El proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, por fraude procesal y soborno en actuación penal, quedó en pausa por la vacancia judicial. En 2022 será el abogado Miguel Ángel del Río, quien defiende los intereses de Deyanira Gómez, esposa del principal testigo contra el exmandatario, quien arranque las intervenciones.

La audiencia para continuar con la solicitud de preclusión elevada por la Fiscalía en favor del expresidente, quedó para este jueves y serán nuevamente las víctimas las que tendrán la posibilidad de explicar por qué se oponen a la petición del ente acusador de precluir la investigación.

Por la audiencia ya pasó la Fiscalía, pidiendo que se precluya el proceso por atipicidad de la conducta, en otras palabras que en las actuaciones del expresidente Uribe no se encontró ilegalidad. Posteriormente fueron las víctimas, entre otras, el senador Iván Cepeda, el exfiscal Eduardo Montealegre y el vicefiscal Jorge Perdomo, quienes expusieron sus argumentos.

Para la Fiscalía es claro que la entrega de dineros de parte de la oficina de Diego Cadena, a través de un mensajero, a procesados en este caso alias Víctor, resulta cuestionable incluso bajo la idea de apoyos económicos, sin embargo es prudente, de acuerdo con el fiscal Gabriel Jaimes, revisar en detalle las características del tipo penal de fraude procesal, motivo de la indagación.

“La Fiscalía General de la Nación, antes que entrar en aquella pesada polémica, quiere mejor traer a colación un análisis estrictamente jurídico sobre los elementos estructurales del delito de fraude procesal, que es lo que nos convoca a este evento, específicamente sobre aquel elemento referido al medio fraudulento que induzca a error”, dijo el fiscal Jaimes.

En las primeras audiencias el exfiscal Montealegre aprovechó el uso de la palabra para relacionar en un mismo escenario judicial a la Fiscalía, la Procuraduría y la defensa del expresidente Álvaro Uribe, asegurando que hace parte de un mismo cuerpo de abogados defendiendo los intereses del exmandatario.

“Como las intervenciones que han hecho la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio Público y la defensa, es decir el pool integral de la defensa de Álvaro Uribe, son interpretaciones que violan manifiestamente decisiones de la Corte Constitucional”, dijo el exfiscal.

La continuación de la diligencia quedó suspendida mientras acordaron algunas fechas que se juntaron con la vacancia judicial y obligaron a la juez 28 de conocimiento a aplazar el encuentro hasta el 13 de enero de 2022. El abogado del Río tendrá el mismo tiempo que usó la Fiscalía para exponer por qué era necesaria la preclusión, es decir hasta siete días.

Una vez el abogado concluya su intervención, la juez dará pasó a la Procuraduría y sentará posición respecto a la petición de la Fiscalía. Finalmente el turno será para la defensa del expresidente Álvaro Uribe, que tendrá la posibilidad de estudiar todos los argumentos expuestos a lo largo de la audiencia de preclusión y así construir su estrategia de defensa.

El caso está lejos de resolver la solicitud de la Fiscalía, incluso se programaron audiencias que se extienden por varios meses de este año y, aún con la definición de la juez, cada una de las partes tendrá la posibilidad de interponer los recursos de ley, como el de apelación y así el proceso terminaría en el Tribunal Superior de Bogotá.

Lo importante, para cada una de las partes, es retomar la actividad judicial que se estaba adelantando a buen ritmo, antes de las solicitudes de aplazamiento de las víctimas y de la defensa del expresidente, peticiones que terminaron sumándose a la vacancia judicial. Lo que esperan, todos, es avanzar cuanto antes en este proceso.