Cúcuta es hoy una ciudad bajo amenaza de los terroristas. El año que termina deja un saldo muy grande de acciones criminales en esa ciudad: el carrobomba contra la Brigada 30, el atentado contra el presidente Iván Duque y la frustrada acción de este martes, en la que murieron dos agentes de Policía.
Primero fue el carrobomba activado en las instalaciones de la Brigada 30 del Ejército, el pasado 15 de junio.
La bomba explotó a pocos metros del lugar donde permanecían once militares del Comando Sur de Estados Unidos que asesoran al Ejército Colombiano en la lucha contra las drogas ilícitas.
El explosivo tenía 30 kilos de pentrita, uno de los más potentes. El potencial destructivo de la carga era muy alto. El material utilizado tiene una velocidad al detonar de 8.500 metros por segundo. En el atentado resultaron heridas 36 personas.
Y solo diez días después, el 25 de junio, se produjo el atentado contra el presidente Iván Duque, en el que el helicóptero donde viajaba el mandatario fue impactado.
La vida del presidente de la República y varios de los ministros que lo acompañaban, realmente estuvieron en serio peligro, según la investigación.
Las dos acciones terroristas están relacionadas y según dijo el ministro de Defensa, Diego Molano, “fueron planeadas desde Venezuela”.
El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, dijo que hay “material de prueba y evidencia técnica” de que los atentados fueron dirigidos por el Frente 33 de las Disidencias de las Antiguas Farc, que se resguardan en Venezuela.
La Fiscalía reportó la detención de diez integrantes de las disidencias de las Farc y al militar retirado, Andrés Fernando Medina Rodríguez, alias El Capi, quien presuntamente ayudó a planificar los dos atentados.
Medina es un oficial retirado con formación como piloto de helicópteros y había sido retirado del servicio por asuntos de salud.
Lo que se ha dicho es que el oficial retirado estaba al servicio de esas organizaciones criminales que controlan el tráfico en la frontera.
Todas las condiciones
La capital nortesantandereana reúne muchas condiciones para que esté en la mira de los terroristas. Es la ciudad más importante próxima a territorio venezolano, está ubicada en el área de influencia del Catatumbo -la zona con mayor extensión de cultivos ilícitos del país con cerca de 46 mil hectáreas de coca- y es un corredor de circulación de estructuras criminales.
Su cercanía a la frontera con Venezuela la convierte, de entrada, en un escenario de múltiples problemas de seguridad de alto riesgo, porque las estructuras del crimen, que son muchas, que delinquen en Colombia, encuentran refugio rápido en Venezuela para eludir las autoridades nacionales.
Consciente de esta situación, el ministro de Defensa Nacional, Diego Molano, ha asegurado en reiteradas ocasiones que el régimen venezolano de Nicolás Maduro es una “amenaza para la seguridad nacional”.
Desde hace más de una década cabecillas del Ejército de Liberación Nacional están asentados en varias zonas de Venezuela, desde donde dirigen acciones delictivas en Colombia.
También las disidencias de las Farc, más recientemente, han recibido el apoyo de Nicolás Maduro. Tanto Hugo Chávez como ahora Maduro les dieron refugio y protección siempre.
De hecho, los últimos meses tres cabecillas de las disidencias de las Farc: Jesús Santrich, El Paisa y Romaña fueron abatidos en territorio de ese país, en circunstancias no explicadas todavía.
Alias Iván Márquez, jefe de las disidencias de las Farc y principal protagonista de estas acciones terroristas, vive en ese país.
Todas sus apariciones con camuflado y armas de largo alcance son enviadas desde Venezuela a través de las redes sociales.
Márquez y sus socios ya dados de baja solían aparecer de manera regular, haciendo amenazas, inclusive contra el presidente Iván Duque, a través de mensajes en redes.
Al amparo de las estructuras del narcotráfico en la frontera han surgido muchas otras organizaciones del crimen transnacional aprovechando la tolerancia del régimen venezolano.
Narcotráfico
El narcotráfico y la protección del régimen venezolano son un coctel muy explosivo. Se estima que casi 50 % de la coca que sale de Colombia se envía al mundo vía Venezuela.
Las estructuras criminales que trafican con los estupefacientes cuentan con la total protección de las autoridades venezolanas y su apoyo para delinquir en Colombia.
El llamado Cartel de los Soles, en el que participan altos miembros del Gobierno de Maduro y de las Fuerzas Militares de ese país, está bajo la mira de Estados Unidos.
El propio fiscal general de Estados Unidos, William Barr, presentó cargos criminales por narcotráfico contra el presidente Nicolás Maduro, en marzo de 2020.
Maduro está acusado por Washington de lavado de activos y por su captura Estados Unidos ofreció hasta 15 millones de dólares.