En varias ciudades del país se registraron este viernes -14 de julio- largas filas de personas que buscaban reclamar el subsidio de Renta Ciudadana que entrega hasta un millón de pesos a las familias beneficiarias. Las aglomeraciones se produjeron luego de que el sistema de pagos recayera en el Banco Agrario. Debido a esta situación, en algunas capitales optaron por implementar la modalidad de pico y cédula para obtener dicho beneficio.
Tras lo sucedido, han llovido críticas al Departamento para la Prosperidad Social (DPS), entidad encargada de los programas de transferencias monetarias, y a su directora, Cielo Rusinque.
Nicolás Salazar, quien se desempeñó como director de Transferencias Monetarias del DPS en el gobierno del expresidente Iván Duque, dialogó con SEMANA y dio sus razones por las que se habría producido el caos de este viernes.
El exfuncionario señaló que a diferencia del gobierno anterior, no se hizo un “proceso competitivo” para seleccionar a la entidad, en este caso el Banco Agrario, que se encargara de entregar los recursos de los subsidios.
“No hicieron un proceso competitivo a través de Colombia Compra Eficiente. Ellos hicieron una contratación directa con el Banco Agrario”, señaló.
“Forzar la contratación de un banco que ha probado no tener la capacidad de atender a un gran número de personas por medios propios lleva a situaciones de descontrol como las que hoy en día vemos en filas del Banco Agrario”, subrayó en sus redes el exfuncionario.
Salazar manifestó que la pasada administración tuvo a su cargo cinco programas en el DPS: Ingreso Solidario, devolución del IVA, Colombia Mayor, Familias en Acción y Jóvenes en Acción. Estos programas tenían distintos operadores para la entrega de los recursos, los cuales- aseguró- fueron seleccionados en procesos competitivos. Entre estos operadores se encontraban Supergiros, Daviplata y Movii.
Un caso particular era el desaparecido Ingreso Solidario, el cual fue creado en medio de la pandemia del coronavirus. Salazar afirmó que hicieron una alianza con los 22 principales bancos del país para enviar los recursos a las personas que tuvieran cuentas bancarias en estas entidades. Esto evitaba que se hicieran largas filas en medio de la pandemia.
Mientras que para los ciudadanos no bancarizados, en 2020, cuando comenzó este programa, buscaron operadores para enviar el dinero a través de giros. Entre estos estuvieron tres bancos, uno de ellos era el Banco Agrario, sin embargo, Salazar manifestó que llegaron a la conclusión que esta entidad no tenía la capacidad para realizar los giros en todo el país.
“Nosotros encontramos que, en su momento, este banco no tenía la capacidad para darle a todos las personas el giro. En últimas terminaban subcontratando a otros operadores para que hicieran el pago. Por eso, concluimos que lo más eficiente era encontrar uno que sí tuviera la capacidad para hacerlo en el territorio nacional”, expresó.
El exfuncionario también cuestionó que en este gobierno se pusiera fin al Ingreso Solidario sin siquiera iniciar un programa de transición.
“Uno debería construir sobre lo construido. Ingreso Solidario ayudó a cuatro millones de personas en el momento de emergencia económica en la pandemia. Si miramos, el subsidio no debería ser de carácter perpetuo, no debería convertirse en asistencialismo. Pero si uno va a acabar un programa de tal magnitud, se debería tener un programa de transición para que esas personas logren generar sus ingresos de manera propia y sustituir esos recursos. No es dejarlos abandonados de la noche a la mañana”, señaló.
Además, criticó que desde diciembre no se volvió a entregar la devolución del IVA. “La devolución del IVA fue creada por la ley 2010 de 2019. Esta exigía que ese programa debía ser pagado cada dos meses, algo que este gobierno no ha cumplido. Están incumpliendo la ley. Desde diciembre del año pasado no se ha vuelto a pagar”, sostuvo.
Finalmente, el exdidirector de Transferencias Monetarias de Prosperidad Social aseguró que en el gobierno del expresidente Duque llegaron a beneficiar a cerca de 6,4 millones de personas entre los programas Familias en Acción (2,4 millones), el cual fue sustituido por Renta Ciudadana, y el desaparecido Ingreso Solidario (4 millones). Salazar señaló que en el gobierno buscan llegar a 3,3 millones de ciudadanos con la Renta Ciudadana. Sin embargo, con el fin del segundo programa, según el exfuncionario, quedan desprotegidas 3,1 millones de personas.
“Ellos hablan que el programa Renta Ciudadana va a tener 3,3 millones de beneficiarios. Nosotros alcanzamos a llegar 2,4 millones con Familias en Acción y otros 4 millones con Ingreso Solidario. Entre estos dos programas llegamos a tener 6, 4 millones de beneficiarios. Ahora la cobertura está bajando a 3,3 millones, 3,1 millones quedaron desprotegidos”, sostuvo.