En entrevista con SEMANA, el exfiscal general Alfonso Gómez Méndez recordó los días en los que Álvaro Uribe promovió y defendió la amnistía general para los miembros del M-19. En medio del debate que se ha abierto por cuenta de las objeciones del Gobierno a la Ley Estatutaria que reglamenta la JEP vale la pena recordar los pormenores de ese episodio. Uribe, desde el día en que Juan Manuel Santos le anunció al país su intención de adelantar un proceso de paz con las FARC, se convirtió en el líder principal de quienes se oponían a ese propósito. Uno de los argumentos centrales del ex presidente para irse lanza en ristre contra quien había sido el encargado de enarbolar sus banderas fue el de anotar que los delitos atroces no podían ser objeto de amnistías. Hoy, dos años después de firmado el acuerdo de paz con las Farc, Uribe fue uno de los principales promotores de las objeciones a la ley estatutaria de la JEP, entre otras porque considera que los autores materiales de crímenes de lesa humanidad deben ser investigados y sancionados. No obstante, la posición de Uribe frente al tema no siempre fue tan radical, como recuerda Gómez Méndez en la entrevista. El 20 de mayo de 1992, el entonces senador liberal Álvaro Uribe Vélez se convirtió en el promotor de un proyecto de indulto total para los miembros del M-19. Puede Leer: “Objetar la estatutaria de la JEP es una inconveniencia política”: Alfonso Gómez Méndez La Paz con esa guerrilla, que hoy todos reconocen como una de las grandes conquistas de la historia política reciente, alcanzó a estar herida de muerte y se salvó, ni más ni menos, que por la intervención de Uribe. Entonces la situación jurídica no era fácil y tenía en el limbo la posibilidad de acabar con un conflicto que había cobrado decenas de muertos. La ley de indulto, firmada en 1989 por el Presidente Virgilio Barco, excluía el perdón para los delitos atroces. Así las cosas, un juez de orden público, en ese entonces denominados ‘jueces sin rostro’, profirió un polémico fallo judicial que tuvo en vilo al país por varios días. Con el argumento de que los delitos atroces no habían sido incluidos en la ley de indulto, la justicia decidió llamar a juicio a Antonio Navarro y a otros 25 dirigentes del M-19 por la toma del Palacio de Justicia. Esa decisión judicial tuvo a las puertas de la cárcel a los exconstituyentes Antonio Navarro Wolff, Germán Rojas Niño, Marco Antonio Chalita, Otty Patiño y Rosemberg Pabón; a los entonces senadores Vera Grave, Évert Bustamante (hoy dirigente del Centro Democrático); al representante a la Cámara Ramiro Lucio. También a otros exmilitantes de la guerrilla como Gustavo Petro, Clara Elena Enciso, María Rosalba Vásquez, Jaime Navarro Wolff y Carlos Alonso Lucio. Esa noche del 20 de mayo de 1992 en la plenaria del Senado se vivió una profunda incertidumbre por cuenta de la decisión que se acababa de tomar, pues no existían normas que permitieran revertirla. La Paz estaba en cuidados intensivos. Fue entonces cuando el senador Uribe Vélez propuso conformar una comisión para encontrar una salida legal. “Desígnese por la mesa directiva una comisión accidental, con representación de todas las fuerzas políticas, la cual buscará un acuerdo con el Gobierno para tramitar con celeridad un instrumento jurídico que haga claridad en el sentido que la amnistía y el indulto aplicados al proceso de paz incluyen aquellos delitos tipificados en el holocausto de la Corte, a fin de que no subsistan dudas sobre el perdón total en favor de quienes se han reintegrado a la vida constitucional”, dijo entonces ante la plenaria el joven político antioqueño. Le puede interesar: Yo defiendo la JEP Ese fue el texto del senador Uribe Vélez que la plenaria del Senado aprobó de forma unánime. Y fue la “primera piedra” para que el Gobierno y el Congreso tramitaran la que Antonio Navarro llamó "Ley de reindulto”. En una semana diseñaron el proyecto de ley y el 28 de mayo de ese año (1992) lo radicaron en la secretaría del Senado. Uribe Vélez firmó el documento en calidad de coautor. En el proyecto se pedía extinguir la acción penal contra los acusados mediante la aplicación de los principios de favorabilidad y cosa juzgada en los procesos judiciales. Se invocaron también ¨razones políticas¨ para evitar que la cúpula del M-19 terminara en la cárcel y así, Álvaro Uribe, logró salvar la paz. Los críticos del expresidente suelen recordarle ese episodio, y otros en los que parecía no ser enemigo de los indultos, para tratar de resaltar una incoherencia política. Hay quienes no entienden que la misma persona que fue promotora de esos mecanismos, hoy esté liderando modificaciones a los acuerdos de paz con las Farc advirtiendo la inconveniencia de los mismos. Sin lugar a dudas el paso del tiempo y el correr del acontecer político han hecho que los contextos de entonces y de hoy sean distintos. Nota: Después de ser publicado este artículo, el senador Álvaro Uribe puso en su cuenta de twitter el siguiente mensaje con el que se mostraría arrepentido de la postura que tuvo en 1992 frente al indulto del M-19: "Por fortuna como Presidente no repetí el error que pude cometer años antes como Senador. Los habían indultado, habían participado en la Constituyente, estaban en el Congreso post Constituyente, y los iban a judicializar, dije que les cumplieran, además no estaba la Corte Penal Internacional y al final de cuentas se cometió el error de crear un antecedente de mal ejemplo. Nos hicieron pensar que se acabaría la calificación de delito político al terrorismo, así lo afirmó el Gobierno de la época, pero No, 25 años después el Gobierno Santos, con el mismo doctor De la Calle, no obstante conocer que después del indulto general al M19 el país se inundó de narco terrorismo, procedió a dar paso de impunidad total a Farc, concausa de tanta criminalidad actual. Por fortuna, como Presidente procedí con toda firmeza frente al crimen y evité repetir el error que pude cometer como Senador"