estas situaciones ante las autoridades.

Aunque los reflectores en el pronunciamiento de la Contraloría se han enfocado en nombres como los del exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo –hoy precandidato presidencial en la Coalición de la Esperanza y con una de las intenciones de voto más altas en las encuestas– o el también exgobernador Luis Alfredo Ramos, la importancia que tienen los otros implicados es mayúscula.

Dentro de esos sancionados en el fallo de primera instancia –cuyo recurso de reposición y apelación están pendientes de definirse por parte de la Contraloría–, se encuentran Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa Ramón H, que conforman el consorcio CCC Ituango, encargado de las obras civiles, cuyos avances se ubican en un poco más del 85 %. Su papel es protagónico porque de la terminación de la obra depende que el proyecto entre a generar energía con dos unidades, una a mediados de 2022 y la otra a finales.

Sin embargo, dos de las empresas se movieron jurídicamente. Con apenas 24 horas de diferencia, primero Coninsa Ramón H y posteriormente Conconcreto se acogieron a procesos de reorganización empresarial y fueron admitidas por la Superintendencia de Sociedades, hecho que algunos han visto como un esguince frente a la sanción de la Contraloría. Incluso, Conconcreto explica en un comunicado el impacto patrimonial y operativo que representa el fallo de la Contraloría –que aún no está en firme–, pero que su panorama financiero es “sólido y positivo”.

La situación deja a EPM sin margen de maniobra porque todo indicaría que tendría que salir de los actuales contratistas. El contrato vigente con el consorcio se vence el 31 de diciembre de este año, luego de las prórrogas tras su finalización en 2018.

La expectativa está centrada en la respuesta por los recursos de reposición y apelación de los implicados que hoy analiza la Contraloría, pues EPM no podría prorrogar el contrato con firmas sancionadas por este ente de control. Pero, además, tampoco es viable seguir con ellos porque se acogieron a procesos de insolvencia y, por si fuera poco, están demandadas por la misma EPM. Sería visto como una falta de planeación de esta última, ante una compleja contingencia.

Sin embargo, el consorcio podría ceder el contrato antes del 31 de diciembre a un tercero –que no sea una filial, según advirtió el alcalde Quintero–, y a ese nuevo jugador, EPM sí podría prorrogárselo. El tema de la filial es clave porque Camargo Correa, una de las empresas de construcción más grandes de Brasil, cambió el vehículo con el que participa en el consorcio, generando también una discusión jurídica.

Mientras tanto, EPM sigue estructurando un plan B. De más de una veintena de firmas que tuvo en un principio para terminar eventualmente la obra, la lista corta ya va en ocho. Incluso, la misma EPM podría entrar a participar en la construcción.

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) señaló que una salida es suspender los efectos del fallo de la Contraloría General, dado que el asegurador cubre la contingencia del caso. Pero este punto también ha sido fuente de debate.

Según las cuentas de la Contraloría, la póliza alcanza a cubrir 2.500 millones de dólares. Sin embargo, el alcalde Quintero ha advertido que hay obras cuyos costos no están cubiertos, y la cifra podría ascender a más de 1.000 millones de dólares, a los que se suman 800.000 millones de pesos, por cuenta de deducibles.

El impacto

El cambio de contratistas retrasaría la entrada en operación del proyecto. La duda es por cuánto tiempo. Los cálculos iniciales establecen que podría ser de hasta 18 meses; sin embargo, en la Alcaldía son más optimistas y plantean escenarios de dos a cuatro meses, por los ajustes que se han venido haciendo en el proyecto.

El retraso tiene impactos en dos frentes: uno, para EPM en el corto plazo, y otro, para el sistema eléctrico nacional. Por el lado de la empresa, en 2019 EPM entró en la subasta de cargo por confiabilidad y se comprometió a entregar energía en firme al sistema por cuenta de Hidroituango. Esta energía provendría de las dos turbinas que entrarían en operación el año entrante.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ya le había dado una ventana de oportunidad al proyecto, permitiendo un retraso de un año sin sanciones. Sin embargo, si el año entrante Hidroituango no entra con las dos turbinas, EPM podría ser multada por unos 200 millones de dólares, según cálculos de la administración municipal. Pero se abriría un debate jurídico, esta vez con la CREG, porque la empresa podría responsabilizar a la pandemia, como fuerza mayor, para justificar al menos cinco meses del retraso.

Además, algunos de los financiadores del proyecto están a la espera de su entrada en operación. Si no lo logra, podrían ejecutar esas deudas, como sucede con el caso del BID Invest, cuyo crédito supera los 400 millones de dólares. De hecho, una de las cláusulas en el crédito –que hoy está en discusión con esa entidad y en la que EPM espera la ayuda del Gobierno– está relacionada con la permanencia de los contratistas al frente de la obra.

Por el lado del sistema energético, también hay dos preocupaciones: el riesgo de un racionamiento si no entra en operación, en especial cuando se registra un aumento en la demanda –que para septiembre creció incluso por encima del mismo mes de 2019 en prepandemia– y los proyectos de energías renovables no convencionales en La Guajira tienen dificultades en materia de consultas previas que podrían afectar su desarrollo.

Diego Mesa, ministro de Minas y Energía, aseguró a SEMANA que no hay riesgo de racionamiento porque los niveles de los embalses están en 85 %, los más altos de los últimos 30 años, “y nos garantizan total tranquilidad en materia de suministro de energía eléctrica para los años 2021 y 2022”. Y, además, porque en la subasta de energía de 2019 que se dio precisamente ante la incertidumbre de Hidroituango, se adjudicaron el equivalente a cerca de 4.100 megavatios de capacidad instalada. Esa subasta incluyó incentivos para la entrada temprana de los proyectos, por eso algunos de los que fueron adjudicados y que deberían entrar en 2022 se anticiparon y ya empezaron a operar, como Termoyopal, y otros avanzan, como una ampliación en Termocandelaria y el proyecto Tesorito.

Pero también hay una inquietud adicional: las tarifas. “En materia de precios, hay una preocupación válida, al Ituango tener una capacidad instalada tan alta. Obviamente, no contar con esa energía puede poner una presión al alza en el costo de la energía eléctrica. Sin embargo, los precios se determinan por una serie de variables que hay que monitorear”, dijo Mesa.

Faltan nuevos capítulos de esta historia, como la siguiente movida de las empresas y de EPM. Lo único claro es que los cortocircuitos parecen no acabar.