Las decisiones penales y disciplinarias que se vienen tomando contra funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro no le han gustado al mandatario, pese a los sólidos argumentos el presidente ha optado por hablar de una ruptura institucional, poniendo sobre la mesa que, por ejemplo, la suspensión de la procuraduría, al canciller Álvaro Leyva, se trata en realidad de una persecución a los funcionarios del Gobierno.
Pues aunque el presidente Petro en su cuenta de X afirmó que “he escuchado a juristas destacados hablando de ruptura institucional en el caso del canciller de la República, primero en la historia en ser suspendido”.
A lo que no hace referencia el presidente Petro es que el canciller Álvaro Leyva, acatando sus órdenes, suspendió una licitación que ya tenía como ganador a Thomas Greg & Sons, que había cumplido con las normas de contratación, y que incluso en el proceso de escogencia del ganado logró un puntaje perfecto de 1.000.
Tampoco a la decisión, unilateral, de declarar urgencia manifiesta para poder prorrogar el actual contrato a dedo y, para finalizar, no acató las recomendaciones del Comité de Contratación de la Cancillería y de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, para llegar a una conciliación con Thomas Greg & Sons, evitando un pleito jurídico que seguramente se perdería.
Los gerentes
SEMANA publicó en su última edición la inminente decisión de la Fiscalía de imputar a Ricardo Roa, gerente de campaña de Gustavo Petro, por el ingreso de 500 millones de pesos que salieron de Fecode, pasaron por Colombia Humana y llegaron a las arcas de la campaña. Que se suma a la que investigación que ya está en curso contra el actual gerente de Ecopetrol, por las irregularidades que se habrían presentado en la misma campaña, esta vez, en la Costa Caribe.
Pero no se trata del primer gerente sancionado, es más, el primero fue Roberto Prieto, quien tenía ese cargo en la reelección de Juan Manuel Santos, y en diciembre del año pasado fue suspendido por 12 años. En ese momento no se habló de ruptura institucional.
Y era claro, todo fue acorde con las normas, “la Procuraduría inhabilitó por 12 años para ejercer cargos públicos, funciones públicas o contratar con el Estado y multó con $50.5 millones al gerente de la campaña, Juan Manuel Santos Presidente, José Roberto Prieto Uribe, tras haber probado la falsedad en el informe de ingresos y gastos de la campaña entregado al Consejo Nacional Electoral (CNE)”, fue la decisión.
Lo mismo ocurre con la actual investigación contra el presidente de Ecopetrol, entonces gerente de campaña, Ricardo Roa, a quien, con base en una denuncia, por las presuntas irregularidades que se cometieron en la Costa Caribe también le abrieron proceso disciplinario.
“Se atribuye al investigado en su condición de Gerente de la Campaña Presidencial de la aspiración para la Presidencia de la República del señor Gustavo Petro, presunto actuar irregular en sus funciones como gerente de la campaña presidencial (2022) del ciudadano Gustavo Petro”, se lee en la decisión que tomó en diciembre la Procuraduría.