Como si los victimarios quisieran enviar un macabro mensaje de burla a las víctimas en plena celebración de su día, el 9 de abril, durante esas jornadas cuatro de sus representantes fueron asesinados, sin que las autoridades alcanzaran siquiera a reaccionar para impedirlo.Cuatro líderes sociales, indígenas y campesinos fueron asesinados entre el 7 y el 10 de abril, según informa la organización Somos Defensores, que hace seguimiento a los ataques contra líderes y activistas de derechos humanos. El primero de ellos fue Faustino Acevedo, líder social y comunitario de la comunidad El Morro, en Yopal, Casanare y perteneciente a la organización ASOJUNTAS, que fue atacado el 7 de abril. Lo siguió Jesus Adán Quinto, líder del Cacarica, Chocó, una de las cuencas afluentes del río Atrato más sacudidas por el conflicto armado, quien fue asesinado el 9 de abril, en Turbo, Antioquia, justo cuando el Congreso hacía una sesión conjunta con las víctimas. Había encabezado el proceso de restitución de tierras en el Jiguamiandó. Tenía escolta de la Unidad Nacional de Protección, pero eso no salvó su vida. Al día siguiente, otros dos líderes cayeron: Douglas Zuluaga, presidente de la junta de acción comunal del corregimiento de Cartagenita, en Convención, Santander, y Luis Albeiro Guetio, dirigente indígena y ambiental y consejero mayor del Resguardo Nasa Cxha Cxha en Puerto Asís, Putumayo, al que dos hombres asesinaron frente a su casa y su compañera. No deja de ser una paradoja gigantesca que mientras el gobierno proclama el reconocimiento de los derechos de las víctimas y adelanta su reparación, no consiga impedir que a sus líderes y representantes los sigan matando cotidianamente. Organizaciones como la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA lo han dicho de manera diplomática. En un reciente comunicado, a la vez que saluda la reparación de las víctimas como “un ejemplo para el mundo”, expresa su “preocupación ante la persistencia de amenazas y atentados contra la vida a líderes de víctimas en diversos puntos del territorio nacional”. El mensaje que envían los autores al asesinar a estos líderes justo en medio de la celebración del día de las víctimas apunta evidentemente a desmoralizar y es una desafiante demostración de impunidad. Lo más grave es que estas cuatro muertes no son para nada excepcionales. En el primer trimestre de este año ha habido otros 16 asesinatos de líderes sociales, de acuerdo a los datos de Somos Defensores. Con estos cuatro dirigentes asesinados, al 10 de abril las víctimas mortales llegan a 20. Una cifra que debería hacer sonar todas las alarmas y llevar a las autoridades a considerar con urgencia qué es lo que impide detener el desangre entre las víctimas y sus líderes.
Esta incesante victimización es uno de los problemas más graves que arrastra la sociedad colombiana. Pese a grandes avances en torno al reconocimiento de las víctimas causadas por el conflicto armado, cada día que pasa nuevas víctimas se añaden a los más de seis millones que ya se han registrado. No solo se trata de estos 20 líderes asesinados. En lo que va de este gobierno, la Unidad de Víctimas ha incluido en sus registros más de 700.000 víctimas, que fueron objeto de los más diversos crímenes de guerra entre 2010 y lo que va de 2014. Son en su mayoría víctimas de desplazamiento forzoso, pero también de homicidio, de atentados, torturas o violencia sexual en el marco del conflicto armado.
El presidente Santos dijo en una de sus intervenciones ante las víctimas: “para que no haya más víctimas se necesita la paz”. Sin embargo, mientras no se llegue a un acuerdo en La Habana con las Farc para poner fin al conflicto armado, o a otro con el Eln, es un hecho que se continuarán causando víctimas y que urgen medidas para su protección, en particular contra el homicidio. Además, las llamadas bandas criminales que llenaron los espacios que dejó la desmovilización paramilitar, aunque no se les reconozca como actores armados, se han convertido en grandes causantes de victimización y, aun con el final del conflicto, seguirán amenazando, matando y desplazando. Por lo cual es indispensable tomar medidas efectivas que protejan a las comunidades y sus líderes del accionar de estos grupos de crimen organizado y narcotráfico que han incorporado los métodos de guerra de los paramilitares en su accionar. En un país menos insensibilizado por una violencia tan larga y degradada como la que ha padecido Colombia, esos cuatro asesinatos habrían causado una conmoción nacional y todo un debate sobre lo limitado de las capacidades de protección del Estado respecto a las comunidades que reclaman por sus derechos. Que en plenas celebraciones del día de las víctimas cuatro líderes sean asesinados es una muestra tan trágica como elocuente de que algo no está bien y urge tomar medidas en consecuencia. De lo contrario, esta tétrica contabilidad de la muerte de líderes de las víctimas va a continuar.