En el marco de las protestas hubo hechos criminales, de eso no hay duda. Alguien tenía que responder, no solo la Policía por los casos de abuso de autoridad, también, quienes cometieron actos de tortura, homicidio, hurto, extorsión, tráfico estupefacientes, daño en bien ajeno, violencia contra servidor público, obstrucción de vías e incendio, los mismos que, ahora le apuestan a quedar en libertad a partir del decreto del Gobierno.

La Fiscalía adelantó investigaciones estructuradas que lograron determinar cómo organizaciones criminales lograron infiltrarse en la protesta pacífica para concentrar la actividad de las autoridades en los hechos de violencia, en las calles y despejar las vías para el narcotráfico.

En ese proceso fueron identificadas verdaderas redes que terminaron financiadas por organizaciones criminales, principalmente dedicadas al tráfico de estupefacientes. Las conductas cometidas por los integrantes de la llamada primera línea, fueron ampliamente probadas en audiencias judiciales de control de garantías.

En esas diligencias, la Fiscalía logró demostrar de qué manera se articularon estas redes y cuáles fueron los delitos cometidos por cada persona que resultó judicializada, no detenida ilegalmente, como advirtieron algunos analistas cercanos al presidente de la República, Gustavo Petro. En total, más de 170 personas, presuntos integrantes de la primera línea fueron imputados por los delitos que ahora tendrán víctimas, pero no reparación.

Justamente y respecto de la posibilidad de que personas judicializadas por graves hechos cometidos en el marco de la protesta queden en libertad, el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, aseguró que los condenados están condenados a permanecer en un sitio de reclusión y no pueden convertirse en gestores o voceros de paz.

“Me imagino, en ese sentido, que esa recomendación tiene necesariamente que tener una solicitud ante los jueces de la República, es decir, los jueces de la República son la última palabra frente a cualquier salida de estas personas, en ese sentido creo que la Fiscalía lo que hace es estar pendiente de ese procedimiento”, señaló el fiscal Barbosa.

En la Fiscalía hay al menos 650 procesos relacionados con hechos de violencia en la protesta social. De estos resultaron 155 capturas fueron legalizadas por los jueces, no por la Fiscalía o la Policía. Es decir, que los jueces en medio de su autonomía entendieron que las capturas se hicieron cumpliendo la ley y respetando el debido proceso.

La legalización de las capturas fue defendida por los propios jueces, a través del presidente del Tribunal Superior de Bogotá que le dijo al gobierno nacional cómo en el caso de la llamada primera línea, no hay detenciones ilegales o presos políticos, son personas procesadas en marco de audiencias judiciales.

“Quienes han sido privados de la libertad, están allí por una orden de autoridad competente emitida de conformidad con los procedimientos establecidos en la Constitución y la ley, luego no hay ninguna detención ilegal”, dijo el magistrado Hugo Alexander Ríos, presidente del Tribunal de Bogotá.

El balance de la Fiscalía también deja como constancia que 161 personas tienen en su contra un escrito de acusación, están a las puertas de un juicio por los delitos imputados y se podrían sumar a las nueve condenas en contra de quienes fueron vencidos en medio de un debate probatorio, bajo la vigilancia y la garantía de los jueces.