El presidente del Consejo de Estado, magistrado Milton Chaves, viajó en las últimas horas a Washington, Estados Unidos, para reunirse con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y rendir cuentas sobre la forma en que se están llevando a cabo las sanciones que la Procuraduría emite contra funcionarios elegidos por voto popular. El caso ha generado todo un debate jurídico en el sistema colombiano.
El presidente de la Corporación viajó con la magistrada María del Pilar Bahamón Falla, integrante de la Sala de Consulta, y los togados Omar Barreto Suárez, magistrado de la Sección Quinta, y Alberto Montaña Plata, quien hace parte de la Sección Tercera.
Después de la conmemoración de los 39 años del holocausto en el Palacio de Justicia, los magistrados del Consejo de Estado viajaron a Estados Unidos para reunirse con los integrantes de la CIDH y explicarles cómo se están llevando a cabo las sanciones de la Procuraduría a funcionarios elegidos por voto popular, después del fallo Petro vs. Colombia.
Y es que hasta el propio presidente Gustavo Petro le ha dicho a la procuradora Margarita Cabello que una autoridad administrativa no jurisdiccional no tiene la capacidad de suspender a un servidor que ha sido elegido por voto popular. Sin embargo, los últimos pronunciamientos de la Corte Constitucional y del propio Consejo de Estado muestran un escenario diferente.
Recientemente, hubo hasta un choque al interior del Consejo de Estado después de que la Sección Quinta le anuló a la Segunda la suspensión que había ordenado contra diez sanciones que expidió la Procuraduría contra funcionarios elegidos por voto popular. Entre ellos, el fallecido exalcalde de Bucaramanga y exsenador, Rodolfo Hernández.
El argumento de la Sección Quinta se basó en que “las accionadas incurrieron en los defectos de violación directa de la Constitución, desconocimiento del precedente que sobre la materia ha proferido la Corte Constitucional y en defecto sustantivo, ante la inaplicación de la normativa vigente al momento en que los actos administrativos sancionatorios fueron expedidos”.
En el mes de septiembre, la Corte Constitucional aclaró que la Procuraduría General de la Nación sí tiene competencias para suspender a funcionarios elegidos por voto popular, y hasta cuestionó que el Consejo de Estado anulara las sanciones contra el exgobernador Juan Carlos Abadía y el excongresista Eduardo Merlano.
En el último fallo del Consejo de Estado, la Sección Quinta advirtió que la decisión que tomó la otra Sala desconoció el diseño institucional del país y transgredió las normas de naturaleza constitucional. La primera ponencia que suspendió las diez sanciones la presentó el magistrado Milton Chaves, el actual presidente del Consejo de Estado, que hoy está en Estados Unidos rindiendo cuentas ante la CIDH.
“En efecto, las subsecciones A y B de la Sección Segunda de esta corporación desconocieron la supremacía constitucional ante una aplicación irrestricta de la norma convencional y el referido fallo de la Corte IDH, obviando su obligación de llevar a cabo una interpretación armónica y sistemática del tratado internacional con las normas de la Carta Política”, detalló el nuevo fallo del Consejo de Estado que emitió el pasado 31 de octubre.