El fiscal Daniel Hernández solamente atinó a esbozar una pequeña sonrisa de satisfacción cuando conoció la decisión del magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que se abstuvo de dictarle medida de aseguramiento.
Hernández, catalogado como el fiscal estrella del caso Odebrecht en Colombia, fue vinculado a un proceso penal por supuestamente entorpecer las órdenes de captura en contra de varios de los directivos de la multinacional brasileña en el país, así como de presionar a uno de los principales testigos, el exsenador Otto Bula, para que limitara su colaboración.
Pese a la extensa argumentación de la Fiscalía General, el magistrado consideró que no se pudo evidenciar que, estando en libertad, el fiscal Hernández representara un peligro para la sociedad o el desarrollo de los procesos que tiene a su cargo que, valga decir, son algunos de los más importantes y mediáticos en la actualidad.
Frente a la declaración rendida por Otto Bula –quien cumplió cinco años de cárcel por participar en el entramado de sobornos para beneficiar a Odebrecht- el magistrado consideró que su versión presenta varias contradicciones y deja grandes vacíos para poder inferir que fue víctima de una “presión” por parte de Hernández para que no declarara en contra del exfiscal General, Néstor Humberto Martínez y el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo.
Para el magistrado, “contrario a la interpretación y alcance que le otorga la Fiscalía” a lo mencionado por Bula, y “catalogarla, sin más, como una manifestación de amenaza” que doblegaría la voluntad del exsenador para que no rinda declaración en el citado caso, “lo cierto es que no es factible, por ahora, decir que la misma es constitutiva de impedir que testifique o que lo haga de una manera, faltando a la verdad”.
Es decir, no se puede inferir que el fiscal haya emitido alguna instrucción directa para que se tergiversara su versión. “Se observa que en la entrevista rendida el 5 de octubre de 2022, la supuesta víctima manifestó que ‘sintió’ que ‘el comentario’ recibido constituía una ‘intimidación’, sin embargo, no se demostró que las expresiones utilizadas hayan inspirado en el receptor un sentimiento de miedo o angustia”.
Para sustentar su dicho, el magistrado sostuvo que existe otra evidencia que demuestra que un día después del encuentro en el que supuestamente se presentó la amenaza, el fiscal Hernández habló con Otto Bula vía WhatsApp, siendo el excongresista el que lo contactó “para obtener una certificación, utilizando expresiones y palabras afectuosas, incluso le indicó el lugar donde se encontraría, circunstancias que no se esperaría de quien ha sido amedrantado y teme por su seguridad”.
Lo puesto de presente por la Fiscalía para advertir el riesgo que representaba Hernández se quedó en una especulación, puesto que nunca se evidenció la amenaza concreta a Otto Bula. Recordó que la amenaza debe estar dirigida a “doblegar la voluntad” de la persona que la recibe, la cual se agrava si el que la emite tasa las consecuencias de no hacer lo que se le pide. En ningún momento esto quedó representado.
“La manifestación (de Hernández) no tiene el grado de fortaleza para intimidar, tanto que el comentario realizado pudo provenir de cualquier persona”, precisó el magistrado. “En realidad no existe un interés del fiscal para que no declarara o no entregara información que no tenían relación con Hernández”.
Teniendo en cuenta que Bula fue uno de los primeros involucrados en este escándalo de corrupción y firmó un preacuerdo para esclarecer estos hechos, es cuestionable el hecho que se esté acordando de situaciones y hechos cinco años después de fijar su línea de colaboración.
“No se entiende cómo después de transcurridos varios años siga brindando información del caso Odebrecht y vinculando a posibles cómplices y autores cuando debió haber hecho lo propio en el primer momento en el que fue llamado ante la justicia, teniendo en cuenta que con el pasar del tiempo resulta más difícil rememorar los pormenores de corrupción que alarma a todo un país”, aclaró.
Por estos motivos, se abstuvo de dictarle cualquier medida de aseguramiento al fiscal Hernández.