El pasado martes 8 de marzo la Superintendencia de Salud ordenó la liquidación de la EPS Medimás, luego de identificar que esta no garantizaba a sus afiliados el acceso a los servicios de salud y ponía en riesgo la atención. La sede principal de la EPS en Bogotá fue sellada por la entidad de vigilancia. Con esta decisión, Medimás deja de operar en 232 municipios de 14 departamentos del país, donde contaba con 1,5 millones de afiliados.
A propósito de este caso y, en general, el panorama de las EPS en el país, la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi) ha venido advirtiendo ante el Gobierno nacional sobre los incumplimientos de otras empresas promotoras de salud que estarían “en la cuerda floja” y podrían enfrentar el mismo destino que Medimás.
De acuerdo con un listado de Acesi, con corte a diciembre de 2021, las EPS que estarían en riesgo son: S.O.S. Capital Salud, Capresoca, Convida, CCF Sucre, CCF Nariño, CCF Huila, CCF Guajira, Ambuq, Savia Salud, Comfaoriente, Emssanar, Asmet, Ecoopsos, Coosalud, Medimás y Coomeva. Estas dos últimas ya fueron liquidadas por la Supersalud, mientras que Asmet se mantiene en vigilancia especial.
Según detalló Acesi, las EPS mencionadas han incumplido con el Decreto 2702, por el cual tenían siete años para organizarse y estar al día con sus obligaciones, por tanto deberían salir del mercado.
”Esta es una muestra más de la enorme vulnerabilidad del sistema de seguridad social en salud del país, que falló y no fue capaz de garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud y que amenaza con la estabilidad de los hospitales públicos, porque la gran mayoría de las EPS que se irían a liquidar son del régimen subsidiado”, asegura la directora ejecutiva de Acesi, Olga Zuluaga, en un comunicado publicado el 23 de diciembre de 2021.
“En consecuencia, la administración Duque debe acelerar el anuncio de la política del fortalecimiento hospitalario, porque si van a salir una cantidad grande de EPS del mercado, el Gobierno debe tener a la mano un plan de contingencia efectivo y concreto en muy corto plazo, casi que de urgencia”, agrega el documento.
SEMANA consultó con la SuperSalud para indagar sobre las EPS que estarían en la “cuerda floja”, según Acesi, sin embargo, manifestaron que “no es cierto”, aunque no hay un pronunciamiento oficial desde la entidad.
Más de 9 millones de personas han sido trasladadas de EPS
De acuerdo con Fabio Aristizábal, superintendente Nacional de Salud, ya son 13 EPS liquidadas en el país, lo que significa que más de 9 millones de colombianos han sido trasladados a otra entidad de salud.
El listado de EPS liquidadas hasta el momento lo componen Manexca, Comfacor, Emdisalud, Cruz Blanca, Saludvida, Confacundi, Comfacartagena, Ambuq, Comparta, Coomeva, Comfanariño y Medimás.
“Ya llevamos 13 EPS liquidadas y 9.3 millones de colombianos trasladados a otras EPS. Era una decisión que el país tenía que tomar, no solamente porque fue una promesa de campaña en la que el presidente decía que hay que depurar, sino porque en la mitad del problema financiero esta la verdadera razón de ser del sistema, los usuarios”, indicó Aristizábal.
En otro comunicado de Acesi, publicado el 7 de febrero de 2022, la organización asegura que el gobierno estaría planeando “darle 10 años más de vida a EPS que incumplieron sus indicadores financieros y deben salir del mercado”.
“Es increíble, que un gobierno ya de salida, contrario a su promesa de depuración de las EPS que no garantizan la calidad en la prestación de servicios y el pago a los prestadores de servicios de salud, se despida ahora con semejante medida en contra de los intereses de millones de colombianos que siguen experimentando serias barreras para el acceso de infinidad de procedimientos médicos, por falta de autorización de los mismos por parte de las EPS”, sostuvo Olga Lucía Zuluaga en el documento.
Así mismo, hizo énfasis en “las multimillonarias deudas que tienen esas empresas con los prestadores, especialmente con los hospitales públicos, los que por ley no pueden negar ningún servicio vital, pero sí deben castigar las facturas que no pagan las EPS, las que a través de maniobras de no recepción de cuentas y glosas injustificadas, envejecen las carteras”.
Según manifestó Acesi, “el proyecto de decreto en contexto, pretende dilatar las condiciones lamentables del sistema de salud en Colombia, en cabeza de varias EPS. De ser expedido, serán los usuarios y los prestadores los que deban correr con los descalabros y malos manejos económicos, las que no garantizan una mínima atención digna a sus afiliados y no les pagan a las empresas sociales del estado, que son las que les ponen la cara a los colombianos las 24 horas del día, los 365 días del año, en cada hospital público del país al que acuden”.