En marzo, el Gobierno nacional implementó medidas como el control de la movilidad y la economía con el fin de manejar la crisis sanitaria. De acuerdo con Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda y Crédito Público, “el valor de la vida es lo que se debe contrastar contra los enormes costos que estamos teniendo. Las medidas fueron duras pero adecuadas; ahora tenemos que hacer un análisis sopesando costos con beneficios”.
El panorama es preocupante; datos del Dane revelaron que la tasa de desempleo a julio de este año fue de 20,2 por ciento, un equivalente a 4.559.000 de desempleados. A su vez, se proyecta un crecimiento negativo de la economía del 5,5 por ciento para 2020.
Sumado a lo anterior, se estima que las finanzas del Gobierno nacional central terminen en 2020 con un déficit del 8,2 por ciento del PIB, producto de la caída de la economía. También, según Fedesarrollo, se calcula que 5,5 millones de personas pueden caer en situación de pobreza, en un retroceso de diez años en la distribución del ingreso y los índices del empleo.
En el más reciente informe de gestión realizado por la Contraloría General, la entidad recalcó el reto que tiene el país en política fiscal a mediano plazo: “Se debe reorientar el gasto público en diversificar la producción, aumentar la productividad y la competitividad”, afirmó Felipe Córdoba, contralor general de la República.
El Gobierno calcula que el paquete de ayudas para enfrentar la crisis ascienda a los 117 billones de pesos. A su vez, la Contraloría evidenció una adición presupuestal por 28,9 billones de pesos.
Finalmente, los panelistas plantearon posibles soluciones que ayudarían al país a salir de la crisis. Por ejemplo, una reactivación más acelerada en los sectores de infraestructura, turismo, minas y energía.
Organizaron este evento Foros Semana, Contraloría General de la República y Fedesarrollo.