El presidente Iván Duque posesionó el 28 de septiembre de 2021 a Carmen Ligia Valderrama como ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Entre las principales tareas, le ordenó recuperar los 70.000 millones de pesos que se embolataron en medio de un escándalo de corrupción. La Unión Temporal Centros Poblados presentó una póliza falsa y en el Ministerio solo se dieron cuenta del engaño tiempo después de haber desembolsado el anticipo, con el que, presuntamente, se compraron equipos tecnológicos para adelantar el proyecto que beneficiaría a miles de niños con conectividad a internet en lugares apartados del país.
Aunque la interventoría emitió concepto favorable sobre el gasto de los recursos, de nada sirvió porque, luego de conocer el engaño de la póliza, el contrato fue caducado y del dinero no se volvió a saber nada. La pregunta que se están haciendo los colombianos es ¿dónde están los 70.000 millones de pesos que se entregaron durante la polémica gestión de Karen Abudinen? Ya han pasado cuatro meses desde que el presidente Duque encargó la misión de recobrar la plata y, por ahora, no se ha visto un centavo.
En siete meses se acabará el Gobierno Duque y no hay certeza de que se recupere la millonaria suma antes de esa fecha. “No se puede establecer con exactitud una fecha para recuperar en su totalidad los recursos”, fue la respuesta que le entregó el MinTIC a SEMANA al preguntarle sobre el dinero. Aseguran que todo depende de los estudios jurídicos, técnicos y financieros del proceso, que sigue su curso. Inicialmente, se hablaba de la posibilidad de que los 70.000 millones de pesos fueran devueltos en especie, es decir que se entregaran los equipos, pero quedó descartada, pues una de las cláusulas del contrato habla de que el dinero se tiene que devolver en su totalidad.
Entonces, ¿qué están haciendo para recuperar los recursos? La Procuraduría promovió una acción popular que busca el rescate del dinero desembolsado a título de aporte a la sociedad fiduciaria. De manera simultánea, cursa en la Fiscalía una investigación con el fin de buscar la reparación de los perjuicios, y en la Contraloría, investigaciones fiscales orientadas a la recuperación del patrimonio público. En el Ministerio se inició el procedimiento administrativo de cobro coactivo contra la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020 y sus miembros para recuperar la suma pactada en la cláusula penal, la cual asciende a 39.000 millones de pesos. Para tal fin, efectuaron embargos de cuentas bancarias, inmuebles y vehículos. Sin embargo, la tarea, que empezó la administración de Abudinen, no ha avanzado.
Han pasado cuatro meses de gestión y lo embargado aún no ha sido objeto de avalúo, por lo que no existe certeza de que esos recursos resulten suficientes para satisfacer el valor del contrato. Uno de los pasos que se debía dar con premura era liquidar el contrato, pero esto ocurrió el 15 de diciembre de 2021, algo que ha sido cuestionado por varios sectores. Aseguran que esa medida pudo ejecutarse tres meses antes. Desde el Ministerio dicen que “las gestiones para recuperar el dinero están en ejecución, sin pausa, y con la mayor diligencia posible”.
Valderrama aclara que se ha actuado con estricta sujeción a las garantías del debido proceso para no correr riesgos jurídicos que impliquen retrocesos o mayores afectaciones al patrimonio público. Según ella, todo se ha dado en los plazos y etapas establecidas legalmente. A la fecha, Centros Poblados ya debe 74.707.531.424 pesos y la cuenta sigue sumando. El 24 de enero, el Ministerio iniciará el cobro coactivo. A los colombianos que necesitan tener acceso a la conectividad lo que menos les interesa son años de pleitos, sino soluciones.
A siete meses de que se acabe este gobierno, no se ha firmado el contrato con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), entidad encargada de la continuidad del proyecto de centros digitales.