Todo indica que luego de que Daniel Quintero fuera suspendido por la Procuraduría de la Alcaldía de Medellín, por su participación en política en medio de la campaña presidencial, este sigue de cerca el trabajo que se viene haciendo por parte de los funcionarios públicos.

Quintero, por medio de su perfil oficial de Twitter, aseguró que ante la situación que vive el Metro de Medellín por cuenta de las lluvias que caen sobre la capital de Antioquia, está pendiente y da recomendaciones para que la problemática se solucione.

“Si bien no puedo estar al frente de la crisis climática que vive la ciudad por la suspensión injusta e ilegal del Gobierno nacional, vengo dando recomendaciones 24/7 para resolver la zona afectada del Metro y atender las calamidades que están dejando las lluvias. No descansamos”, escribió Quintero.

Además, le hizo un llamado al próximo presidente de los colombianos, que se conocerá el domingo 19 de junio. “Medellín es la ciudad más grande del país establecida entre montañas. Será la más afectada por el cambio climático y sus lluvias. Pediré al próximo Gobierno nacional un fondo especial de inversión y un estatuto especial que permita preparar a la ciudad para los próximos 50 años”, agregó el mandatario suspendido.

Quintero, aunque no puede tomar decisiones, sí está pendiente de las acciones que ejecuta Jennifer Andree Uribe, alcaldesa encargada de Medellín, quien seguirá en su cargo luego que el Consejo de Estado negara la petición de suspender provisionalmente su designación. El máximo tribunal de lo contencioso-administrativo continuará con el estudio de fondo de una acción de tutela en contra de su nombramiento.

Esto porque en una acción judicial, Andrés Felipe Rodríguez Puerta, el demandante, manifestó que la designación de Uribe Montoya ―quien es la secretaria de Salud de Medellín― afectaba los derechos fundamentales al debido proceso y a la participación.

Además, solicitó que se suspendiera el acto de designación hecho por el presidente Iván Duque mientras se resolvía de fondo su demanda. De no hacerlo ―advirtió― se le causaría un perjuicio imposible de remediar.

El Consejo de Estado negó la petición al indicar que no se demuestra que el tiempo que se tomó la sala en resolver de fondo el tema generó una violación a los derechos fundamentales. “De hecho, tampoco existe un principio de certeza acerca de la vulneración de los derechos cuya protección reclama la parte actora”, precisa uno de los apartes del fallo con ponencia de la magistrada María Adriana Marín.

En el análisis jurídico también se advierte que “para determinar la violación de los derechos al debido proceso y la participación ciudadana de Andrés Felipe Rodríguez Puerta, será necesario un estudio de fondo, detallado e integral de la situación particular que se expuso de la solicitud de amparo, el cual se realizará en la sentencia, una vez que se cuente con elementos de juicio suficientes, eso sí, previa verificación del cumplimiento de los presupuestos procesales y los requisitos generales de procedencia exigidos por la jurisprudencia”.

La Sala precisó que, de acuerdo con el escenario expuesto en el escrito de la demanda, solo al momento de emitir el fallo será posible obtener certeza sobre las presuntas violaciones a los derechos fundamentales que alega la parte actora.