La política exterior es uno de los renglones en que mejor le va al Gobierno en las encuestas. Esto puede obedecer al rechazo frente a la figura de Nicolás Maduro, a quien el presidente Iván Duque y su canciller han enfrentado con toda contundencia. Pero hay un frente de las relaciones internacionales que está manejando de una manera desconcertante: la reciente tensión diplomática con Cuba. La situación actual es la siguiente: la Cancillería colombiana le ha solicitado al Gobierno de Cuba, en varias comunicaciones, entregar a los exnegociadores del ELN que hoy se encuentran en la isla. Además, advirtió, en tono de amenaza, que si Cuba no accedía a esa solicitud, el Gobierno procedería a denunciar a ese país ante instancias internacionales por proteger y resguardar terroristas. Este martes precisamente, el alto comisionado de Paz Miguel Ceballos, se refirió a la posición que asumió el presidente Duque de tomar medidas en caso de que la isla no entregue a Pablo Beltrán y Aurelio Carbonel. “El presidente de la República dijo algo muy importante y es que Cuba debe decidir si privilegia la relación con un grupo de criminales confesos o con un Estado como lo es Colombia”, dijo el funcionario. Pero el tema no es tan simple como lo plantea Ceballos, así se "haga en el marco del cumplimiento de unas obligaciones internacionales". Se trata de una posición difícil de entender con un país que ha sido clave en los procesos de paz. La postura de Colombia, en últimas, lleva la amenaza de meter a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo, situación que entraña serias consecuencias económicas y sociales. En esta lista negra hoy solo hay cuatro naciones: Irán, Corea del Norte, Siria y Sudán. Cuba salió de ese registro en 2015 por el acercamiento con la administración de Barack Obama. Con un personaje tan impredecible como Donald Trump, todo puede cambiar. ¿Cómo se llegó a esto?
La administración Santos, motivada por los buenos resultados iniciales del proceso de paz de La Habana, decidió abrir una mesa paralela con el ELN, que funcionaría en Quito. A diferencia del proceso con las Farc, en el que hubo un desescalamiento gradual del conflicto, la mesa con el ELN se desarrolló en un ambiente muy adverso. Los gestos de paz no se veían y las confrontaciones armadas aumentaban. A principios de 2018, el frente Óliver Sinisterra, comandado por alias Guacho, asesinó en la frontera a tres periodistas ecuatorianos. El hecho colmó la paciencia de Lenín Moreno, presidente de ese país, quien de inmediato anunció que la mesa con el ELN en Quito no iba más. El Gobierno colombiano quedó con un proceso en cuidados intensivos y sin sede. A pesar de esto, Santos no quería cerrar la puerta al diálogo con el ELN y le pidió al Gobierno cubano alojar la mesa en su territorio. Los negociadores que estaban en Quito se trasladaron a La Habana y firmaron con el Estado colombiano, y con los Gobiernos garantes de Cuba y Noruega, los protocolos para la eventualidad de un rompimiento en las negociaciones. Estos establecían que, en ese caso, los negociadores de la guerrilla serían devueltos a territorio colombiano, en un lugar de escogencia y con unos días de tregua antes de que empezara la acción del Ejército. Sin los protocolos, los guerrilleros no tienen la garantía de que no van a ser capturados si la cosa sale mal.
Terminado el gobierno de Santos, el presidente Duque dijo que daría margen de tiempo para determinar si valía o no la pena seguir buscando la paz con el ELN. En ese periodo, el país despertó con la nefasta noticia de la bomba en la Escuela de Policía General Santander. Con 22 jóvenes muertos y la gente enardecida, Duque no tenía otra opción que levantarse de la mesa y terminar las negociaciones. El país en pleno entendió esa decisión. La discordia llegó cuando, en un acalorado discurso, el jefe de Estado afirmó que “este no era momento de protocolos” y le pidió al Gobierno cubano incumplirlos para entregar los negociadores a la Justicia colombiana. Cuba, por supuesto, se negó. Para ese Gobierno tenerlos en su territorio es una situación incómoda. Pero la creó, exclusivamente, el Gobierno colombiano cuando pidió que los recibieran, firmó los protocolos y ahora pretende incumplirlos. El Gobierno Duque sostiene que ese no era un compromiso de Estado, sino de gobierno. Esta actitud puede producir aplausos en la galería, pero en el mundo de la diplomacia es un absurdo.
Se entiende que el Estado colombiano quiera capturar a las cabezas del ELN. Pero esa pretensión no puede traducirse en una retaliación contra Cuba, que ha contribuido a los esfuerzos de paz en Colombia. Exigirle al Gobierno de la isla enviar a Colombia a los exnegociadores, violando las normas acordadas, es un gesto simbólico pero ofensivo, y no hay la menor posibilidad de que los entreguen. Incumplir los protocolos tiene serias implicaciones. Ningún grupo guerrillero en el futuro va a participar en un proceso si existe el antecedente de que los pactos firmados no son de obligatorio cumplimiento. Y teniendo en cuenta la cantidad de grupos armados, algún Gobierno en el futuro va a necesitar de un proceso de paz.