El exalcalde de Cúcuta Gustavo Villasmil Quintero fue acusado formalmente por la Fiscalía como presunto responsable del delito de prevaricato por acción y peculado por hechos que, sumados, superan los 8.500 millones de pesos. Esto, por una conciliación entre la Alcaldía, en cabeza de Villasmil, y los pensionados del Municipio. En ese entonces, un grupo de pensionados de Cúcuta solicitó a la Alcaldía el reajuste de sus pensiones, sustentados en la Ley 6a. de 1992, que estableció "un reajuste para las pensiones reconocidas con anterioridad al 1o. de enero de 1989, con el fin de corregir las diferencias causadas con respecto a los salarios de los empleados activos del Estado, con la aplicación de la Ley 4a. de 1976 a los pensionados, incremento que la ley dispuso fuera efectuado gradualmente a los pensionados del orden nacional a partir de 1993, una cantidad considerable”. Varios de ellos fueron más allá y, al ver las dilaciones para dar respuesta a sus peticiones, interpusieron demandas laborales y una acción de tutela, para que les fueran protegidos sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso. Por el caso, el alcalde y los pensionados se sentaron a dialogar sobre las igualdades que exigían los exfuncionarios y, al parecer, llegaron a una conciliación que ahora está en el foco de las autoridades por una serie de irregularidades. El 23 de febrero de 2005 se suscribió el “acta de conciliación sobre pago diferido de procesos en vía de ejecución y pago anticipado de derechos litigados en procesos ordinarios laborales, todo sobre reajustes pensionales Ley 6a. de 1992”. El acuerdo consagró la “rebaja de parte de la deuda, el otorgamiento de un año de plazo para pagar la acreencia a cada apoderado, el compromiso de no embargar al Municipio y la terminación inmediata de los procesos en trámite”. Sin embargo, los demandantes afirmaron que la administración municipal incumplió los pagos pactados, lo que ocasionó el inicio de sendos procesos ejecutivos, adelantados en el Juzgado 4o. Laboral de la misma ciudad. Entonces, la Fiscalía asumió el caso para llevar ante los estrados judiciales a los responsables de que no se hubiera nivelado las pensiones de 128 personas. Por esta razón, este miércoles, la Fiscalía General de la Nación dictó resolución de acusación contra el exalcalde (e) de Cúcuta Gustavo Villasmil Quintero, como presunto responsable de prevaricato por acción y peculado, en el marco de las investigaciones que se adelantan por posibles irregularidades en la celebración de una conciliación entre la Alcaldía y los pensionados del municipio el 23 de febrero del 2005. En la diligencia, el ente acusador pretendía que las partes se pusieran de acuerdo sobre el pago diferido de unos reajustes legales a sus ingresos y el pago anticipado diferido del reajuste a pensionados, lo que suma más de 8.000 millones de pesos. De acuerdo con la Fiscalía, el exalcalde (e) pudo haber incurrido en el delito de prevaricato al no observar los lineamientos normativos constitucionales a la hora de suscribir el acuerdo. Así mismo, la Fiscalía profirió resolución de acusación contra Álvaro Iván Araque Chiquillo, en calidad de apoderado de los pensionados del municipio de Cúcuta que solicitaron el reajuste de sus mesadas, por los mismos dos delitos de su contraparte. Ambos acusados se encuentran en libertad y a la espera de que se inicie el juicio en su contra.