Tras la desaparición de 22 fusiles del comando de la Policía en el departamento de Sucre, la Inspección General de la institución confirmó en las últimas horas la suspensión de cuatro uniformados que estaban encargados del control del armamento en esta región del país.
Según señaló la Policía, la suspensión es de carácter provisional y sin derecho a remuneración. Adicionalmente, los uniformados fueron citados a una audiencia pública disciplinaria “para que respondan por faltas gravísimas que podrían derivar en destitución e inhabilidad”.
La Policía subrayó que la investigación fue ordenada por el director de la institución, el general Jorge Vargas, la cual avanza “con carácter prioritario” y “con el acompañamiento de la Procuraduría”.
Previamente, el coronel Ricardo Sánchez Silvestre, comandante de la Policía de Sucre, señaló que la investigación disciplinaria tiene carácter “urgente y prioritario”.
“Entre las actividades y mecanismos de control existentes para el cierre del año anterior, este comando ordenó revista al armamento dispuesto para el servicio de Policía. Tras efectuarse el conteo de las armas, se encontró que en el total de fusiles Galil, que figuran en los registros, existe un faltante de 22. De manera inmediata, la inspección general abrió una investigación disciplinaria de carácter urgente y prioritario”, dijo.
El oficial señaló que fue designado un grupo especial que “tiene la misión de establecer la trazabilidad del registro del armamento y determinar con exactitud el periodo y las circunstancias en que se extraviaron estas armas”.
Según se conoció, el armamento habría sido sustraído paulatinamente desde 2019.
El comandante también aseguró que la investigación de carácter penal fue asumida por la justicia penal militar. “Desde el comienzo les fueron suministrados los requerimientos realizados por este organismo”.
Agregó: “La Policía Nacional no ahorrará esfuerzos hasta que se esclarezca definitivamente esta situación, se establezca el paradero de este armamento y se identifique a los responsables de este hecho para que respondan tanto penal como disciplinariamente”.
Cambia el proceso de selección y ascenso de policías
Por otra parte, el presidente Iván Duque sancionó una nueva norma que plantea un revolcón en los estudios que deben tener los uniformados.
En esencia, la nueva ley crea la categoría de “patrulleros” de Policía, para la cual los uniformados deberán completar un programa académico y, para inscribirse, deberán certificar tener un título de bachiller, técnico, tecnólogo o profesional de acuerdo con la convocatoria.
El proyecto plantea, además, el mejoramiento de los planes de estudios para formación y cursos de ascenso de oficiales y nivel ejecutivo, así como la puesta en marcha de nuevos programas académicos con énfasis en derechos humanos, gestión comunitaria, labor del policía de vecindario y docencia policial.
A partir de la nueva ley de carrera se exigen requisitos y condiciones relacionadas con protección, prevención y respeto de los derechos humanos, al tiempo que se fortalecerá el desarrollo humano para los policías y sus familias.
La norma plantea modificaciones al proceso de incorporación (desde la inscripción y selección de aspirantes a oficial o nivel ejecutivo) previendo unos requisitos más exigentes para hacer parte y ascender en la Policía Nacional.
Por ejemplo, los uniformados deberán superar unos cursos mandatarios en derechos humanos y relacionamiento con la comunidad. Igualmente, cada año, deberán someterse a una valoración en salud mental.
La ley establece que, cuando un policía recibe medida de aseguramiento por orden de un juez, no solo perderá su libertad, sino que se le impactará su bolsillo.
“Cuando en contra de un Patrullero de Policía se dicte medida de aseguramiento privativa de la libertad, el Director General de la Policía Nacional dispondrá su suspensión en el ejercicio de funciones y atribuciones. Contra la resolución que disponga la suspensión no procederá recurso alguno. Durante el tiempo de la suspensión, el Patrullero de Policía recibirá las primas y subsidios, y el equivalente al 50 % de su asignación básica mensual; el porcentaje restante será retenido por la Tesorería General de la Policía Nacional”, indica la norma.