La hipótesis que tiene la Fiscalía en contra de dos magistrados y un exmagistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, en el departamento de Meta, es que conformaron una organización criminal para beneficiar a otros criminales con decisiones judiciales.

Alcibíades Vargas Bautista, Joel Darío Trejos Londoño y Fausto Rubén Díaz Rodríguez, este último exmagistrado, fueron acusados por la Fiscalía por el delito de prevaricato, básicamente, por no cumplir con su función constitucional, impartir justicia.

De acuerdo con el material probatorio recaudado por la Fiscalía, los magistrados, en sus cargos, beneficiaron a conocidos cabecillas de organizaciones criminales a quienes les otorgaron detenciones domiciliarias o les suspendieron la ejecución de la pena, es decir, los dejaban en la calle a pesar del peligroso prontuario que tenían.

“El material de prueba da cuenta de que, en el ejercicio de sus cargos, habrían emitido 16 decisiones contrarias a la ley y otorgaron indebidamente beneficios como prisión domiciliaria y suspensión de la ejecución de la pena”, explicó la Fiscalía al confirmar la acusación en contra de los magistrados.

La Fiscalía acusará a los magistrados ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia y en la acusación se detallan hechos irregulares ocurridos en un periodo comprendido entre 2015 y 2019. Las decisiones judiciales que supuestamente “torcieron” los magistrados incluían procesos por concierto para delinquir agravado, homicidio, hurto calificado y agravado; y fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

“De acuerdo con la investigación dirigida por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, las determinaciones irregulares detectadas se generaron en diferentes periodos, entre 2015 y 2019. Al parecer, todas desconocieron múltiples normas penales y jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia”, señaló la Fiscalía en la acusación.

El caso que ahora llega a una etapa de acusación contra los magistrados no es el único que tienen por hechos irregulares en el ejercicio de sus cargos. La Fiscalía adelantó otro proceso que se encuentra en juicio y que detalla hechos de corrupción para, nuevamente, beneficiar a cabecillas de organizaciones criminales.

“La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia a los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio (Meta), Alcibíades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos Londoño, y al exmagistrado de esa misma corporación, Fausto Rubén Díaz Rodríguez, como supuestos responsables del delito de prevaricato por acción agravado”, explicaron desde el ente acusador.

Los supuestos beneficios y acuerdos criminales para amañar los procesos o beneficiar con sus decisiones a los delincuentes fueron pactados en fincas a las afueras de Villavicencio, según explicó la Fiscalía en su momento y cuando se conocieron los hechos irregulares de la primera investigación.

La Fiscalía también aseguró que por esos beneficios y defraudar su misión constitucional de impartir justicia, los magistrados recibieron millonarios pagos que garantizaron las decisiones ahora objeto de cuestionamiento legal.