El próximo 26 de septiembre se cumplirán cuatro años de la histórica y emblemática firma del Acuerdo de Paz con las Farc, en el Teatro Colón. A raíz de ese aniversario, trece congresistas de diferentes bancadas (Alianza Verde, Polo Democrático, Cambio Radical, Partido de la U, el Liberal y Colombia Humana) presentaron un informe de balance de los retos que tiene la puesta en marcha de lo logrado con la exguerrilla, especialmente en los dos años que faltan del mandato del presidente Iván Duque.
En materia legislativa, de las 107 leyes que se necesitan para la implementación del acuerdo de paz, 66 han sido expedidas, cuatro de ellas en el Gobierno Duque. Los congresistas, en un informe, evidencian que el punto del acuerdo más rezagado es el de la Reforma Rural Integral. Hasta ahora han sido firmadas 15 de las 36 leyes que se consideran necesarias para este punto. Otra preocupación está en los asesinatos de los excombatientes de las Farc. Con corte al 13 de julio, han muerto 210 exguerrilleros que se habían acogido al acuerdo y que estaban en proceso de reinserción. Esta semana la cifra ascendió a 224 fallecidos. Los congresistas denuncian además que, durante la cuarentena, la violencia ha aumentando. “La situación del desplazamiento es sumamente grave, en 2020 hubo un aumento del 96,8 por ciento”, dice la representante a la Cámara Juanita Goebertus, una de las autoras del documento.
El documento habla sobre la financiación. Los congresistas dicen que en el Presupuesto General de la Nación para 2021, presentado por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, hay una reducción para incentivar el desarrollo rural, en comparación con lo asignado en el 2020. “Hay una reducción importante en entidades fundamentales, por ejemplo en los recursos de inversión en la Agencia Nacional de Tierras”, asegura el representante Wilmer Leal. Sobre las llamadas "curules para la paz", no ha salido adelante un proyecto de reforma constitucional para la asignación de esas 16 curules para las víctimas. Los congresistas dicen que el presidente Duque mencionó que no se crearían nuevos escaños y que estas se asignarán a los territorios con mayor número de víctimas de las Farc.
“Va en sentido contrario a lo establecido en el acuerdo final, en el punto 2.3.6, donde el Gobierno Nacional se compromete a crear un total de 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la elección de un total de 16 Representantes a la Cámara, de manera temporal y por 2 periodos electorales”, dicen los congresistas en el informe. En materia de reincorporación hay otro punto que preocupa y es que el 71,3 por ciento de los excombatientes se encuentra sin un proyecto financiado por el Gobierno. “Eso pone en grave riesgo la sostenibilidad de su reincorporación”, asegura la representante Goebertus. “Es fundamental avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz, de lo contrario vamos a perder la oportunidad histórica de aprovechar el fin de la guerra para transformar los territorios más afectados por el conflicto y evitar que resurjan nuevas conflictividades”, asegura Goebertus. Respecto al programa de sustitución de cultivos, el informe dice que “ha avanzado de forma lenta” y que “preocupa que a más de tres años de su implementación, tan solo el 2,1 por ciento de las familias vinculadas cuentan con un proyecto productivo. Además que “de seguir con este ritmo, tomará 139 años para que el total de las familias cuenten con un proyecto productivo”.
En el caso de las Obras del Programa de Desarrollo con Enfoque territorial (PDET), el informe presenta que “se está ejecutando al año el 1,52 por ciento de lo que se necesita para cumplir con el Acuerdo de Paz” y que por ende, con este ritmo se tardaría el país 40 años el cumplir el objetivo pactado. En el tema de la reparación integral, en el Registro Único de Víctimas están inscritas 9‘031.048 víctimas, de las cuales 7.299.457 son sujetos de atención. El informe presenta que en lo que va corrido del año la Unidad de Víctimas ha entregado 72.539 indemnizaciones, por lo que a este ritmo, a pesar de que los congresistas reconocen que ha aumentado, el país tardaría 43 años para indemnizar a todas las víctimas. Los firmantes del informe son: Juanita Goebertus, Angélica Lozano y Wilmer Leal, de la Alianza Verde; Iván Cepeda, del Polo Democrático; Roy Barreras, John Jairo Cárdenas y John Jairo Hoyos, del Partido de La U; Temístocles Ortega y José Daniel López, de Cambio Radical; Carlos Ardila, Guillermo García Realpe y Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal; y Ángela María Robledo, de la Colombia Humana. Acuerdo de Paz: ¿Por qué se tienen que ir los excombatientes de los ETCR? | Semana en Vivo