La Sección Primera del alto tribunal lleva la delantera en la batalla por revivir la posibilidad de que 16 representantes de víctimas tengan silla en el capitolio. Por más de que corran, todo indica que al presidente Iván Duque y a la Corte Constitucional les tocará amoldarse a este fallo antes de tomar cualquier decisión respecto al cumplimiento de este compromiso adquirido en el proceso de paz con las Farc. En la Sección Primera del tribunal cursa una demanda radicada por el exministro Guillermo Rivera que pide revivir el acto legislativo que creaba las 16 sillas en el Congreso. Para el exfuncionario, la Cámara de Representantes dio su bendición cuando 50 congresistas votaron en favor de la iniciativa. El proyecto de fallo lo tiene el magistrado Roberto Serrato y todo indica que después del espaldarazo de sus compañeros, será el primer tema del orden del día en enero. A través de un auto firmado por cuatro magistrados se aprobó darle prelación a la decisión, dado que se abordan asuntos de “importancia jurídica inusitada”. En contexto:
“Se deberá abordar lo relativo a la naturaleza del acto objeto de control, la posibilidad de que el mismo sea enjuiciado en esta jurisdicción, el desconocimiento de las disposiciones de orden constitucional y legal que permiten la aprobación de proyectos de actos legislativos, la aplicación del principio de rigidez constitucional y la interpretación del reglamento del Congreso”, indica la Sección Primera del Consejo de Estado. Rivera demandó al congresista conservador Efraín Cepeda Sarabia, quien ejercía como presidente del Senado cuando naufragó la iniciativa por tecnicismos de trámite. El exministro acudió al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para anular el acto administrativo verbal que Cepeda profirió el 6 de diciembre de 2017, cuando se negó a remitir el proyecto que reformaba la Constitución para crear las curules entre los periodos 2018-2022 y 2022-2026. El presidente del Senado sepultó el acto legislativo pues estableció que los 50 votos que obtuvo no eran suficientes para quedar aprobado; para él, se requería de una mayoría absoluta de 52. Las matemáticas fueron criticadas por el gobierno de Santos y los impulsores del proceso de paz, teniendo en cuenta que para el momento de la votación había cuatro senadores en la cárcel: Bernardo ‘Ñoño’ Elías, Musa Besaile, Álvaro Ashton y Martín Morales. En consecuencia, consideran que el quórum decisorio debía ajustarse a 98, y si la mayoría se alcanza con la mitad más uno quería decir que la votación necesaria para dar luz verde fueron los 50 votos que consiguieron los congresistas. Desde este hecho ocurrido a finales de 2017, la Corte Constitucional viene decantando la discusión. En dos decisiones -la de la Ley Estatutaria de la JEP y el pronunciamiento alrededor de las objeciones presidenciales- los magistrados llegaron a la conclusión de que debía restarse del quórum decisorio el número de senadores suspendidos por razones judiciales o que estuvieran impedidos.En contexto:
Si de la votación en la Cámara de Representantes se trata, la decisión que puede tomar el Consejo de Estado está prácticamente cantada. No obstante, el debate tiene varias áreas minadas como: ¿el Consejo de Estado puede resolver una demanda de nulidad sobre un acto administrativo que fue verbal?, ¿si reviviera el acto legislativo aplicaría para qué periodos congresionales?, ¿las curules de las víctimas se crearían de inmediato o no, y por cuántas legislaturas? A menos de que surjan nuevos recursos al trámite, el Consejo de Estado tiene la intención de hacer de esta su primera decisión del año. Y una vez proferida, por lo menos en los temas fundamentales, le ganaría la carrera a otros trámites que vienen en curso: una acción de tutela ante la Corte Constitucional y una iniciativa del Gobierno Duque de crear las curules vía Congreso. El senador Roy Barreras formuló una tutela para tratar de revivir las curules de forma expedita. El congresista presentó el recurso ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Argumentó que el Senado les vulneró a las víctimas el derecho a la igualdad, a participar en política y al debido proceso. Aunque la tutela resultó negada en primera y segunda instancia, la Corte Constitucional la seleccionó para su revisión. Una subsala integrada por los magistrados Diana Fajardo y Alejandro Linares la terminó seleccionando y el reparto le correspondió al mismo Linares. Por el lado del Gobierno, el primer mandatario se lanzó con una propuesta esta semana que creó controversia. Duque anunció su intención de usar la vía parlamentaria para que estos 16 escaños sean cedidos por los actuales partidos políticos en el Capitolio. “Óigase bien, que eso también se pueda hacer sin generar más espacio, más costo presupuestal, y que haya generosidad y grandeza de todas las fuerzas políticas, para que esos espacios se brinden no generando más curules, sino que sea de la propia representación existente, pero garantizando esa participación amplia”, dijo Duque, el fin de semana, durante el Taller Construyendo País, en Mompox (Bolívar). El presidente manifestó que es partidario de esta fórmula para que las verdaderas víctimas tengan una representación política. De inmediato, los sectores que apoyan el proceso de paz rechazaron la propuesta del presidente cuestionando que sea el propio Gobierno el que escoja quiénes son verdaderas víctimas y quiénes no. Los propósitos del Gobierno van atrás de un trámite judicial que está por resolverse. Y por mucho que madrugue el presidente, será el fallo del Consejo de Estado el que resuelva si debe sancionar lo que fue votado hace dos años o no.