Este lunes 20 de agosto se dio inicio de manera formal a un nuevo y gravísimo capítulo de la historia del conflicto armado en Colombia: la revelación de los nexos entre miembros de las Fuerzas Armadas y las bandas criminales de extrema derecha. Hasta ahora, el país había sido sacudido por procesos judiciales conocidos como la parapolítica y la paraeconomía, pero con la aceptación del general de la Policía Mauricio Santoyo de haber sido un colaborador de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se abrió una etapa de consecuencias monumentales. No se trata de un mando medio de las instituciones armadas sindicado por omisión (como ocurrió en las matanzas de Mapiripán, o El Salado), o de un oficial que haya participado en una masacre en un punto lejano (La Gabarra, Puerto Asís, Trujillo), sino de un General de la República que tenía asiento en la Casa de Nariño y que se alió con la Oficina de Envigado, temible organización heredera del capo Pablo Escobar. Santoyo llegó a la sede presidencial impulsado por Álvaro Uribe Vélez después de haber trabajado hombro a hombro cuando el primero era mayor de la Policía y el otro gobernador. Durante su gestión enfrentó varias acusaciones aunque, al final, fue absuelto por la Procuraduría. Luego, durante la campaña presidencial, fue su custodio principal y entre 2002 y 2005 –ya siendo presidente- su jefe de Seguridad. En estos años, por sus funciones, él podía, por ejemplo, modificar una ruta del jefe del Estado y de los miembros de su familia o cambiar un punto de destino de los mismos al considerar que las condiciones no eran óptimas. Por esa misma cercanía, era muy difícil que el presidente dijera algo o impartiera una instrucción que no llegara a los oídos de Santoyo. Una relación muy fuerte De ahí que muchos se pregunten la relación contraria: ¿Uribe no estaba al tanto de lo que hacía el hombre en el cual había depositado la confianza de cuidarle su vida misma? Por eso, tan pronto trascendió la noticia sus opositores le reclamaron al exmandatario si estaba al tanto de esa oscura relación y si era así por qué la ocultó. Uribe reaccionó casi de inmediato y calificó de una "ofensa" las actuaciones de Santoyo. Dijo que durante su gobierno él se la había jugado en el apoyo incondicional a las Fuerzas Armadas para derrotar al terrorismo, pero jamás para "permitir alianzas criminales". En el terreno político, el daño para la imagen de Uribe está hecho. Máxime si se le suman otros casos como el del exdirector del DAS, Jorge Noguera –también uno de sus hombres de extrema confianza- y ya condenado por crímenes probados con los paramilitares. Sin embargo, que el propio Uribe termine jurídicamente involucrado es una posibilidad muy remota que ni siquiera sus más acérrimos adversarios conciben. Un presidente tiene un blindaje de tal magnitud que al final podrá incluso usar el recurso de "fue a mis espaldas". Claro que el ruido mediático que se viene es inmenso y en cada nota –especialmente en el exterior- es imposible asociar a uno sin el otro. Empero es otra la situación que le espera a otros altos oficiales en especial de la Policía. Santoyo llegó a Estados Unidos con la palabra empeñada de que era inocente. La justicia le dijo que si le demostraba lo contrario se exponía a una pena de 30 años. Él consultó con sus abogados y cambió la versión: se declaró culpable. Aceptó haber apoyado a las AUC. El comunicado del Tribunal Federal del Distrito Este de Virginia, firmado por el fiscal Neil H. Mc Bride, es categórico. "Esta importante acusación responsabiliza a un individuo malhechor que abandonó su deber de proteger a los colombianos para servir a sus propios intereses y a los de los traficantes de drogas y terroristas". La pena mínima Con su reconocimiento, Santoyo ahora se enfrenta a una pena mínima de 10 años de prisión y a una pena máxima de 15 cuando sea sentenciado el próximo 30 de noviembre. Es decir que en estos tres meses deberá detallar, con precisión, a qué conspiración se refería cuando aceptó que "altos miembros de las AUC y sus aliados entregaron importantes sobornos al acusado a cambio de ayudarlos en sus operaciones, que incluían actos de terrorismo y narcotráfico". Como se sabe, la investigación sobre Santoyo arrancó con las declaraciones Salvatore Mancuso, Juan Carlos 'El Tuso' Sierra y Carlos Mario Jiménez o 'Macaco', quienes lo vincularon con estos negocios ilegales. Así mismo, Francisco Javier Zuluaga Lindo, 'Gordolindo', había dicho que Santoyo era parte de la nómina de 2.000 millones de pesos que las AUC pagaban a varios funcionarios y uniformados. El ahora detenido general podría decir que sí, que eso es verdad, pero con una respuesta tan escueta no obtendría ningún beneficio individual, ni le serviría de mucho a la justicia norteamericana, pues los cuatro jefes paras ya están tras las rejas y tienen cuentas más graves que saldar. Por eso, si Santoyo no quiere pasar al menos una década en un calabozo gringo deberá soltar más información: ¿A qué otros generales tenían en nómina los paras? ¿Algunos, además de hacerse los de la vista gorda, participaron en crímenes? ¿Los vínculos de los paramilitares eran solo con la Policía o tenía él conocimiento de que ocurriera una situación similar con el Ejército? ¿Desde cuándo colaboraba con los paras? ¿Durante el tiempo que fue jefe de seguridad de Uribe cumplía simultáneamente tareas legales e ilegales? Desde su posición, cuando se realizó la negociación de sometimiento con los paras ¿él los ayudó? En conclusión, en su confesión y por lo que vaya a decir Santoyo, Colombia va a saber detalles de un matrimonio que jamás debió ocurrir, pero que ya consumado, es importante saber hasta dónde y quiénes participaron.