La cabeza del comandante de escuadra de las disidencias de las Farc en Putumayo fue empalada y exhibida a la población civil por los hombres de la Segunda Marquetalia como signo de su conquista en el Amazonas. Los grupos armados están en una guerra a muerte por el control territorial y los indígenas son empujados a participar en un conflicto que coordinan hombres desde la comodidad de la paz total.
Francisco López, cuyo nombre se modificó por seguridad, estaba buscando un racimo de plátanos en una vereda de Puerto Guzmán cuando el pie se le atascó en un hueco profundo del que salió un olor insoportable. La curiosidad lo llevó a inspeccionar lo que estaba enterrado y encontró varios cuerpos arrumados. Antes de ser asesinado por la guerrilla, le confesó a su familia que no alcanzó a contar los cadáveres y solo corrió para ponerse a salvo. Los delincuentes construyeron una fosa común en su finca y se llevó las coordenadas a la tumba.
“Acá hay muchas fosas llenas de cuerpos. Entierran a menores y a adultos. Todo el mundo lo sabe, pero acá nadie habla. Esto ya no se llama Putumayo, se llama Putumayojistán. La gente que vive acá soporta mucho, y son muy berracos, porque se aguantan todo esto. Una cosa es lo que se vive en las zonas urbanas del departamento y otra muy diferente lo que pasa en el campo”, describió un campesino de la región, quien temerosamente pidió que no se revelara su identidad.
De acuerdo con un informe de las Fuerzas Militares, hasta 2023 la responsabilidad de este horror era compartida por el autodenominado Estado Mayor Central de las Farc de Iván Mordisco y la Segunda Marquetalia de Iván Márquez. Sin embargo, los dos escuadrones se fragmentaron en cuatro para enfrentarse todos contra todos: alias Calarcá se divorció de Mordisco y creó su propio grupo armado; mientras que Walter Mendoza se distanció de Márquez y tomó el control de su estructura. El interés de los delincuentes son los caminos y ríos que conducen desde el Cauca hasta Brasil.
Edilberto Molina fue declarado objetivo militar por estas guerrillas porque se negó a pagar una millonaria extorsión cuando fue alcalde de Cartagena del Chairá, Caquetá. Él perdió su tranquilidad por denunciar las atrocidades que se esconden detrás de las intenciones de paz: “En la mañana llega la vacuna de una estructura, al mediodía llega la boleta de otro frente y en la tarde mandan otra. Acá todo el mundo tiene que entregarles plata, desde el que vende arepas hasta el que tiene una gran empresa. Le explotan una granada a la persona que no les entrega la plata”. El dinero es para patrocinar la guerra que tienen en ambos departamentos.
El conteo más reciente del Ejército Nacional reveló que en esta zona de Colombia hay 1.300 personas enfiladas en estas organizaciones ilegales. Los sujetos que forman parte de los Comandos de Frontera de Márquez y Mendoza se dedican exclusivamente al narcotráfico: los delincuentes más jóvenes reciben un salario mensual de 2.500.000 pesos, el valor incrementa de acuerdo con su experiencia y tienen la posibilidad de tener vacaciones. Mientras que los que forman parte de las disidencias les prometen el cielo y llegan al infierno.
Guerra sin límites
Putumayo está bajo el control de la Segunda Marquetalia. Sus integrantes salen a tomar cerveza a los caseríos, imponen las normas de convivencia y tienen la fidelidad de las comunidades porque son los que compran la hoja de coca. Ellos calman hambres, asesinan, reclutan, curan enfermedades y torturan. Sin los reflectores de la fuerza pública ni la valentía de un ciudadano que diferencie el bien del mal, los criminales son considerados como dioses en la tierra y gozan del respeto como si fueran mandatarios elegidos por voto popular.
Caquetá es del dominio de las disidencias de las Farc. Aunque a comienzos de 2024 solo existía un bloque, la disputa de Calarcá y Mordisco puso patas arriba a la región. Las comunidades son atormentadas por dos cabecillas que usan las Juntas de Acción Comunal para controlarlo todo: sacan de los colegios a los menores de 14 años para que carguen un fusil, usan las rentas criminales para hacer obras públicas y usan las casas de civiles como escudos cuando se sienten alcanzados por el Ejército. La crisis es tan compleja que ni la fuerza pública tiene la habilidad de distinguir una organización de la otra.
Calarcá y Mordisco, férreos enemigos, quieren apoderarse de Putumayo y la Segunda Marquetalia, con su división interior, lo está evitando a toda costa. Los tres se combaten con armas de largo alcance y drones cargados con explosivos. Ninguno tiene contemplación y la muerte no es el logro final, sino la crudeza con la que borren a los enemigos. De esto dan fe las comunidades que han fotografiado cadáveres desmembrados, torturados y quemados. La mayoría de los fallecidos no tienen nombre ni dolientes: “No se sabe quiénes son los muertos, pero la mayoría son muy jóvenes. Se sepultan bajo cuerda porque a los grupos no les conviene que les sumen muertos”, detalló un habitante de Puerto Guzmán.
No hay cifras oficiales con las que se pueda sustentar la violencia que atestiguan los habitantes de los dos departamentos. La gente no denuncia por miedo o costumbre, y las autoridades algunas veces esquivan las verificaciones porque no tienen garantías de seguridad. El Ministerio de Defensa ha contabilizado seis masacres con 20 víctimas, 273 homicidios, 13 secuestros, 181 extorsiones, un atentado terrorista y 105 delitos cometidos contra el medioambiente. La Defensoría del Pueblo da cuenta de violaciones a los derechos humanos de la población civil relacionados con amenazas, desplazamientos forzados, restricciones a la movilidad, imposición de horarios, constreñimiento para la participación en reuniones citadas por alguno de los grupos armados ilegales, prohibición de asistir a reuniones citadas ‘por la contraparte’ y control a las comunicaciones. Una de las mayores inquietudes es la triple imposición de regulaciones a la vida cotidiana de los ciudadanos en la zona de frontera de Caquetá y Putumayo. Algunos de los comerciantes de este último departamento ya tomaron partido: “Nosotros no queremos extorsiones como están ocurriendo en el Caquetá. En Florencia, al que no pague, le mandan una bomba. Eso no pasa todavía en el Putumayo y no lo queremos. Acá la gente vive más tranquila, uno puede trabajar y los que se dedican a la coca les venden a los Comandos de Frontera y ya está”, afirmó un empresario.
Los mandatarios locales pocos dolores pueden calmar. La extorsión es el mal general y algunos de ellos también están sometidos al flagelo. Las disidencias de las Farc les hicieron saber que deben pagar cada año hasta 200 millones de pesos de extorsión a cambio de no afectar sus periodos de gobierno.