El Alcalde de Medellín, Daniel Quintero, sacudió los cimientos del establecimiento paisa como no se había visto en muchos años. La renuncia irrevocable del pleno de la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y de siete miembros de la junta de Ruta N, por el manejo que el mandatario les está dando a estas instituciones, fue el abrebocas de un debate sobre un timonazo al exitoso modelo de gestión público-privada que ha gobernado Medellín durante décadas. Las medidas del alcalde, la dinámica política de los hechos, la crisis de confianza y la magnitud del problema jurídico y financiero de ese megaproyecto solo han exacerbado las tensiones. En resumen, Quintero se brincó a la junta de EPM y su gobierno corporativo para tomar decisiones estratégicas sobre el futuro de la empresa, como cambiar su objeto social y demandar a los constructores de Hidroituango por casi 10 billones de pesos. Y en Ruta N, corporación que lidera el emprendimiento y los aspectos de ciencia, tecnología e innovación, su junta renunció porque ni siquiera tuvieron en cuenta a sus miembros para el nombramiento del nuevo gerente, aunque hace parte de sus funciones. Dos temas que no dejan de preocupar, pero que no escalarían a nivel nacional si no fuera porque hacen temblar la institucionalidad que ha erigido la clase dirigente antioqueña en los últimos 40 años y que comprometen el manejo de la tercera compañía más grande del país, motor de la economía y pilar del departamento. El golpe al gobierno corporativo tuvo un gran impacto en los mercados. Fitch bajó la calificación de EPM y mantuvo su perspectiva negativa. Señaló que se presentó un deterioro en los controles de gobierno corporativo de la empresa, en contra de los acuerdos de gobernabilidad suscritos con la ciudad.
Por su parte, la otra calificadora, Moody’s, está a la espera de cómo manejan el lío jurídico de Hidroituango y de si la pelea con los constructores retrasará su entrada en operación, lo que afectaría sus ingresos. Eso, de paso, dejaría un interrogante sobre la seguridad energética del país, pues el proyecto representa el 17 por ciento del total de la generación nacional. Los fondos de pensiones en Colombia no se quedaron atrás y advirtieron que, más allá de las fortalezas competitivas, comerciales y financieras de una compañía, el respeto de las reglas de gobierno corporativo son la garantía para participar en el desarrollo de empresas sólidas. Recordaron que los fondos de pensiones de Colombia han colaborado con la expansión e inversiones de EPM al adquirir bonos corporativos en casi 3 billones de pesos. “Recursos que son en realidad parte de los ahorros de los trabajadores colombianos”. Ante este panorama, salieron a los medios varios exalcaldes de Medellín y exgobernadores de Antioquia, encabezados por Sergio Fajardo, Federico Gutiérrez y Luis Alfredo Ramos, a expresar su preocupación por lo que está pasando. A estos vientos ya cruzados habría que sumarles fantasmas e ideologías que gravitan en el horizonte. El apoyo de Quintero a la campaña a la presidencia de Gustavo Petro hace dos años ha alimentado el temor en algunos sectores de que con este episodio la izquierda radical asomó las orejas. Hasta se oyen heraldos que vaticinan la ‘pedevización’ de EPM, al mejor estilo de lo que hizo Nicolás Maduro con la otrora poderosa petrolera PDVSA.
Pero Quintero no es Maduro ni Colombia es Venezuela. Y para nadie es un secreto que una de las banderas de Quintero a la alcaldía fue su crítica sistemática al manejo que le dio EPM a la crisis de Hidroituango. Su sorpresiva victoria electoral fue la expresión de una nueva clase media, que, de paso, le mandó un mensaje al sector político y al establecimiento empresarial antioqueño. ¿Pero qué busca el alcalde con esta audaz y riesgosa jugada? ¿Es acaso el ímpetu de un joven gobernante al que se le subió el poder a la cabeza? ¿Qué significa esta patada al tablero a una institucionalidad público-privada paisa que ha demostrado ser un ejemplo para el país? ¿Quiere cortar los vínculos de la clase empresarial con los destinos de la ciudad? ¿Es Quintero un hombre que llegó al poder para encarnar un cambio de paradigma en la visión regional o más bien un lobo con piel de oveja en el que se entrelazan la política y la ideología? ¿Llegó una nueva era? La joya de la corona Si hay una compañía emblemática en Colombia es EPM, y, por esa razón, los ruidos de esta crisis resuenan en todos los rincones. Empresas Públicas de Medellín es la joya de la corona de la capital antioqueña, un orgullo paisa y un ejemplo de gestión de una firma pública. Pero no solo eso. Es la compañía pública más grande después de Ecopetrol, tiene activos por 55 billones de pesos y ha crecido tanto en los últimos 20 años que lo que pase con ella compromete la seguridad energética y económica del país. Hoy, EPM distribuye y comercializa el 33 por ciento de la energía en Colombia con operaciones en nueve departamentos. Y con Hidroituango generará el 30 por ciento de la energía nacional. Tiene, además, operaciones de tratamiento de agua, hidroeléctricas, participa en negocios de transmisión, generación y distribución de energía en México, Panamá, Chile, Salvador y Guatemala. Solo la empresa que tiene en Chile, Aguas Antofagasta, cuenta con una inversión de casi 1.000 millones de dólares. EPM le transfiere al municipio de Medellín 1,5 billones de pesos al año de sus utilidades para libre inversión, casi la mitad del total. Pero con Hidroituango funcionando a todo vapor podría duplicar esa cifra. Gran parte de la modernización de Medellín y de su proyección ante el mundo como epicentro de innovación, adelanto industrial y resiliencia social ha sido posible gracias a que supo invertir bien esos recursos. Pero toda buena historia tiene sus espinas y la de EPM se llama Hidroituango. La crisis que desató esta obra cambió el rumbo de muchas cosas y abrió capítulos inéditos y aún por escribir. Quintero catapultó su campaña sobre ese escándalo, la salud financiera de EPM perdió oxígeno, el pulso político entre la Gobernación y la Alcaldía se agudizó, los colmillos de los organismos de control se asoman cada vez más y los abogados empezaron a desplazar a los ingenieros. Hoy, nadie sabe a ciencia cierta cuándo entrarán a funcionar las ocho turbinas de la megaobra, y el fantasma del detrimento patrimonial desvela a muchos funcionarios. La demanda que instauró EPM contra los constructores por 9,9 billones de pesos, más allá de sus legítimas razones jurídicas para proteger el patrimonio público, también abre un capítulo de confrontación. Esta puede retrasar la obra, afectar los flujos de ingresos, aumentar la deuda y perder un terreno ganado con algunas aseguradoras que ya habían iniciado, incluso, los desembolsos. (Ver siguiente artículo). Pero lo que ha pasado en materia de generación de confianza no solo sacudió los mercados y las calificadoras. También revivió los fantasmas del pasado y la gran preocupación paisa: cómo blindar a EPM ante las veleidades políticas o politiqueras de los gobernantes de turno. Han nacido veedurías municipales, vigilancias exhaustivas de los organismos de control –es tal vez una de las entidades más vigiladas del país– y protocolos. Entre esos, los acuerdos entre Medellín y la administración de la compañía de respetar la autonomía de EPM como empresa industrial y comercial del Estado y actuar exclusivamente a través de la junta directiva.
Ahora la pregunta es cómo lograr ese blindaje de EPM. Algunos analistas han revivido uno de los temas más sensibles para los paisas: llevar un porcentaje de las acciones a la bolsa, en un proceso de democratización como ISA o Ecopetrol, que le daría recursos frescos para atender su proceso de expansión. Pero este, por lo menos en el corto plazo, no estaría en la agenda de nadie y menos en momentos de grandes tensiones. Más allá de cómo será el blindaje, es fundamental avanzar en él para proteger a la compañía. Y esa es precisamente la institucionalidad que ha construido la sociedad antioqueña, en particular, después del paso devastador del narcoterrorismo de Pablo Escobar, que aprovechó el vacío institucional y social que imperaba en la región para alimentar su aparato criminal y desafiar al Estado y la sociedad con la dialéctica de la plata y el plomo. En menos de 40 años, Medellín pasó de ser el epicentro del terror de los carteles de la droga a una ciudad ejemplo de resiliencia, innovación y pujanza empresarial. Logró ese cambio gracias al trabajo de muchos sectores de la sociedad que empezaron a crear un tejido social y una nueva institucionalidad, en la que lo público y lo privado trabajaron juntos y de la mano de sectores sociales y académicos. Ahora, la mayoría de las entidades más relevantes de Antioquia tienen sentados en sus juntas a empresarios, académicos, ejecutivos y servidores públicos. No solo EPM, sino la red de museos, la empresa Metro, Proantioquia, Ruta N o universidades. Gracias a esa matriz en la que confluyen distintos sectores en la toma de decisiones, la región logró cimentar una tecnocracia, una planeación y una estabilidad que ha trabajado de la mano de los distintos gobernantes y que envidia el resto del país. Sin embargo, no todo es color de rosa. Algunos críticos ven que ese modelo, más allá de sus virtudes y logros, creó unas roscas en las que, muchas veces, se presentan incompatibilidades y hasta conflictos de intereses, y las fronteras entre proveedor, contratistas, intereses de las empresas, a veces, se vuelven tenues. Quintero, precisamente, cabalgó en su campaña sobre lo que, en su sentir, era la opacidad en el manejo de la información durante el escándalo de Hidroituango.
¿Qué viene? A pesar de las críticas que le han llovido al alcalde sobre la politización de EPM, Quintero no tiene el empaque de un político tradicional. Representa, al menos a primera vista, todo lo contrario. Y hasta tiene el aire simbólico del cambio. Joven, moderno, hecho a pulso y sintonizado con los temas de la disrupción tecnológica. Quiere cambiar los estatutos de EPM, entre otras razones, porque busca hacer de Medellín un valle del software y ve en EPM la manera de llevarlo a cabo. Quizá puede ser una buena idea, pero pasar de construir hidroeléctricas a procesar microchips no puede ser solo la visión de un gobernante iluminado. Más bien debe ser el producto de una discusión pública, enmarcada en los criterios de buen gobierno, el diálogo y la construcción de acuerdos. Sobre todo, si se trata de la joya de la corona y hay tanto en juego. Porque lo que pase con EPM tiene, como se ha visto, efectos telúricos en la política y la economía de todo el país. Basta recordar, por ejemplo, que EPM acaba de adquirir la mitad de Electricaribe, que distribuye energía en Sucre, Bolívar, Córdoba y Cesar, y que le quita al Gobierno una bomba de tiempo financiera y social que le iba a estallar en las manos en momentos de afugias fiscales. Las semanas que vienen serán determinantes para despejar la polvareda que se ha levantado y saber cuál será el nuevo rumbo de EPM en una coyuntura tan difícil. La combinación de pandemia, desempleo, depresión económica, tensión política y el megachicharrón de Hidroituango plantean para el alcalde y la nueva junta directiva uno de los desafíos más complejos en los 65 años de historia de la empresa. En ese sentido, respetar el buen gobierno, reconstruir la confianza de los protagonistas de la ciudad, preservar la institucionalidad público- privada y proteger la valiosa tecnocracia de la compañía es esencial para mandarles un mensaje al país y los mercados internacionales. Lo único que no necesita Colombia, y menos Medellín, es un pulso entre los poderes de Antioquia. Ya suficiente tiene su clase dirigente con la inequidad social y el acecho permanente de la ilegalidad y las bandas criminales en las comunas.
Por eso, ni las voces que claman salir a la calle a revocar el mandato de Quintero, ni la demagogia efectista de la lucha de clases, ni el maniqueísmo estigmatizante de cualquier lado pueden hacer carrera en estos momentos. En tiempos en los que las redes sociales amplifican la rabia, los odios y las falsas noticias, los líderes tienen que dar ejemplo y cuidar lo que construyeron durante tantos años. La historia de EPM ha sido una de las más ejemplarizantes del país. El primero en la lista es el alcalde como máxima autoridad de la ciudad y presidente de la junta de EPM. Quintero ha demostrado ser un hombre inteligente, carismático y de carácter. Sin embargo, después de saltarse el gobierno corporativo y generar ese tsunami, tiene ahora en sus manos la tarea de recomponer las grietas, tender puentes, generar confianza y mandar mensajes de tranquilidad. Y el sector privado tiene la responsabilidad de acompañar esta nueva etapa, aún con las diferencias que se presenten en el camino. Porque si algo ha caracterizado al empresariado antioqueño es su profundo compromiso con su ciudad y su región, sobre todo, en los momentos más difíciles. Más allá de que tenga una visión distinta e ideas innovadores o poco convencionales, el talante y legitimidad con que el alcalde tome decisiones y resuelva los conflictos es crucial, desde el enredo jurídico de Hidroituango hasta las nuevas prioridades de la empresa. Principalmente, porque los ojos de Medellín, del país y del mundo están encima de lo que pase. EPM no es solo de los antioqueños, sino de todos los colombianos.