Daniel Mendoza, conocido por ser el autor de la serie Matarife, acaba de perder una nueva batalla judicial en medio del lío por la publicación de su libro El diablo es Dios, en el que hace señalamientos contra miembros del club El Nogal, del que fue expulsado. Mendoza, como respuesta, presentó una tutela y la Corte Suprema de Justicia ordenó en un plazo de 20 días revisar el pleito. La decisión final es que la libertad de expresión tiene un límite, y se mantiene la expulsión de Mendoza del prestigioso club.
Mendoza ha venido dando toda una pelea y, de hecho, pidió dejar sin efecto la sanción de destitución impuesta en su contra por la junta directiva de la corporación demandada, en este caso, el club El Nogal, en sesiones del 1.° y 6 de febrero de 2017, confirmada el 15 de febrero del mismo año. Al autor de Matarife le “llovieron” críticas por sus comentarios sobre el club, al punto que fue expulsado.
La Corte Suprema le ordenó hace más de un mes al club El Nogal revisar la expulsión de esa corporación contra el periodista y escritor, por haber realizado señalamientos de presunta corrupción al interior de El Nogal, algo que para la corporación fue una especie de ataque directo a su prestigio.
En esta nueva ocasión, el pronunciamiento lo hizo la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá al resolver una apelación que, como contexto, relata que se había ordenado realizar un “acto de reconocimiento de responsabilidad por la vulneración de sus derechos fundamentales en las instalaciones del club, previa convocatoria a todos los socios, así como su divulgación y la de la parte resolutiva de la sentencia que se profiriera, en un lugar visible y por los canales internos de comunicación de la corporación”.
Además, condenarla a pagar “los perjuicios de todo orden que padeció por razón de la destitución como asociado, tanto patrimoniales como extrapatrimoniales, los que fueron estimados bajo juramento, incluso los causados a sus garantías supralegales, previniéndose al Club que no vuelva a adelantar “investigaciones disciplinarias, persecución o cualquier otro tipo de hostigamientos” contra el accionante por hacer uso de sus derechos fundamentales”.
Cuenta el tribunal que Daniel Mendoza, socio del club desde hace más de 16 años, “calidad que le fue retirada mediante las decisiones objeto de impugnación en el proceso, adoptadas a raíz de algunas de sus publicaciones, en que hizo denuncias contra los miembros de la junta directiva del club, las que motivaron la “apertura a la investigación y formulación de pliego de cargos” por parte de dicho órgano, el 6 de diciembre de 2016, y su posterior destitución por las sobredichas determinaciones”.
Daniel Mendoza argumentaba en la batalla que los clubes sociales no son hoy lo que alguna vez fueron, “un foro privado donde todo valía, donde a las autoridades públicas les estaba vedado acceder en defensa de las minorías, donde nadie podía intervenir para contrarrestar la arbitrariedad de sus integrantes y directivos; los derechos fundamentales también tienen eficacia en ese entorno, por lo que no es válido invocar la autonomía de la voluntad o el fuero interno de las personas jurídicas para excusar el irrespeto de los derechos y libertades individuales”.
En otras palabras, consideraba arbitraria su expulsión. Pero en este pronunciamiento que se conoció por parte de SEMANA, queda claro que Daniel Mendoza es una persona conocedora no solo de los derechos que le asisten, en cada uno de sus roles (abogado, escritor, periodista y, en su momento como miembro del club El Nogal), sino de los deberes que también estaba llamado a asumir, especialmente y, para el caso en concreto, como miembro de la demandada, entre ellas la de no realizar “escritos ofensivos contra el club, sus socios o usuarios o cualquier otra falta grave de conducta, a juicio de la junta directiva”.
Es decir, el Tribunal no le dio la razón. Incluso, el jalón de orejas va más allá: “Esas prohibiciones en modo alguno pueden considerarse como un obstáculo del derecho a la libertad de expresión de Mendoza Leal”. Y agrega que conociendo las opiniones de Mendoza en diversos escenarios, no puede restárseles el daño y el impacto que generan sobre las personas así calificadas, máxime cuando como ya fue dicho, provienen de “quien conoce de leyes y goza de un reconocimiento público”.
El documento con el sustento de la decisión del Tribunal señala que Mendoza, además de ser abogado en el área penal, asesorar y defender políticos especialmente de izquierda, por cuyo ejercicio cuenta con el agradecimiento y aprecio de sus clientes, quienes no obstante sus tatuajes y el escándalo mediático que han generado sus escritos, “lo respaldan y confían en él; así, la editorial Planeta publicó su libro de literatura urbana ‘El diablo es Dios’”.