Desde que el Clan del Golfo sometió a cinco departamentos al paro armado a raíz de la extradición de alias Otoniel, el Ministerio Público ha denunciado violaciones a los derechos humanos, mientras las autoridades buscan restablecer la situación de orden público.
Los habitantes de Chocó, Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar dan cuenta de desabastecimiento de productos y servicios, porque los ilegales obligaron a cancelar las actividades comerciales en las zonas rurales y urbanas. Los que se han negado a cumplir las pretensiones de la organización delincuencial, han caído en la retaliación.
De acuerdo con el informe de la Policía Nacional, en las últimas 84 horas han muerto violentamente cinco personas; entre las víctimas mortales hay un patrullero de la institución y un soldado, mientras que otras ocho personas resultaron lesionadas.
La operación
Para frenar el accionar delictivo, el presidente Iván Duque ordenó redoblar la seguridad en los territorios afectados, con el fin de capturar a los responsables y darles confianza a las comunidades para volver a salir a las calles.
Ese plan ya da resultados. Las autoridades han capturado a 92 personas, 21 de ellas con orden judicial y las restantes en flagrancia. El ministro de Defensa, Diego Molano, reveló que varias de los sujetos judicializados estaban vestidos de civil y no portaban armas de fuego; sin embargo, serían los responsables de incinerar vehículos y generar estragos en las vías a nombre del Clan del Golfo.
“Los allanamientos siguen desarrollándose y es muy importante la colaboración de la ciudadanía. Aquí tenemos que lograr, inclusive con la recompensa de 50 millones de pesos, información que nos permita ubicar y capturar a esos que han afectado la integridad de los ciudadanos”, afirmó el funcionario.
Además, como motivo de las indagaciones, se han incautado 12 armas de fuego, 481 cartuchos, 6 grabadas, 23 celulares y más de 50 millones de pesos en efectivo.
La solicitud del presidente Duque también incluye acelerar la detención y extradición de los cabecillas del Clan del Golfo. En efecto, contra 72 peces gordos de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) hay 83 notificaciones de Interpol: 78 circulares azules y 5 rojas.
La movilidad
El paro armado que impulsa el Clan del Golfo también incluye el bloqueo de las vías y la quema de carros que se reúsen a frenar sus trayectos. En el Puesto de Mando Unificado está el registro de 174 vehículos incinerados: 16 de servicio público, 69 motos, 27 camionetas, 27 camiones, 10 buses, 5 volquetas y 3 tractomulas.
Ahora bien, a juicio de las autoridades, este índice se detendrá, porque activaron las ‘caravanas seguras’, que consisten en movilizaciones masivas escoltados por la Policía y el Ejército. Desde el viernes, se han desarrollado 205 de ellas, lo que ha permitido transportar más de 72 mil toneladas de carga.
Pero las afectaciones todavía están vigentes. Por ejemplo, la Asociación de Transportadores de Pasajeros de Antioquia informó que han perdido desde el jueves más de cinco mil millones de pesos, porque varias rutas intermunicipales y departamentales han sido canceladas por la alteración del orden público.
Los rechazos
La Iglesia Católica les solicitó a los delincuentes levantar el paro armado para que “den una muestra real de buena voluntad y de su deseo de contribuir a los cambios que exige una Colombia”.
Incluso, el pedido fue más allá, al proponer una negociación entre la institucionalidad y los actores ilegales a razón del control territorial y social que tienen en varias regiones del país, principalmente, que involucren al Clan del Golfo y al ELN.
Sin embargo, en respuesta al comunicado, el ministro de Defensa, Diego Molano, descartó esa posibilidad: “Con el terrorismo y con el crimen no se dialoga, se le somete y se le lleva a la justicia”.